La acumulación de investigaciones judiciales que afectan al entorno directo de Pedro Sánchez, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ahora a la sede central del Partido Socialista Obrero Español ha desatado una respuesta defensiva del Gobierno que apunta a un complot orquestado para tumbar al Ejecutivo. El presidente ha solicitado comparecer ante el pleno del Congreso, mientras una voz disidente dentro del partido, la del presidente de Castilla-La Mancha, vuelve a reclamar elecciones anticipadas.
El Gobierno de Pedro Sánchez afronta su mayor tormenta judicial desde el inicio de la legislatura. En el espacio de pocos días se han acumulado cuatro frentes simultáneos: las causas contra Begoña Gómez, esposa del presidente, y contra su hermano David Sánchez; la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de corrupción; y la apertura de una investigación del mismo tribunal sobre los gastos publicitarios de la campaña electoral del Partido Socialista de Catalunya (PSC) en 2024. La respuesta del Ejecutivo ha sido inmediata y combativa: el ministro de Transportes, Óscar Puente, denunció que se trata de «derribar a un gobierno, no en las urnas, sino con otras mañas».
Sánchez, que en abril de 2024 llegó a retirarse durante cinco días a meditar una posible dimisión tras la imputación de su esposa, ha optado esta vez por la ofensiva. El presidente solicitó comparecer ante el pleno del Congreso de los Diputados para, según anunció La Moncloa, «informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo». La comparecencia está prevista para después del Consejo Europeo del 18 y 19 de junio en Bruselas, una secuencia que el Ejecutivo ha diseñado para proyectar imagen de solidez institucional en el exterior antes de afrontar el debate interno.
La tesis del complot
La narrativa oficial del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) descansa sobre un argumento central: la coincidencia de tantos frentes judiciales en tan poco tiempo no es azarosa sino el resultado de una estrategia coordinada para desestabilizar al Gobierno por vías no democráticas. «No creo en las casualidades y no me chupo el dedo», afirmó Puente desde los pasillos del Congreso. El ministro de la Presidencia, Óscar López, abonó la misma tesis la víspera al señalar que «cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias», ante un calendario judicial que el Ejecutivo califica de «tremendamente sorprendente».
La tesis encuentra respaldo en un dato político concreto: el expresidente José María Aznar reactivó su perfil público esta semana con una formulación que el Gobierno interpreta como incitación: «el que pueda hacer que haga». El PSOE utiliza esa declaración para enmarcar la ofensiva judicial como parte de un proyecto político más amplio de la derecha. Puente advirtió que «hay mucha gente que ya manifiesta un absoluto hartazgo» y que quienes no están «midiendo bien» obtendrán «el efecto contrario del que pretenden». La secretaria de organización de Ferraz, Rebeca Torró, zanjó que el partido «no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna conducta delictiva».
Las grietas internas del PSOE
Pese a la posición de unidad que el aparato proyecta hacia el exterior, el PSOE no presenta un frente monolítico. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, volvió ayer a reclamar públicamente a Sánchez que plantee una cuestión de confianza o convoque elecciones anticipadas, las mismas exigencias que formuló sin éxito en el comité federal de julio de 2025, cuando el entonces secretario de organización Santos Cerdán ingresó en prisión por acusaciones de corrupción. «Hay una grandísima mayoría que piensa en el PSOE cosas muy parecidas, pero muy discretamente», advirtió Page, que calificó de «bomba de racimo» la acumulación de frentes judiciales.
La respuesta de Puente fue contundente: «Hay una profunda indignación de la militancia socialista» ante las presiones de Page y del expresidente Felipe González. El ministro avisó de que esas críticas internas pueden tener «el efecto contrario del que pretenden». El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, también salió al paso con un mensaje de confianza en la justicia y de rechazo a lo que describió como «destrucción» y «aniquilamiento del que piensa distinto»: «Nuestra fuerza no proviene de las instituciones, proviene de nuestros valores», afirmó el líder del PSC, cuya campaña electoral de 2024 es precisamente uno de los objetos de la investigación abierta en la Audiencia Nacional.
El calendario que marca el pulso
Los próximos treinta días definen la capacidad de resistencia del Gobierno. El 17 de junio, la Audiencia Nacional tiene citado a Zapatero en calidad de imputado, una jornada antes de que Sánchez presida la reunión del Consejo Europeo en Bruselas. El 27 de junio está convocado el comité federal del PSOE, el máximo órgano de decisión del partido entre congresos, donde las tensiones latentes que Page ha vocalizado tendrán que aflorar en alguna forma, aunque la amplia mayoría de los miembros del órgano sigue respaldando al secretario general.
La comparecencia en el Congreso que Sánchez ha solicitado, prevista para después del Consejo Europeo, representa una apuesta de alto riesgo: el presidente busca convertir el marco judicial en un debate político en el que pueda ejercer la iniciativa. El mecanismo es el mismo que activó en 2024 cuando transformó su amago de dimisión en un clamor de apoyo. Si la estrategia funciona, el PSOE saldrá del mes de junio cohesionado en torno a su líder. Si el comité federal del 27J amplifica las voces críticas, la situación adquirirá una dimensión cualitativamente distinta. El Gobierno juega en los dos tableros a la vez: el judicial, donde no controla los tiempos, y el político, donde todavía puede intentar marcar la agenda.
