El Partido Popular y Vox ultiman un acuerdo de coalición en Castilla y León que incluye el principio de «prioridad nacional», la cláusula que establece la preferencia de los ciudadanos españoles sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas y prestaciones públicas. Será el cuarto gobierno autonómico en el que la ultraderecha logra incorporar ese principio en pocas semanas, tras Extremadura, Aragón y la Comunidad Valenciana.
El Partido Popular (PP) y Vox están a punto de cerrar su tercer acuerdo de coalición autonómica en lo que va de año. Tras los pactos alcanzados en Extremadura y Aragón, dirigentes de Génova viajaron la semana pasada a Castilla y León para acotar los últimos flecos del texto, que permitirá a Alfonso Fernández Mañueco acceder por tercera vez a la presidencia de la Junta. Las elecciones del 15 de marzo dieron al PP 33 procuradores y a Vox 14, la única suma viable para la gobernabilidad ante la ausencia de mayorías absolutas. «Será en breve», aseguran fuentes de la dirección nacional de Vox conocedoras de las negociaciones.
El pacto se ha demorado por dos factores. El primero fue la celebración de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, que llevó a ambos partidos a posponer el anuncio para no condicionar esa campaña. El segundo fue la eclosión del caso Plus Ultra y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya declaración judicial ha quedado fijada para el 17 y 18 de junio. Con ese calendario despejado, fuentes de ambas formaciones coinciden en que el texto está «muy avanzado» y el anuncio podría producirse en los próximos días. El portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, lo deslizó ya el jueves: «Yo creo que sí que va a haber pacto», sostuvo ante los medios.
La «prioridad nacional» como denominador común
El elemento que vertebra los cuatro acuerdos que el PP ha alcanzado o está a punto de cerrar con Vox es siempre el mismo: el principio de «prioridad nacional», una cláusula que establece la preferencia de los ciudadanos españoles sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas y prestaciones públicas financiadas con fondos autonómicos. La formación de Santiago Abascal lo ha introducido en Extremadura, Aragón y, el martes de la semana pasada, en la Comunidad Valenciana, donde Vox respaldará los Presupuestos de la Generalitat a cambio de su incorporación al acuerdo de gobierno. «La prioridad nacional se ha revalidado en las urnas», alegan fuentes del gabinete de Alberto Núñez Feijóo.
El texto de Castilla y León sigue de cerca el modelo extremeño, que abrió el camino y ha funcionado como plantilla para los pactos posteriores. Las diferencias entre comunidades responden a particularidades demográficas, geográficas e institucionales, pero el esquema político es idéntico: coalición formal, reparto de cargos y asunción por parte del PP de una agenda de la ultraderecha que incluye explícitamente un criterio de acceso a recursos públicos basado en el origen nacional. Mañueco se convertiría así en el único presidente regional que habrá gobernado dos veces en coalición con Vox, tras el precedente de 2022 que lo convirtió en el primer gobernante europeo en aliarse con la extrema derecha.
Andalucía, la excepción incómoda
El mapa de pactos autonómicos tiene una anomalía que incomoda a Génova: Andalucía. Juan Manuel Moreno ganó las elecciones del 17 de mayo pero perdió la mayoría absoluta que había sostenido su gobierno en solitario, lo que le obligará a negociar con Vox para ser investido. Sin embargo, el presidente andaluz se ha resistido hasta ahora a asumir el principio de «prioridad nacional», al que llegó a calificar en campaña de «eslogan vacío», defendiendo en su lugar una «apuesta integradora» de la inmigración. Esa posición ya resultó llamativa cuando Extremadura y Aragón firmaron sus pactos antes del 17M: Moreno concurrió a las urnas con los acuerdos de sus compañeros de partido ya suscritos y visibles.
La tensión entre el discurso de Moreno y la práctica del PP en otras comunidades quedó en evidencia la semana pasada cuando el pleno del Ayuntamiento de Sevilla rechazó una moción de Vox sobre la «prioridad nacional» con el voto en contra del propio PP, que gobierna el consistorio en minoría y necesita a los ultraderechistas para sacar adelante los Presupuestos municipales. Moreno todavía no ha iniciado contactos formales con Vox tras el 17M. La contradicción entre su posición pública y la línea que marca Génova en el resto de España es uno de los principales escollos para cerrar un acuerdo en la comunidad más poblada del país.
Presupuestos prorrogados y vacío institucional
El retraso en la formación de gobierno en Castilla y León tiene un coste institucional que la oposición no ha dejado de subrayar. Los Presupuestos de la comunidad llevan prorrogados desde 2024, y la Junta lleva en funciones desde el 20 de enero, el periodo más largo en esa situación en las doce legislaturas de la comunidad autónoma. «No hay dirección política, es una anomalía democrática», censura el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Castilla y León, Luis Tudanca. «El tiempo pasa y seguimos sin Presupuestos, va para medio año sin control parlamentario», añade. La consultora política Elisa Ruiz, con experiencia en las Cortes autonómicas, señala que este es «el periodo más largo sin presidente» desde la fundación de la comunidad.
El primer paso institucional hacia la investidura se dio el 14 de abril, cuando se constituyeron las Cortes de Castilla y León con Francisco Vázquez (PP) en la presidencia y Carlos Menéndez (Vox) al frente de la vicepresidencia. Ambas formaciones publicaron entonces un comunicado conjunto en el que defendían «la voluntad de entendimiento» y la necesidad de un gobierno «útil y eficaz». El texto del acuerdo que ahora se ultima retoma ese espíritu, aunque su contenido real —el principio que otorga preferencia a los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a recursos públicos— es lo que determina el carácter político del pacto que está a punto de consumarse.
