La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió esta semana su Opinión Consultiva 32/2025, estableciendo que los Estados de la región tienen la obligación de proteger a sus poblaciones frente al cambio climático.
El fallo reconoce explícitamente el “derecho a un clima sano” como parte de los derechos humanos fundamentales. Además, subraya que los gobiernos deben adoptar medidas efectivas y urgentes para mitigar los efectos de la crisis climática, con atención especial a los grupos más vulnerables, como pueblos indígenas, comunidades rurales y personas en situación de pobreza.
Diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han calificado la decisión como un hito jurídico para América Latina. Consideran que este pronunciamiento fortalecerá futuras demandas de la sociedad civil frente a los Estados y empresas contaminantes.
La Opinión Consultiva se emitió a pedido de Chile y Colombia, países que habían solicitado a la Corte claridad jurídica sobre las obligaciones estatales en materia de cambio climático y derechos humanos. Expertos señalan que esta decisión podría servir de base para avanzar en legislación y políticas públicas ambientales más ambiciosas en la región.
