La Administración Trump endurecerá el embargo sobre Cuba el próximo 5 de junio con sanciones millonarias a las empresas extranjeras que mantengan negocios con Gaesa, el conglomerado militar que controla el 40% de la economía cubana, incluida la práctica totalidad del sector turístico. Las hoteleras españolas Meliá e Iberostar, con 54 establecimientos en la isla gestionados bajo contratos con la filial turística de Gaesa, buscan fórmulas para sortear un escenario que sus asesores jurídicos califican de inédito.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, firmó el pasado mes de mayo una orden que endurece el embargo sobre Cuba con efecto a partir del 5 de junio. La norma amenaza con multas millonarias a las empresas extranjeras que mantengan intercambios de bienes y servicios con el Gobierno Revolucionario de Cuba a través de Gaesa —Grupo de Administración Empresarial, S.A.—, el conglomerado militar que, según los cálculos de la Administración estadounidense, controla directa o indirectamente el 40% de la actividad económica de la isla, incluida la práctica totalidad del sector turístico a través de su filial Gaviota. Aunque la orden limita formalmente el impacto a cinco sectores —energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad—, los asesores legales de las empresas españolas concernidas advierten de que las sanciones podrían aplicarse de forma indiscriminada a cualquier sector, dado que la regulación alude a todas las compañías que «trafiquen» con el ejecutivo cubano.
La medida llega después de que Trump cortara en enero el suministro de petróleo venezolano a Cuba, el principal y casi único proveedor de la isla, agravando una crisis económica y social que arrastra desde 2021. La combinación de ambas presiones —el embargo energético y las nuevas sanciones comerciales— sitúa a las empresas españolas con intereses en el archipiélago ante un dilema de resolución compleja: mantenerse expuestas a sanciones o intentar reducir su presencia en una economía que la propia Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), la aseguradora participada por el Estado y la banca, ya no cubre para operaciones comerciales.
Meliá e Iberostar, con 54 hoteles en el punto de mira
Las dos compañías más directamente afectadas por el nuevo giro del embargo son Meliá e Iberostar, las hoteleras españolas con mayor implantación en Cuba: 34 y 20 establecimientos respectivamente, todos ellos propiedad de Gaviota. Meliá prefirió no hacer comentarios públicos sobre el alcance de las sanciones, aunque fuentes de la compañía consideran que su actividad no está incluida en primera instancia dentro de los cinco sectores afectados. Las cifras de su último informe de resultados cuentan, sin embargo, una historia diferente. En el primer trimestre de 2026, la cadena reveló que el bloqueo estadounidense «ha generado una dificultad sobrevenida para la obtención de combustible que, junto con el establecimiento de un estricto bloqueo comercial, ha afectado en gran medida al mercado turístico», y que la falta de combustible de aviación provocó la cancelación de conexiones directas con la isla, incluso desde Canadá, su principal mercado emisor. Al cierre del trimestre, Meliá operaba aproximadamente el 50% de su capacidad hotelera en Cuba.
La presencia española en la isla va más allá del turismo. Según el último informe de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, las exportaciones españolas a Cuba alcanzaron los 870 millones de euros en 2024, situando al país caribeño en el puesto 51 entre los clientes de España y el octavo en Latinoamérica. Más de 280 empresas exportadoras —en su mayoría pequeñas y medianas— operan en la isla mediante delegaciones, y más de 60 lo hacen a través de proyectos de inversión en sectores como el tabaco, los servicios financieros y el comercio mayorista, con un stock acumulado de 442 millones de euros.
El crédito bancario, la amenaza más urgente
Para Ignacio Aparicio, socio ejecutivo de Andersen en Iberia y responsable del Cuban Desk con 25 años de experiencia asesorando a multinacionales en la isla, el mayor peligro inmediato no son las multas directas sino el cierre del grifo del crédito bancario. «Ninguna entidad bancaria con presencia o intereses en Estados Unidos querrá asumir el riesgo de intermediar en pagos que involucren a un designado, independientemente de la nacionalidad de su cliente», señala el jurista. Esta restricción financiera puede resultar más paralizante que las sanciones formales, porque afecta a la cadena de pagos de cualquier transacción vinculada a Gaesa, con independencia del sector en que opere la empresa española implicada.
Un responsable de una compañía afectada, que habla bajo condición de anonimato para no comprometer a su organización, resume la lógica del nuevo escenario con crudeza: «Solo puedes hacer negocio con Gaesa, que además no paga desde hace tiempo sus facturas. Y ahora si Estados Unidos descubre que haces negocios con una empresa de Gaesa te puede multar». La Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno Cubano, promovida por la patronal catalana Foment del Treball, calcula que el importe total de las deudas del Gobierno cubano con empresas españolas supera ya los 316 millones de euros, con más del 50% correspondiente a compañías catalanas.
Deudas de 316 millones y una salida imposible
Pese a la acumulación de presiones, una retirada masiva de las empresas españolas de Cuba no es una opción sencilla. Aparicio identifica el principal obstáculo estructural: la Ley de Inversión Extranjera cubana de 2014, que establece un marco de empresa mixta que impide la salida unilateral. «Cualquier desinversión requeriría en la mayoría de los casos el aval del Estado cubano, transformando el proceso en una negociación prolongada y potencialmente onerosa», advierte el abogado. El escenario más plausible que los asesores jurídicos anticipan combina cuatro elementos: ralentización de nuevas inversiones, ajustes societarios para reducir la exposición directa, búsqueda de divisas alternativas al dólar y mayor prudencia en la cadena financiera.
La confluencia del embargo energético, las nuevas sanciones comerciales, los impagos acumulados y el riesgo de cierre del crédito bancario dibuja para las empresas españolas en Cuba el entorno más adverso de las últimas décadas. El Gobierno español no ha emitido hasta la fecha una posición pública sobre las implicaciones de las nuevas sanciones para las compañías nacionales, ni ha anunciado medidas de respaldo equivalentes a las que sí ha adoptado en otros frentes de tensión con la Administración Trump.
