Los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez en 2023 acumulan señales de distanciamiento ante la cascada de causas judiciales que rodean al Ejecutivo. Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco reclaman elecciones de forma abierta y hacen patente que el Gobierno carece de los apoyos necesarios para aprobar sus iniciativas. Las fisuras alcanzan también al bloque de la izquierda, donde la voz más crítica procede del interior de la propia coalición.
Los partidos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez en 2023 empiezan a dar señales inequívocas de fatiga. Ante la posibilidad de un final anticipado de la legislatura, ninguno quiere aparecer en la foto junto a los socialistas en el peor momento político del Ejecutivo, y la distancia prudencial se ha convertido en la postura dominante entre los aliados parlamentarios del Gobierno. La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en Madrid, Miriam Nogueras, lo resumió sin rodeos: «Nosotros no esperamos nada más que el presidente Sánchez convoque elecciones». La petición, aunque no es nueva, cobra un peso distinto después de que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) diera esta misma semana por finalizada la legislatura sin tapujos.
La confluencia de ambas posiciones tiene consecuencias aritméticas inmediatas. Sin el concurso de JxCat y el PNV, el Gobierno carece de los apoyos necesarios para aprobar sus iniciativas en el Congreso de los Diputados. La parálisis legislativa ya no es una hipótesis: es la constatación de que las mayorías que sostuvieron el Ejecutivo se han disuelto antes de que se agote formalmente el mandato. Fuentes de Sumar lo reconocen con franqueza: «Sin el apoyo de Junts y del PNV es imposible aprobar nada».
PNV y Junts dan por cerrada la legislatura
El distanciamiento de los socios de investidura responde a una lectura compartida: asociarse al Gobierno en este momento implica asumir un coste electoral que ninguna de las dos formaciones está dispuesta a pagar. Las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre el entorno político y familiar de Sánchez han acelerado ese cálculo. Ante la perspectiva de un desenlace abrupto, tanto JxCat como el PNV prefieren construir un cortafuegos que les permita presentarse ante sus electorados como actores que exigieron responsabilidades antes que como cómplices de un ciclo que se cierra con escándalos.
El caso de Junts tiene una dimensión adicional. La formación posconvergente condiciona cualquier acuerdo futuro al retorno de Carles Puigdemont a España, una circunstancia que no se ha producido y que el partido utiliza como argumento para justificar su negativa a seguir sosteniendo al Ejecutivo. El PNV, por su parte, gobierna en coalición con el Partido Socialista de Euskadi (PSE) en el País Vasco, lo que le obliga a gestionar una doble lealtad que en este momento se resuelve con la demanda de elecciones como fórmula para despejar el escenario sin romper abiertamente con los socialistas.
Las grietas en el bloque progresista
Más allá del espacio posconvergente y jeltzale, las fisuras se extienden hacia el flanco izquierdo del hemiciclo. Esquerra Republicana de Catalunya ha situado su línea roja en la financiación irregular y en una eventual sentencia condenatoria. Compromís, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Podemos registraron el jueves una petición de comparecencia del presidente del Gobierno apenas nueve minutos después de que el propio Sánchez solicitara acudir al Congreso a dar explicaciones.
La voz más significativa, sin embargo, procede del interior de la propia coalición gubernamental. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), formación integrada en Sumar con representación en el Consejo de Ministros, cuestionó directamente el relato del lawfare que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha sostenido como argumento central ante las investigaciones judiciales: «Si la casa estuviera limpia, no habría nadie que advirtiera de la suciedad del suelo», afirmó. Maíllo añadió que Sánchez debe asumir responsabilidades por haber elegido a personas «absolutamente desaconsejables» para puestos de máxima confianza, en referencia a los exsecretarios de organización del PSOE imputados Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
Sánchez contrapone gestión al «ruido» judicial
El presidente del Gobierno mantiene su postura pública sin alteraciones visibles. Desde Roma, donde se reunió esta semana con el Papa, Sánchez sostuvo que la sucesión de investigaciones abiertas «no impugna en absoluto» la acción del Ejecutivo en ocho años de mandato, y reafirmó su intención de agotar la legislatura. En Madrid, subrayó el crecimiento del salario medio en España en un 23% entre 2018 y 2024 como argumento contra lo que describe como «ruido mediático». La estrategia del Gobierno consiste en desplazar el foco hacia la gestión y en girar la narrativa hacia las presuntas filtraciones que, según la dirección del PSOE, benefician al Partido Popular (PP).
El ministro de Hacienda, Arcadi España, apuntó a esas filtraciones como prueba de que Feijóo y otros dirigentes del PP se han «adelantado a operaciones en un ámbito judicial reservado». El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, combinó la denuncia de una «operación de las fuerzas más reaccionarias para destruir el Gobierno» con una exigencia interna: «Eso no puede ser una excusa para que el PSOE no adopte las reformas y decisiones que tiene que tomar». Las explicaciones de Sánchez ante el Congreso tendrán que esperar hasta finales de junio, con el 24 de ese mes como fecha más probable, una vez que el expresidente Zapatero haya comparecido ante el juez del caso Plus Ultra y el escenario político tenga mayor perspectiva.
