El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado la retención de 490.780 euros de las cuentas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra, la investigación por tráfico de influencias que le sitúa como presunto líder de una red para obtener el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea en 2021. El bloqueo, de carácter proporcional, afecta también a sociedades de su entorno y se suma a la citación para declarar como investigado el próximo 2 de junio.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó esta semana el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra. La medida, calificada por fuentes de la causa como «proporcional» y no absoluta, se limita a los fondos que el expresidente habría recibido de la consultora Análisis Relevante, sociedad en el epicentro de la investigación. El auto del magistrado también ordena la congelación de depósitos adicionales relacionados con la trama, según confirmaron fuentes jurídicas a los medios.
La decisión llega días después de que Calama notificara a Zapatero su imputación formal en el procedimiento y lo citara a declarar el próximo 2 de junio. El instructor sitúa al ex secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como presunto cabecilla de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» orientada a la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas, principalmente en favor de la compañía aérea Plus Ultra. El conjunto de los investigadores eleva a 1,95 millones de euros el dinero que Zapatero y personas de su entorno pudieron recibir en el marco de la presunta trama, aunque no toda esa cifra se atribuye a comisiones irregulares.
El mapa del dinero investigado
El grueso del bloqueo decretado esta semana apunta a los fondos procedentes de Análisis Relevante, consultora cuyo administrador único es Julio Martínez Martínez, empresario y amigo personal de Zapatero. Según el auto de Calama, esta sociedad habría abonado al expresidente un total de 490.780 euros entre 2020 y 2025: 445.200 euros ingresados en la cuenta conjunta que Zapatero mantiene con su esposa, Sonsoles Espinosa, a partir del 11 de marzo de 2021, dos días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de la aerolínea; y 29.680 euros en tres transferencias registradas en 2020. Las finanzas de Análisis Relevante llevaban meses paralizadas por orden judicial antes de que el bloqueo alcanzara al propio expresidente.
La investigación no se circunscribe a esa consultora. El auto de imputación señala al think tank Gate Center —cuyo consejo asesor preside el propio Zapatero— como presunto pagador de 352.980 euros al expresidente y de 171.727 euros a Whathefav, la sociedad administrada por sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Gate Center, presentado como un laboratorio de ideas sin ánimo de lucro fundado en la primavera de 2022, es descrito por fuentes policiales como un lobby pro-China impulsado con el apoyo de un empresario asiático que estuvo en el radar del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Un tercer origen de pagos bajo sospecha son las sociedades del grupo Thinking Heads, ligado al empresario Daniel Romero-Abreu Kaup, que habrían remitido 681.318 euros a Zapatero en 37 transferencias y 12.297 euros adicionales a Whathefav.
La respuesta de Zapatero
El expresidente reaccionó a su imputación con un vídeo publicado el martes en el que rechazó de forma categórica las acusaciones. «Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros», afirmó, añadiendo que toda su actividad pública y privada «se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad». Su defensa está estudiando solicitar un aplazamiento de la declaración del 2 de junio para poder revisar con detalle la documentación que obra en la causa, cuyo volumen ha crecido tras el registro de su despacho oficial y el bloqueo de nuevas cuentas. Las hijas del expresidente, administradoras de Whathefav, no figuran por el momento entre los imputados, según confirmaron fuentes jurídicas.
Thinking Heads, por su parte, emitió un comunicado para subrayar que todos los servicios abonados al expresidente se realizaron «con un contrato y con una prestación de servicios efectiva y acreditable». La compañía vincula su relación con Zapatero a actividades de consultoría, conferencias y servicios editoriales iniciadas en 2014, y niega cualquier irregularidad en los pagos documentados por el instructor.
El alcance de la investigación
La causa tiene ramificaciones que superan el círculo inmediato del expresidente. Julio Martínez Martínez, el administrador de Análisis Relevante, fue detenido el pasado 11 de diciembre junto al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli. Para Calama, Martínez era el nexo entre los máximos responsables de la aerolínea y Zapatero, y el contrato que garantizaba el 1% del rescate en caso de éxito no sería más que una cobertura formal para retribuir la influencia del expresidente ante el Gobierno de Pedro Sánchez.
La investigación alcanza también a Corpoestructura, sociedad sin empleados ni página web cuyos vínculos con el consejo de administración de Plus Ultra y con personas cercanas al régimen venezolano del expresidente Nicolás Maduro quedaron documentados en autos anteriores. Un inmueble de esta empresa, valorado en 5,68 millones de euros, fue embargado preventivamente por la instructora que precedió a Calama al frente del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos.
El calendario procesal apunta ahora hacia la comparecencia del 2 de junio, momento en el que Zapatero deberá responder ante el juez en calidad de investigado. Varias acusaciones populares personadas en la causa han anunciado ya que solicitarán la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias periódicas ante un juzgado para el expresidente. La posibilidad de que alguna de las partes solicite prisión provisional no está descartada, aunque el juez solo podría valorarla tras celebrar la comparecencia. La defensa de Zapatero dispone de margen para pedir el aplazamiento, pero el procedimiento avanza con una cadencia que reduce ese margen a cada nueva resolución del instructor.
