El magistrado José Luis Calama levantó el secreto de sumario del caso Plus Ultra y citó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como investigado para el 2 de junio. El auto, de 85 páginas, describe una red jerárquica liderada por el exdirigente para obtener el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea mediante influencias ante la Administración. Los flujos económicos descritos superan el millón de euros. Zapatero lo niega todo.
El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional (AN), levantó este martes el secreto de las actuaciones sobre el caso Plus Ultra y citó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como investigado para el próximo 2 de junio. El auto, de 85 páginas, atribuye al exdirigente socialista la condición de presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» destinada a obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra.
La causa se centra en el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y aprobado el 9 de marzo de 2021. El procedimiento investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró este martes la oficina del exjefe del Ejecutivo y otras tres mercantiles vinculadas al entramado que describe el auto.
La trama que describe el juez
El auto traza una red con tres niveles jerárquicos. En el primero, Calama sitúa al propio Zapatero como director de la estructura. En el segundo, identifica a Julio Martínez Martínez como interlocutor habitual de los clientes y receptor de instrucciones directas del exdirigente. En el tercer nivel, la secretaria de la oficina de Zapatero ejecutaría las órdenes cotidianas, junto a Cristóbal Cano Quiles, gestor diario del entorno societario. El conjunto, según el magistrado, «revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia» ante los organismos públicos.
El auto identifica dos líneas de influencia simultáneas. La primera se orientó a obtener la ayuda pública de la SEPI para Plus Ultra, y en ella la red habría accedido a información privilegiada sobre la concesión antes de su aprobación formal, en febrero de 2021. La segunda se dirigió a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de la compañía. Calama considera que ambas líneas constituyen un único delito de tráfico de influencias por identidad de sujetos activos y unidad de finalidad económica.
El dinero y las sociedades
Los flujos económicos descritos en el auto son precisos. Según el magistrado, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav SL, sociedad cuyas administradoras y socias son las hijas del expresidente. Gate Center habría enviado 352.980 euros al exdirigente y 171.727 euros a esa misma mercantil. Sociedades del grupo Thinking Heads habrían remitido 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav. Los pagos se habrían formalizado mediante contratos de asesoría empleados como mera justificación documental ante terceros.
El auto acredita, en fase indiciaria, la creación de al menos una sociedad en Dubái, identificada como Landside Dubai Fzco, participada íntegramente por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez. Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate, equivalente a 530.000 euros. La proximidad temporal entre ese contrato y la constitución de la sociedad en Dubái, sin constancia de pagos en España, refuerza para Calama la hipótesis de que esa estructura se creó «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos».
La respuesta de Zapatero
Zapatero reaccionó horas después con un comunicado en vídeo en el que reafirmó que toda su actividad, pública y privada, se ha desarrollado «con absoluto respeto a la legalidad». El expresidente negó que hubiese realizado gestión alguna ante ninguna administración en relación con el rescate de Plus Ultra y subrayó que «jamás he tenido ninguna sociedad mercantil, ni a través de terceros», ni en España ni fuera de España. Anunció que ejercerá su derecho a la defensa con toda la firmeza y que atenderá a los medios de comunicación en los próximos días.
El juez rechazó la petición de registrar el domicilio particular del expresidente, que había solicitado la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Calama argumentó que el beneficio potencial de esa medida resulta «incierto y meramente hipotético», dado que la notoriedad del procedimiento reduce la probabilidad de que en el domicilio subsistan elementos probatorios relevantes. La imputación formal no implica condena ni anticipa responsabilidades penales: le atribuye a Zapatero la condición de investigado para que pueda declarar con plenas garantías procesales.
La declaración del exjefe del Ejecutivo ante el juez Calama está fijada para el 2 de junio. El levantamiento del secreto de sumario permite ahora a las partes personadas acceder al expediente y preparar sus estrategias de defensa. El caso llegó a la AN tras años de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, y se encuentra en una fase inicial de instrucción. Su evolución determinará si los indicios recabados son suficientes para sostener los cargos o si, por el contrario, la investigación queda sin continuación procesal.
