Más de sesenta organizaciones agrupadas en torno a Europa Laica han pedido a los grupos parlamentarios que no asistan al discurso que el papa León XIV pronunciará en el Congreso de los Diputados el 8 de junio, en lo que será la primera intervención de un pontífice ante la cámara en la historia de la democracia española. La visita, declarada por el Gobierno como evento de especial interés público, costará al menos 15 millones de euros según la Conferencia Episcopal Española y ha reavivado el debate sobre la financiación pública de la Iglesia y los límites de la aconfesionalidad del Estado.
El papa León XIV llegará a España el 6 de junio en una visita oficial que concluirá en Tenerife el 12 de ese mes. El hito más polémico del programa es la sesión especial del Congreso de los Diputados prevista para el día 8, en la que el pontífice intervendrá ante los parlamentarios. Ningún papa había hablado nunca en la cámara baja española. El Gobierno declaró el martes la visita como «evento de especial interés público», una designación que permite deducciones fiscales a los patrocinadores privados que contribuyan a su financiación. La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha cifrado el coste de la visita en al menos 15 millones de euros y prevé cubrir parte del presupuesto con benefactores que abonarán hasta un millón de euros por reunirse con el pontífice.
Ante ese marco, más de sesenta colectivos han firmado un manifiesto conjunto en el que piden la derogación de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, y han enviado un escrito a todos los grupos parlamentarios para que valoren no asistir al acto. La iniciativa está encabezada por Europa Laica. De momento, solo un diputado ha respondido al llamamiento: el representante del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), que ha confirmado que no asistirá al discurso del papa y que explicará sus razones en rueda de prensa.
Una visita histórica con polémica incorporada
José Antonio Naz, presidente de Europa Laica, presentó ayer la posición de los colectivos firmantes en la sala Clara Campoamor del propio Congreso. Naz calificó la sesión especial de «crimen contra la aconfesionalidad del Estado» y consideró que la subordinación del Estado ante un jefe religioso es «casi humillante». Criticó también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevea acudir a la misa que León XIV celebrará en la Sagrada Familia de Barcelona: «Con su comportamiento va a romper, como presidente, la aconfesionalidad del Estado», afirmó.
La Constitución española de 1978 establece en su artículo 16 que ninguna confesión tendrá carácter estatal, aunque también reconoce las relaciones de cooperación con la Iglesia católica. Según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) más recientes, el 53% de la población española se define como católica, aunque Francisco Delgado, uno de los primeros firmantes del manifiesto y expresidente de Europa Laica, cifra en cinco millones el número de católicos practicantes. La CEE y el Vaticano no habían emitido respuesta pública a las críticas de los colectivos laicos en el momento de cierre de esta edición.
El dinero público y la Iglesia
Uno de los ejes del manifiesto es la financiación pública de la visita y, más en general, de la Iglesia católica en España. Delgado afirmó que el Estado destina anualmente 13.000 millones de euros a financiar a la institución eclesiástica, entre desgravaciones fiscales, educación y otras partidas, una cifra que la Iglesia y el Gobierno no han confirmado ni desmentido de forma oficial. Sergio López, portavoz de la campaña Religión fuera de la escuela, añadió otro dato de alcance más inmediato: la Comunidad de Madrid y varios ayuntamientos han cedido ochenta centros públicos para alojar a los peregrinos que lleguen a España con motivo de la visita papal, mientras esos mismos espacios acumulan necesidades de mantenimiento sin atender.
La declaración gubernamental de evento de especial interés público es el mecanismo que más controversia ha generado entre los colectivos laicos. La designación, prevista en la legislación fiscal española para conmemorar efemérides o impulsar proyectos culturales y sociales de gran envergadura, permite a los patrocinadores privados acceder a deducciones en sus declaraciones tributarias. Los colectivos firmantes consideran que aplicar esa figura a una visita de naturaleza religiosa vulnera el principio de aconfesionalidad recogido en la Constitución.
La ley de pederastia que no llega al Boletín
El tercer foco de las críticas apunta a un asunto de mayor gravedad jurídica. Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Montserrat y activista por la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia clerical, denunció que la reforma legal que ampliaría los plazos de prescripción de esos delitos ha quedado paralizada coincidiendo con la visita papal. «El ministro Bolaños, en una reunión con las víctimas, se comprometió a desbloquear la ley y el Gobierno nos dijo que para este mes de junio esto ya estaría en el Boletín Oficial del Estado», afirmó Hurtado, que añadió que al preguntar en el Ministerio de Justicia por los motivos del retraso no obtuvo una respuesta clara.
Hurtado no descartó ninguna hipótesis sobre el origen de la paralización: «No sabemos si es lo que exigió la Iglesia para firmar el acuerdo de reparación o si es para no molestar al Papa en su visita». El Ministerio de Justicia no había emitido explicación pública sobre el estado de tramitación de esa norma al cierre de esta edición. España es el país con mayor número de casos documentados de pederastia clerical del mundo, y el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que es también uno de los que menos condenas ha impuesto. La visita de León XIV al Congreso se celebrará el 8 de junio con esa ley todavía sin fecha de aprobación.
