Pedro Sánchez respaldó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra, lo cual contrasta con el distanciamiento que aplicó con el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de organización Santos Cerdán. La noticia llegó cuarenta y ocho horas después del peor resultado histórico del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones andaluzas, sumiendo al partido en un estado de conmoción sin precedentes recientes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adoptó este martes una decisión política que marca distancia visible respecto a sus precedentes: respaldar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por el juez José Luis Calama en el caso Plus Ultra. En un mensaje enviado a la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sánchez llamó a los suyos a «defender el buen nombre de un compañero» y a afrontar con entereza una jornada que describió como uno de los momentos más duros desde el inicio de la legislatura.
La posición contrasta de forma directa con la conducta que el presidente adoptó en episodios anteriores de similar naturaleza. Cuando el auto judicial que incriminaba al exsecretario de organización Santos Cerdán se hizo público, Sánchez actuó con rapidez: le retiró el apoyo, le exigió el acta de diputado y marcó distancia pública con su trayectoria. El mismo patrón se aplicó al exministro de Transportes José Luis Ábalos. En el caso de Zapatero, La Moncloa considera que los indicios del auto de Calama no son comparables a los que pesaban sobre aquellos dirigentes y ha optado explícitamente por no replicar ese esquema.
Un criterio diferente al de Ábalos y Cerdán
La distinción descansa, según fuentes del Ejecutivo, en la naturaleza del material probatorio. Con Cerdán, el expediente incluía grabaciones de voz directas en las que el dirigente hablaba de dinero de forma inequívoca. Con Zapatero, el auto se apoya en mensajes de terceros que lo mencionan, en vínculos societarios y en la coincidencia de fechas entre contratos y actuaciones administrativas. El texto judicial no incorpora comunicaciones directas del expresidente que lo sitúen gestionando el rescate de Plus Ultra ante la Administración. Esa ausencia es el argumento central que esgrime La Moncloa para justificar el trato diferencial.
La posición tiene también una lectura electoral que el Gobierno no ha verbalizado pero que resulta evidente. Zapatero no es para el PSOE un dirigente prescindible: ganó las elecciones generales en 2004 y 2008, mantiene una influencia notable en la base militante y fue pieza reconocida en la campaña electoral de julio de 2023. Sánchez ha optado por no asumir el coste de distanciarse de él de manera preventiva, antes de que el proceso judicial avance y aporte evidencias más determinantes. En el entorno del presidente subrayan que la imputación formal no anticipa culpabilidad.
La conmoción interna del PSOE
El golpe de la imputación llegó en el peor momento posible. Las elecciones a la Junta de Andalucía se celebraron el domingo 17 de mayo y el PSOE registró su peor resultado histórico en esa comunidad con la candidatura de la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Menos de cuarenta y ocho horas después llegó la noticia de la imputación de Zapatero, convirtiendo los dos días en el período más difícil del partido en lo que va de legislatura. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ofreció el tono dominante en el partido: «No me creo que Zapatero sea un corrupto».
El cierre de filas oficial no ocultó tensiones internas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, principal referente crítico del sanchismo dentro del partido, ofreció un respaldo matizado que introduce condiciones implícitas donde la dirección solo expresa lealtad incondicional. Otros dirigentes territoriales mostraron en privado su incomodidad con la velocidad del cierre de filas ordenado desde La Moncloa. El ministro de Transportes, Óscar Puente, rompió además la contención del Ejecutivo con un mensaje en redes sociales que insinuaba filtraciones desde la judicatura, alejándose de la estrategia de sobriedad que el Gobierno intentó mantener durante la jornada.
La oposición presiona sobre la estabilidad del Gobierno
El Partido Popular (PP) articuló su respuesta sobre la premisa de que la imputación no es un asunto exclusivamente judicial, sino una evidencia de la cultura política del PSOE y del Gobierno que lo respalda. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, exigió en redes sociales que Zapatero reconociera su situación y abandonara la primera línea. Su número dos, Miguel Tellado, describió la situación con una frase que circuló ampliamente a lo largo de la jornada: «El tinglado se desmorona». La formación conservadora tendió de inmediato un puente narrativo entre la imputación del expresidente y el conjunto del Ejecutivo.
Vox aprovechó la jornada para renovar su exigencia de una moción de censura, que el PP rechazó de plano argumentando que le faltan cuatro votos en el Congreso. Los socios de la mayoría de investidura mantuvieron su respaldo al Gobierno. La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, expresó «algunas dudas acerca de esta imputación» a la vista del comportamiento de determinados sectores de la judicatura con dirigentes de izquierda. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya (JxCat) llamaron a la prudencia y descartaron decisiones inmediatas que pudieran afectar a la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo.
La próxima cita procesal es el 2 de junio, cuando Zapatero comparezca ante el juez Calama. El expresidente anunció en su comunicado en vídeo que antes de esa fecha atenderá a los medios para ofrecer explicaciones directas. En el Ejecutivo esperan que esa comparecencia contribuya a disipar las dudas que el auto ha generado en la militancia. Mientras tanto, Sánchez afronta la segunda mitad de la legislatura sometido a una presión acumulada que incluye el resultado andaluz, el conflicto iraní y ahora la sombra judicial sobre el principal referente moral del socialismo español.
