La Audiencia Nacional ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una estructura de tráfico de influencias vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Es la primera imputación de un expresidente en la democracia española. Pedro Sánchez mantiene su respaldo y descarta el adelanto electoral, pero el PNV y Junts advierten de que seguirán los acontecimientos «día a día» antes de decidir su posición.
La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sacudió el miércoles la política española en el peor momento para el Gobierno de Pedro Sánchez: días después del resultado adverso en las elecciones a la Junta de Andalucía y en vísperas de una sesión de control en el Congreso que ya se preveía muy dura. El auto, de 85 páginas, sitúa al expresidente como presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» relacionada con el rescate de la compañía aérea Plus Ultra durante la pandemia. Es la primera vez en la historia de la democracia española que un expresidente del Gobierno recibe una imputación formal de estas características.
Sánchez se enteró de la resolución judicial en La Zarzuela, durante un acto con el rey Felipe VI. Horas después, en el Consejo de Ministros, trasladó a su equipo un mensaje que resumía su posición: los indicios del auto no equivalen a pruebas, y Zapatero merece la presunción de inocencia. En un mensaje a la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el presidente pidió a los suyos que defiendan «el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero». El expresidente grabó un vídeo para rechazar las acusaciones y anunció que acudirá a los medios a explicarse antes de su comparecencia judicial, fijada para el 2 de junio.
El Gobierno se desmarca del lawfare
La primera reacción oficial del PSOE apuntó a una operación política de la derecha. El comunicado del partido invocó una frase del expresidente José María Aznar —«el que pueda hacer, que haga»— para sugerir que la imputación respondía a una conspiración. Ese argumento no prosperó en el seno del Ejecutivo. Tras la lectura del auto, el Gobierno adoptó una posición más cautelosa: la resolución está bien construida, el juez argumenta con detalle, pero los indicios que recoge no son suficientes para concluir que Zapatero actuó de forma corrupta. Nadie en el entorno del presidente retomó la tesis del lawfare, que el Gobierno tampoco puede sostener en este caso dado que el proceso ha sido impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, no por una acusación particular.
La diferencia que el Ejecutivo establece respecto a casos anteriores es de naturaleza probatoria. En el auto contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, había grabaciones del propio imputado hablando de dinero. En el de Zapatero, todas las conversaciones que recoge el auto son de terceras personas que aluden a supuestas gestiones del expresidente, sin que él aparezca directamente en ninguna de ellas. Los investigadores cifran en hasta dos millones de euros las comisiones presuntamente obtenidas, que según el auto habrían recibido tanto el expresidente como sus hijas. El Gobierno considera que esos indicios, por detallados que sean, no son equiparables a una prueba directa.
Los socios miden sus pasos
El impacto de la imputación en la mayoría parlamentaria es el factor que más preocupa al Ejecutivo. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyo apoyo ha sido determinante para la estabilidad del Gobierno en los últimos meses, reconoció que sigue los acontecimientos «día a día» con «tensión y preocupación». La portavoz parlamentaria de la formación, Maribel Vaquero, subrayó la necesidad de actuar con «prudencia», pero en la dirección del PNV admiten que la colaboración con el Gobierno central podría variar si la situación judicial de Zapatero se agrava el 2 de junio o si el PSOE resulta directamente implicado en la investigación. Esa eventualidad es la línea roja que varios socios han fijado en privado.
Junts per Catalunya (JxCat) mantuvo un perfil más agresivo. Dos diputados clave de la formación, Josep Pagés y Josep Maria Cruset, reiteraron a los ministros Félix Bolaños y Arcadi España las críticas sobre la ingobernabilidad que la portavoz Miriam Nogueras lanza periódicamente desde el hemiciclo. En el plano parlamentario, JxCat ha denunciado en semanas anteriores que el Gobierno lleva tiempo sin mayoría efectiva y que se gobierna «de espaldas al Parlamento». El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, interpeló directamente a Sánchez en la sesión de control con una pregunta sin rodeos: «¿Qué plan tiene frente a todo esto?». No obtuvo una respuesta que satisficiera a los socios del bloque de investidura.
La moción de censura, en el horizonte
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, utilizó la sesión de control para lanzar una de sus intervenciones más duras de la legislatura. Acusó al Ejecutivo de estar gobernado «por corruptos» y avanzó su intención de «cambiar todo esto», sin precisar el mecanismo ni el calendario. Cuando se le preguntó cuándo podría tomar una decisión sobre la moción de censura que Vox reclama de forma reiterada, Feijóo eludió la respuesta directa y subrayó que la pelota está en el tejado de los socios —señalando especialmente al PNV y a Junts— que en 2018 precipitaron la caída de Mariano Rajoy. La formación ultraderechista, por su parte, no obtuvo compromisos del PP para impulsar la moción de manera inmediata.
Ni Podemos ni Bildu contemplaron sumarse a una moción de censura. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, advirtió de que la imputación «se le está poniendo muy cuesta arriba al Gobierno y al PSOE» en este tramo final de legislatura, y el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, reclamó que se «regulen bien todas las actividades de los expresidentes del Gobierno», al tiempo que recordó que «cobrar por gestiones políticas es delito». En el Gobierno descartan por ahora cualquier decisión drástica, incluido el adelanto electoral, mientras el apoyo de los socios se mantenga. La comparecencia de Zapatero ante el juez el 2 de junio se ha convertido en la fecha sobre la que pivota la estabilidad de la legislatura.
