El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del Partido Popular a la reelección rompió en el ecuador de la campaña con su posición de no contemplar una coalición con la ultraderecha y advirtió de que gobernará acompañado si así lo deciden los votantes el 17 de mayo. Moreno mantiene que su objetivo es la mayoría absoluta y descalificó la «prioridad nacional» que Vox exige en otros territorios como ilegal e irrealizable.
Juan Manuel Moreno llevaba toda la campaña esquivando la pregunta. Su estrategia, la misma que le dio la mayoría absoluta en 2022, pasa por apelar al voto concentrado en el Partido Popular (PP) para no depender de Vox en la gobernabilidad, y responder a cualquier hipótesis de pacto con la ultraderecha recordando que no se la plantea porque confía en revalidar esos resultados. En el ecuador de la campaña, sin embargo, el candidato popular cedió terreno en el ciclo de desayunos electorales organizado por Europa Press en Cádiz: si las urnas lo determinan, gobernará en coalición. «Los andaluces tienen una semana para pensar: queremos que Juanma gobierne solo o acompañado», afirmó.
La admisión no llegó sin matices. Moreno fue claro al señalar que una coalición con Vox no es su voluntad sino una eventualidad que depende de los ciudadanos: «Yo no tengo voluntad de gobernar con Vox, pero eso no es una decisión mía, es una decisión de los ciudadanos de Andalucía», explicó. El candidato popular insistió en que la única opción de gobierno que defiende es la que él representa, y que esa opción puede adoptar dos formas: un ejecutivo de estabilidad en solitario, «un gobierno para todos», o un gobierno condicionado por las exigencias de la formación de Santiago Abascal. La elección, según Moreno, corresponde al votante.
El voto concentrado y sus límites
Para evitar ese segundo escenario, Moreno ha refinado su apelación al electorado moderado. Ya no habla solo de voto útil, sino de «voto concentrado», una formulación que amplía el destinatario del mensaje más allá de su base tradicional: convoca no solo a los suyos, sino también «a los que quieren progreso». El argumento de fondo es que una mayoría absoluta del PP es la única garantía de estabilidad, y que fragmentar el voto conservador en beneficio de Vox abre la puerta a un gobierno más débil y más dependiente.
Para reforzar esa tesis, Moreno recurrió al historial reciente: «No hemos gobernado ocho años porque tuvimos que adelantar las elecciones en 2022 porque Vox nos tumbó los Presupuestos y tres leyes. Por eso tenemos que votar por un voto eficiente de seguridad», argumentó. La referencia sirve a un doble propósito: cuestionar la fiabilidad de Vox como socio de gobierno e ilustrar con un ejemplo concreto la inestabilidad que, en su relato, acarrea depender de la formación ultraderechista. Es el mismo argumento que empleó en 2022, pero ahora con el añadido de los pactos firmados por sus homólogos en Extremadura y Aragón como referencia incómoda.
La «prioridad nacional» y sus contradicciones
Ante la posibilidad de tener que negociar con Vox, Moreno optó por desactivar uno de los puntos más polémicos de los acuerdos de gobierno suscritos en otros territorios: la llamada «prioridad nacional», que establece preferencias para los ciudadanos españoles sobre los inmigrantes en el acceso a determinadas prestaciones. El candidato popular la descalificó sin ambigüedad: es «efectista y ocurrente», pero es ilegal. «Más allá de ese eslogan hay una realidad: el Estatuto de Autonomía, la Ley de Extranjería y la Constitución. Andalucía no tiene competencias migratorias, pero hay cosas que se están prometiendo que son imposibles. Nos estamos moviendo en el no realismo, estamos engañando», sostuvo.
La posición de Moreno es políticamente hábil pero encierra una tensión de difícil resolución: si la «prioridad nacional» es ilegal e irrealizable, como él mismo afirma, resulta más complicado justificar por qué sus homólogos en Extremadura y Aragón la han incluido en sus acuerdos de gobierno con Vox. El candidato andaluz ha optado por no abordar esa contradicción de frente y concentrar el mensaje en el carácter jurídicamente inviable de la medida, dejando implícito que él no la aplicaría aunque tuviera que pactar con la ultraderecha.
El contraataque socialista
La candidata del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), María Jesús Montero, arrancó la jornada en la sede de Comisiones Obreras de Andalucía en Sevilla, donde se reunió con la ejecutiva sindical que dirige Nuria López. Desde allí cargó contra el tono de la campaña del PP: «Moreno está más preocupado por su imagen» que por las propuestas políticas, que le importan «un comino», afirmó. A su juicio, una campaña centrada «en vídeos, canciones y cosas de este tipo» revela el balance de ocho años de gobierno popular en la comunidad: «Cero bienestar para las políticas públicas y para la clase media y trabajadora».
Montero reivindicó además la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que elaboró al frente del Ministerio de Hacienda, un modelo que el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, también respaldó en declaraciones a la Cadena SER. Illa cifró en 4.800 millones de euros adicionales el beneficio que la reforma supondría para Andalucía y emplazó a Moreno a presentar una alternativa: «Renuncia a 4.800 millones, quieren bajar impuestos y luego se queja. Que se lo cuente bien a los andaluces», afirmó el dirigente catalán. Moreno, por su parte, ha reconocido que «con dinero solo, no basta» para resolver los problemas de la sanidad pública andaluza, una concesión que sus adversarios no han tardado en aprovechar.
