El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, presidió una reunión de alto nivel con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Cepyme, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores para evaluar el efecto del paquete anticrisis aprobado en marzo y estudiar su extensión más allá del 30 de junio. El Gobierno no ha tomado ninguna decisión y se da varias semanas de margen. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió mantener el IVA reducido de la electricidad y subir los salarios.
El Gobierno y los agentes sociales abrieron ayer la puerta a prorrogar las medidas anticrisis más allá del 30 de junio ante el escenario de fuerte incertidumbre global y los efectos del conflicto en Oriente Próximo sobre los mercados energéticos. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presidió en la sede de su ministerio una reunión de alto nivel a la que asistieron también la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz. Por parte de los interlocutores sociales participaron el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel; y los secretarios generales de Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), Unai Sordo y Pepe Álvarez.
El encuentro tuvo como objetivo evaluar cómo han funcionado las ayudas aprobadas en marzo y calibrar si es necesario mantenerlas o adaptarlas durante los próximos meses. La intención que maneja el Ejecutivo, según fuentes conocedoras de la reunión, pasa por mantener un esquema similar al actual con medidas temporales y revisables trimestre a trimestre para adaptarse a la evolución del conflicto y de la inflación. No obstante, el Gobierno subrayó que todavía no hay nada decidido y que se dará varias semanas para monitorizar la situación antes de adoptar decisiones.
IVA de la luz, salarios y alquiler
Las posiciones de cada uno de los actores en la mesa reflejan prioridades distintas. El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, reclamó en la reunión que se mantenga el tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la luz en el 10%, una medida prevista para caducar el 1 de junio, cuando volvería al 21%. «El precio del gas ha cotizado al alza en lo que llevamos del mes de mayo y consideramos que el tipo reducido del IVA debería mantenerse en el caso de que los precios evolucionen al alza en los próximos meses», indicó el departamento de Díaz. La vicepresidenta segunda también instó a los empresarios a subir los salarios y reclamó un nuevo decreto-ley que incluya la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, una medida que ya decayó en el Congreso a finales de abril por el voto contrario de la mayoría de derechas.
Los empresarios reclamaron el mantenimiento en su integridad de las medidas en vigor y apuntaron a la complejidad del escenario aunque se firme un acuerdo de paz con Irán. Cepyme advirtió de que «aunque EE UU e Irán alcancen un acuerdo de paz en los próximos días, la normalización de los precios de la energía llevará su tiempo y cabe esperar que la incertidumbre de fondo persista en Oriente Medio». Los sindicatos distribuyeron un comunicado conjunto en el que, además de respaldar el mantenimiento de las ayudas energéticas, reclamaron medidas específicas para paliar el encarecimiento de la vivienda, incluyendo la prórroga de alquileres que cayó en abril. CC OO y UGT también señalaron la falta de voluntad de las patronales para alcanzar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), caducado desde el inicio del año.
Sin las ayudas, la inflación de carburantes habría llegado al 29%
Cuerpo defendió en la reunión la eficacia del paquete de medidas puesto en marcha el 20 de marzo. Según las estimaciones del Ministerio de Economía, sin el plan de respuesta la inflación de los carburantes habría alcanzado el 28,9% en abril; las ayudas consiguieron moderar esa cifra en más de dieciséis puntos porcentuales y redujeron cerca de un punto la inflación general. El dato definitivo del IPC de abril situó la inflación en el 3,2%, lo que llevó al Gobierno a comenzar a retirar parte de las medidas. El Ejecutivo sigue monitorizando la evolución de los precios para decidir si es necesario recuperar algunos de esos descuentos antes de que el paquete caduque el 30 de junio.
El plan incluye rebajas fiscales sobre la electricidad, el gas y los carburantes, además de ayudas directas para sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético. Parte de esas medidas ya comenzaron a retirarse tras el IPC de abril. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calificó la crisis actual como la mayor de la historia en el sector energético, aunque la perspectiva de un acuerdo entre Washington y Teherán ha llevado a los inversores a descontar una mejora: Wall Street ha alcanzado máximos históricos en plena guerra, confiado en que retomar las hostilidades no conviene a ninguna de las dos partes.
Tregua frágil en Irán y elecciones de mitad de mandato en EE.UU.
El acercamiento de posturas entre Washington y Teherán llega cuando ambos empiezan a sufrir con intensidad las consecuencias del conflicto. Irán acusa la asfixia de no poder exportar su petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz impuesto por la Administración Trump. Estados Unidos, por su parte, ve cómo la gasolina se paga a más de 4,5 dólares el galón, el nivel más alto desde 2022 y un 50% por encima del precio previo al inicio de la guerra, con las elecciones legislativas de mitad de mandato fijadas para noviembre en las que Trump se juega el control de las cámaras.
La AIE coordina la liberación de reservas de emergencia entre las grandes economías: los 400 millones de barriles acordados en marzo avanzan a buen ritmo, con 74 millones ya en el mercado procedentes de los colchones obligatorios de la industria y 90 más de reservas gubernamentales liberados este mes. La previsión es liberar al menos 210 millones de barriles adicionales hasta finales de julio. Pese a ello, el mercado seguirá «gravemente subabastecido» hasta octubre incluso si el conflicto termina el próximo mes, según la agencia. Roberto Scholtes, director de estrategia de Singular Bank, advirtió del riesgo de que se concrete el viejo refrán bursátil: «Comprar con el rumor, vender con la noticia».
