La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias en el caso Plus Ultra ha enterrado la agenda política del Ejecutivo y estrechado su margen de maniobra para el resto de la legislatura. Los récords de empleo, la ley de inteligencia artificial y la visita del Papa han quedado eclipsados por el calendario judicial. Los socios parlamentarios aguantan, pero con una línea roja clara: la financiación ilegal del PSOE. El PP apuesta por el desgaste lento hasta 2027.
El martes pasado el Gobierno se dispuso a presentar unos datos de mercado de trabajo históricos: más de 22,3 millones de ocupados, el nivel más alto desde que existen registros. Pocas horas antes, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama había imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y otros presuntos delitos en el caso Plus Ultra. Los datos de empleo pasaron completamente desapercibidos. Esta secuencia resume con precisión el problema político que enfrenta el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el tramo final de la legislatura: la agenda judicial devora cualquier iniciativa de gobierno antes de que llegue al ciudadano.
El patrón no es nuevo, pero la imputación de Zapatero lo ha intensificado hasta un nivel que fuentes del propio Gobierno describen como inédito. Para este martes, el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar una ley de gobernanza de la inteligencia artificial, materia sobre la que el ministro Óscar López lleva meses trabajando y en la que España mantiene posiciones avanzadas dentro de la Unión Europea (UE). La probabilidad de que ese debate ocupe el espacio mediático es, según asumen en La Moncloa, prácticamente nula. «Es increíble que estemos así con la situación económica que tenemos», resume un miembro del Gobierno consultado por La Vanguardia. «En condiciones normales, Feijóo nunca le ganaría a Sánchez».
La agenda positiva que nadie vio
El Ejecutivo lleva semanas encadenando iniciativas que en otro contexto habrían dominado el debate político. Además de los datos de empleo, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros medidas para que los mayores de 65 años accedan al cine por dos euros y extendió el bono cultural de 400 euros anuales para los jóvenes. El jueves, Sánchez presentó en la base aérea de Torrejón de Ardoz la campaña de lucha contra los incendios forestales, con el compromiso de «el mayor despliegue del Estado» para este verano. Ninguna de esas iniciativas logró instalarse en la conversación pública. El caso Zapatero monopolizó el escenario político desde el momento en que se conoció la imputación.
Sánchez acudió el miércoles a la sesión de control al Congreso con el mensaje preparado: «Todo mi apoyo al presidente Zapatero», anunció. Fuentes del Ejecutivo señalan que el presidente afrontó la comparecencia más tranquilo que en otros episodios similares, porque considera que el auto del juez Calama no contiene una pistola humeante equiparable a los audios del exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Santos Cerdán o las conversaciones del exministro José Luis Ábalos. El Gobierno ha descartado el discurso del lawfare —la tesis de la persecución judicial orquestada— por considerarlo ineficaz, aunque mantiene dudas sobre las conclusiones del auto. La Moncloa confía en que Zapatero, que declarará ante el juez el próximo 2 de junio, pueda aclarar los indicios que han dado lugar a la imputación.
Los socios aguantan con condiciones
La supervivencia del Gobierno hasta las elecciones generales previstas para 2027 depende de que los socios parlamentarios mantengan su apoyo pese al deterioro del clima político. Las fuentes consultadas de las principales formaciones trasladan una posición común: hay preocupación por el caso Zapatero, pero la línea roja que ninguno quiere cruzar es la financiación ilegal del PSOE. Mientras ese extremo no se acredite, la legislatura sigue. El lehendakari Imanol Pradales lo formuló con pragmatismo la semana pasada: «Lo que me preocupa es que el Gobierno español se despiste y no cumpla los compromisos que tenemos firmados desde Euskadi».
Junts per Catalunya mantiene su posición de negociación permanente sin cambios sustanciales por el caso Zapatero. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que está en pleno cierre de los Presupuestos catalanes con el Partido Socialista de Cataluña (PSC), descarta abrir la puerta a un Gobierno del Partido Popular (PP) y Vox antes de tiempo. Sumar está desolado pero no ha planteado medidas drásticas. El Gobierno trabaja con Junts en un decreto que incluya la prórroga de alquileres que decayó y rebajas fiscales para propietarios, y mantiene negociaciones abiertas con el PNV sobre transferencias pendientes. La inestabilidad estructural de la coalición sigue siendo la misma de siempre, pero sigue siendo funcional.
El PP apuesta por el desgaste lento
La estrategia del PP ante este escenario es de una claridad que sus dirigentes no ocultan. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha descartado prácticamente la moción de censura, salvo un cambio radical de circunstancias, y ha optado por una política de desgaste progresivo que confía en llegar a las generales de 2027 con la izquierda en situación de mínimos históricos. «Amplificar el desgaste y esperar», resume un dirigente popular citado por El País. El PP ya no se conforma con llegar a La Moncloa: aspira a hacerlo de forma tan contundente que le permita alcanzar los tres quintos del Senado necesarios para alterar la mayoría progresista del Tribunal Constitucional.
En La Moncloa asumen que la presión judicial no cesará antes del verano. La semana que viene se publicará el contenido íntegro del sumario de la investigación a Zapatero, y en paralelo se celebra el juicio al hermano del presidente, David Sánchez, en la Audiencia de Badajoz por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Siguen pendientes además las novedades sobre los casos de Begoña Gómez y Santos Cerdán, y la sentencia del Tribunal Supremo sobre Ábalos. «Esto va para largo, lo vamos a seguir viviendo muchas semanas», asumen en el entorno presidencial. El paréntesis veraniego y la visita del Papa a España entre el 6 y el 12 de junio son, por el momento, las únicas ventanas de oxígeno que el Ejecutivo tiene en el horizonte.
