Pedro Sánchez dedicó su intervención ante la ejecutiva federal del PSOE a construir un relato ofensivo frente a la acumulación de causas judiciales que afectan al partido. El presidente subrayó la «colaboración total» de los socialistas con la justicia, denunció las «diferentes velocidades» de los procedimientos y puso como contraste los casos pendientes contra el Partido Popular. María Jesús Montero reapareció en Ferraz por primera vez desde su derrota en Andalucía.
Pedro Sánchez presidió ayer la reunión de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la sede de la calle de Ferraz con un objetivo preciso: dar munición a los suyos para salir a la ofensiva en un momento de intensa presión política y judicial. La convocatoria se produjo tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y la revelación de una presunta trama urdida por el exdiputado Santos Cerdán que, según las investigaciones en curso, habría buscado desprestigiar causas abiertas contra dirigentes socialistas. El ministro de Fomento, Óscar Puente, había denunciado días antes una conspiración para derribar al Ejecutivo con «métodos no democráticos».
En la reunión a puerta cerrada, Sánchez no se limitó a defender al partido: contrastó la situación del PSOE con la del Partido Popular (PP) durante el caso Gürtel. Recordó que Mariano Rajoy respondió en 2009 a la apertura de aquella investigación con la afirmación de que era «una trama contra el PP», mientras que los socialistas, subrayó, han mantenido una actitud de «colaboración total» con los tribunales. El presidente también puso como ejemplo el archivo de la denuncia de Begoña Gómez contra el activista ultraderechista Vito Quiles por presunto acoso, resuelta sin que el juez tomara declaración a la denunciante en menos de un mes.
La tesis de la doble vara de medir
La portavoz de la ejecutiva socialista, Montse Mínguez, desarrolló ante los medios el argumento central que Sánchez había desplegado en el interior de Ferraz. La dirigente denunció «una doble vara de medir» de la justicia e involucró en esa valoración a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «¿Qué ven los ciudadanos? Que Begoña Gómez tiene dos informes de la UCO y llevamos un año esperando el del novio de [Isabel Díaz] Ayuso», afirmó Mínguez. Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, aguarda juicio por un supuesto fraude fiscal de 350.910 euros en un proceso abierto en 2022. El Partido Popular no respondió públicamente a las acusaciones de la portavoz socialista.
La tesis de la asimetría procesal no se agotó en ese ejemplo. Mínguez enumeró otros contrastes que, a juicio del PSOE, ilustran el mismo patrón: Zapatero fue citado a declarar en quince días, mientras que el exministro Cristóbal Montoro, imputado desde hace más de un año, todavía no ha prestado declaración. El juicio al hermano del presidente, David Sánchez, convive, según la misma argumentación, con una causa «idéntica» que afecta a la hermana del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sin que ese segundo proceso haya avanzado al mismo ritmo. Ni el poder judicial ni el PP respondieron a estas comparaciones en las horas posteriores a la rueda de prensa.
Zapatero, Montoro y el novio de Ayuso
El catálogo de agravios comparativos que la ejecutiva socialista construyó ayer tiene una función política clara: trasladar al electorado la idea de que las causas que afectan al PSOE avanzan con una celeridad que no se aplica a las que involucran a dirigentes del PP. Sánchez presentó ante su cúpula las «diferentes velocidades» de los procedimientos como algo que «llama la atención», según los asistentes a la reunión. El presidente también recordó que el PP «es el único partido condenado por corrupción», en referencia a la sentencia firme del caso Gürtel, que en 2018 acreditó una caja b paralela en la formación conservadora durante décadas.
El argumento tiene un recorrido previo: el PSOE lo empleó con eficacia en las elecciones legislativas de 2023, cuando la movilización del electorado progresista ante el avance de la ultraderecha y la memoria del PP en el Gobierno resultaron determinantes para la victoria de Sánchez. La diferencia con aquel contexto es que ahora el partido afronta sus propias causas abiertas, lo que obliga a los socialistas a operar en dos planos simultáneos: responder a las acusaciones concretas y, al mismo tiempo, proyectar la imagen de un partido que es objeto de una ofensiva judicial coordinada.
Montero regresa y la legislatura sigue
La reunión de ayer tuvo también un valor simbólico en clave interna. María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y candidata en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, reapareció en la ejecutiva federal por primera vez desde mediados de marzo. Fue la noche del 17 de mayo cuando Montero firmó el peor resultado del socialismo en Andalucía desde la recuperación de la democracia; en las dos semanas posteriores no tuvo agenda pública. Su regreso a Ferraz coincidió con un llamamiento a ser «didácticos» con la labor del Gobierno, en línea con la consigna que Sánchez transmitió a toda la dirección: hacer «pedagogía» y multiplicar la presencia territorial.
El presidente se mostró ante su ejecutiva, según los asistentes consultados, «animado y decidido a completar la legislatura». La continuidad del Gobierno no está garantizada en términos aritméticos: socios como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Junts per Catalunya y Podemos han manifestado que la legislatura está agotada, aunque todos rechazan apoyar una moción de censura del PP. En ese contexto, Sánchez encargó a su dirección dos tareas concretas: explicar la acción del Gobierno y transmitir a las federaciones territoriales una señal de estabilidad que contrarreste el malestar acumulado entre alcaldes y dirigentes autonómicos ante la perspectiva de elecciones generales anticipadas.
