La UER excluyó a Rusia de Eurovisión en 2022 invocando la conducta de su gobierno tras invadir Ucrania, pero mantiene a Israel pese al genocidio en Gaza y una estrategia de soft power documentada por el New York Times, que ha sido sancionada por la propia organización. El boicot de cinco difusores públicos en el 70º aniversario del Festival ha reducido las reproducciones de las canciones un 45% y ha abierto un debate sobre los criterios de aplicación del reglamento del festival.
La Unión Europea de Radiodifusión (UER) excluyó a Rusia del Festival de Eurovisión en 2022, pocos días después del inicio de la invasión de Ucrania, invocando la conducta del Estado ruso y la incapacidad de su emisora pública para cumplir los criterios de independencia del organismo. Cuatro años después, la misma institución mantiene a Israel en la competición a pesar de que el New York Times ha documentado una inversión de al menos un millón de dólares en campañas de promoción del voto, la propia UER ha emitido una advertencia formal a la delegación israelí y cinco difusores públicos han abandonado el certamen en protesta por el genocidio en Gaza. El contraste define la crisis institucional más profunda del festival en su historia reciente.
La explicación oficial de la UER descansa en un argumento técnico: el difusor público israelí KAN cumple los criterios de independencia respecto al Estado que exige el reglamento. La distinción es relevante porque Rusia fue excluida no por su política exterior, sino formalmente por la incapacidad de VGTRK, su emisora pública, para operar sin tutela del Kremlin. KAN, sin embargo, fue creada en 2017 por el propio gobierno de Benjamín Netanyahu tras disolver la emisora pública anterior. El argumento de la independencia institucional sostiene la posición de la UER; los hechos que lo rodean la complican.
Un millón de dólares en votos
La investigación del New York Times ha aportado cifras concretas a un debate que lleva años abierto en el entorno del festival. El diario afirma que Israel «ha invertido al menos un millón de dólares en la promoción del evento» a lo largo de distintas ediciones. La UER reconoció en 2025 haber publicado reportajes propios que conectaban al Gobierno israelí con la financiación de estas campañas, y emitió una advertencia formal a la delegación por haber solicitado voto masivo a través de anuncios publicitarios que contravenían el reglamento. La organización también modificó este año el sistema de voto, reduciendo de 20 a 10 el número de sufragios permitidos por persona.
A pesar de esos cambios —la décima modificación del sistema en la historia del festival—, el candidato israelí Noam Bettan protagonizó en 2026 la misma dinámica de ediciones anteriores: ocupó el octavo lugar entre los jurados profesionales y terminó segundo por la fuerza del televoto. El director de la organización, Martin Green, minimizó los reportajes del New York Times y la BBC sobre la influencia israelí. Al ser preguntado sobre el patrocinio de Moroccanoil, empresa israelí y principal patrocinadora del festival, Green respondió con sarcasmo: «Tiene sede en Nueva York».
Asimetría Rusia-Israel
La comparación entre el trato dispensado a Rusia e Israel no es nueva, pero la edición de 2026 la ha situado en el centro del debate institucional. En 2022, la UER excluyó a Rusia junto a Bielorrusia tras el inicio de la invasión de Ucrania, invocando la imposibilidad de que su emisora pública, VGTRK, operara con independencia del Estado. En el caso de Israel, la UER ha optado por el argumento contrario pese al genocidio en Gaza y pese a que la cadena KAN fue creada directamente por el gobierno, al que la propia organización ha tenido que sancionar formalmente por su conducta en el certamen.
Una fuente cercana a la delegación israelí reconoció al portal informativo Ynet que la hipótesis de celebrar el festival en Finlandia les inquietaba. «Si gana el candidato finlandés, será muy difícil para nosotros», admitió la fuente, en referencia a las tensiones acumuladas y a la campaña de boicot que el país nórdico concentraba entre los votantes contrarios a la presencia israelí. Al mismo tiempo, la UER no ha descartado públicamente readmitir a Rusia incluso si la invasión de Ucrania continúa, una posición que los difusores que se han retirado consideran otra expresión del mismo criterio asimétrico.
El coste del boicot
Las consecuencias del boicot son visibles en los datos de audiencia. Las canciones de la edición 2026 acumularon un 45% menos de reproducciones en plataformas digitales que en el mismo período del año anterior, según el portal de seguimiento ESC Streams. Las entradas para la gala en el Wiener Stadthalle de Viena estuvieron disponibles hasta una semana antes de la celebración, algo sin precedentes en la historia reciente del certamen. Entre los cinco difusores ausentes figura Irlanda, nación con siete victorias en la historia del festival, la cifra más alta junto a Suecia, y España, uno de los cinco mayores contribuyentes financieros de la organización.
Manu Mahía, codirector del portal Eurovision Spain, no ocultó su escepticismo ante el futuro del formato. «Sinceramente, no veo la luz al final del túnel», afirmó antes de la final, llegando a sugerir que quizás resultaría preferible que Israel ganara para que la crisis se agudizara y obligara a una refundación del certamen. España no emitió la gala, aunque los aficionados españoles pudieron votar a través del bloque Resto del mundo habilitado por la UER. La ministra de Juventud, Sira Rego, había calificado de «vergonzosa complicidad» que los organizadores del festival «permitan que se encubra» la violencia en Gaza. El resultado búlgaro fue un alivio institucional, pero no un remedio para la contradicción que lo provocó.
