Pedro Sánchez publicó en 2019 un libro titulado Manual de resistencia, escrito junto a la periodista Irene Lozano, en el que narraba su trayectoria desde la derrota interna de 2016 —cuando la cúpula de su propio partido lo forzó a dimitir como líder— hasta la moción de censura que lo llevó a la presidencia del Gobierno en 2018. El volumen era una reivindicación del aguante como virtud política: la idea de que perseverar ante la adversidad era en sí mismo un programa. En junio de 2026, con siete causas judiciales abiertas que afectan al presidente, a su entorno familiar, a dos de sus secretarios de organización y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez invoca ese mismo manual. La resistencia, sin embargo, tiene un coste acumulativo que el libro no contemplaba. No es lo mismo capear una crisis que encajar varias superpuestas sin margen de recuperación entre ellas.
En el Congreso de los Diputados ningún partido tiene mayoría por sí solo desde 2015. Sánchez gobierna en coalición con Sumar —la plataforma de izquierda que ocupa la vicepresidencia segunda y varios ministerios— y depende del apoyo externo de formaciones regionalistas para aprobar cualquier iniciativa. Son determinantes el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya, la formación de Carles Puigdemont, que lleva años en el exilio pendiente de regresar. Esta geometría parlamentaria, que en 2023 hizo posible la investidura de Sánchez, es la misma que hoy impide su derribo. Una moción de censura necesitaría el apoyo de esos mismos partidos, y ninguno está por la labor. El PNV cogobierna con los socialistas en el País Vasco y no tiene incentivos para romper esa alianza. Junts condiciona cualquier movimiento al retorno de Puigdemont, cuya vuelta a España es precisamente lo que el Partido Popular y Vox bloquean. Sin ambos, no hay margen aritmético. El bloqueo es estructural.
El primer escenario, y el que el Gobierno trabaja activamente, es la continuidad. La apuesta consiste en llegar al verano con el frente judicial estabilizado, dejar que Zapatero declare ante el juez y confiar en que el paréntesis estival amortigüe el impacto político antes de un septiembre en el que Sánchez prevé recuperar iniciativa. La instrucción en el PSOE es poner pie en pared y volcar el argumento hacia la gestión económica. Ocho años de crecimiento sostenido, récord histórico de afiliaciones a la Seguridad Social y liderazgo europeo son argumentos reales. El Ejecutivo ha añadido a ese relato la denuncia de una operación de derribo por medios no democráticos. El politólogo Fernando Vallespín considera este recurso como la forma de defensa más peligrosa en democracia porque cuestionar la integridad del control judicial en su conjunto socava el mismo sistema que el Gobierno dice defender, si bien comparte con otras teorías conspirativas la virtud de ser prácticamente irrefutable desde dentro.
Un segundo escenario es el adelanto electoral voluntario. Sánchez podría convocar elecciones antes del plazo previsto —el mandato concluye en junio de 2027— si calcula que el coste de esperar supera al de adelantarse. En 2011, el PSOE adelantó los comicios para limitar el daño de la crisis financiera y obtuvo el peor resultado de su historia, entregando la mayoría absoluta al PP. Convocar ahora implicaría que Sánchez asume la propiedad simbólica de la derrota antes de que sea inevitable. Hay además un obstáculo interno. Sumar, socio de gobierno y competidor directo del PSOE por el voto de izquierda, ya ha comenzado a tomar distancia. El coordinador federal de Izquierda Unida —formación integrada en Sumar con presencia en el Consejo de Ministros— ha cuestionado públicamente que las causas judiciales contra los socialistas sean una persecución política orquestada, negándose a sostener el argumento con el que Sánchez pretende cohesionar a su base. Es la señal de que, en caso de elecciones, cada partido irá a lo suyo.
El tercer escenario es el colapso no controlado, el único que no depende directamente de la voluntad del presidente. Ocurriría si los socios parlamentarios cruzaran su línea roja. Esa línea, según todas las señales emitidas, es la financiación ilegal del PSOE como organización. Si la justicia imputara a los socialistas por tal motivo, el mismo argumento que tumbó a Mariano Rajoy en la moción de censura de 2018 quedaría disponible para los aliados de Sánchez. Esquerra Republicana de Catalunya ha matizado que necesitaría una sentencia firme, no una imputación. El PNV y Junts reclaman elecciones, pero rechazan la moción, porque saben que abrir la puerta a un gobierno de coalición entre la derecha y la ultraderecha los hundiría ante sus propios electorados. El colapso no controlado requiere que la justicia fuerce lo que los socios no están dispuestos a activar por cálculo propio.
España lleva meses en una situación inédita en su casi medio siglo de democracia. La legislatura transcurre sin presupuestos generales desde 2023, sin mayoría operativa para aprobar iniciativas y con el núcleo del partido en el gobierno atravesado por causas judiciales de gravedad creciente. Lo paradójico es que este bloqueo no lo sostiene ningún actor en particular, sino todos simultáneamente, cada uno calculando que moverse primero resulta más gravoso que esperar. El Manual de resistencia convirtió el aguante en relato heroico y en marca personal de su autor. La otra cara de ese método es que cuando resistir sustituye a gobernar durante un período prolongado, la parálisis deja de ser una estrategia y se convierte en el único escenario disponible. Ese estado de suspensión tiene costes que ningún manual contabiliza: la erosión de la confianza institucional, la desmovilización del electorado progresista y el adelgazamiento de la capacidad del Estado para tomar decisiones en un momento en que el contexto exige precisamente lo contrario.
