El Gobierno español ha reactivado un programa de conversión de deuda pactado con Cuba en 2016 para destinarlos a energía, agua y seguridad alimentaria. La iniciativa, comprometida en la cumbre progresista de Barcelona, ha generado malestar entre las 200 empresas españolas con impagos pendientes del régimen cubano, que acumulan deudas por valor de 316 millones y quedaron excluidas del mecanismo.
El Gobierno español ha encontrado en un viejo instrumento diplomático la vía para canalizar su ayuda a Cuba en uno de los peores momentos económicos que vive la isla desde la instauración del régimen castrista en 1959. El mecanismo es el programa de conversión de deuda pactado entre ambos países en 2016 y reactivado en junio de 2025: España perdona a Cuba la devolución de sus deudas a cambio de que el dinero equivalente se destine a proyectos de desarrollo sostenible en los que ambos gobiernos tengan intereses comunes. El volumen total previsto asciende a 375 millones de euros, orientados a infraestructuras de energía, acceso al agua y seguridad alimentaria.
La iniciativa se enmarca en el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en la cumbre progresista celebrada en Barcelona el 19 de abril. Los tres mandatarios acordaron fijar mecanismos de ayuda para la población cubana ante el agravamiento de la crisis que atraviesa el archipiélago. La primera aportación concreta ya se ha materializado: en febrero, el comité bilateral que supervisa las inversiones aprobó un proyecto piloto de medio millón de euros para la compra de alimentos procedentes de cooperativas agrícolas locales, con los que se da continuidad a un programa de asistencia en escuelas de la zona oriental del país.
El bloqueo de EE.UU. como detonante
La crisis que justifica la intervención española se agravó de forma drástica desde enero de 2026, cuando la administración de Donald Trump decidió impedir las exportaciones de crudo venezolano a Cuba —su principal y casi único suministrador— e impuso aranceles a los países que vendieran petróleo al régimen castrista. El bloqueo energético provocó la paralización económica del archipiélago y el desplome del turismo, que es la principal fuente de divisas de la isla. La imposibilidad de disponer de queroseno llevó primero a las aerolíneas españolas, estadounidenses y canadienses a escoger puntos intermedios para repostar en sus vuelos de regreso desde Cuba, y posteriormente a suspender sus conexiones con La Habana.
El impacto sobre el sector hotelero fue inmediato y severo. Meliá, la cadena española con mayor presencia en la isla —36 activos—, reconoció en la presentación de sus resultados del primer trimestre que el período «se ha visto comprometido de forma significativa como consecuencia de la intervención de EE.UU.». La empresa precisó que la dificultad para obtener combustible, unida al establecimiento de un bloqueo comercial estricto, «ha afectado en gran medida al mercado turístico». A finales de marzo, Meliá operaba apenas con el 50% de su capacidad instalada en la isla.
El instrumento de la deuda
El programa de conversión funciona como una donación encubierta de dinero público español: Madrid condona a La Habana la devolución de sus compromisos financieros a condición de que el importe equivalente se reinvierta en proyectos acordados de forma bilateral. Fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, precisan que el mecanismo no está concebido para cubrir gasto corriente, aunque en febrero se hizo una excepción puntual para la compra de alimentos ante la emergencia humanitaria derivada del embargo estadounidense al petróleo venezolano.
La elección de este instrumento responde a una lógica diplomática precisa: permite a España canalizar recursos hacia Cuba sin incurrir en una transferencia directa de fondos públicos que pudiera generar controversia política interna, al tiempo que garantiza que el dinero se destina a proyectos con impacto verificable sobre la población. El mecanismo es además coherente con los compromisos adquiridos en Barcelona con Lula y Sheinbaum, que otorgan a España un papel de liderazgo en la respuesta progresista internacional a la presión de Washington sobre la región.
Las empresas excluidas
La decisión del Gobierno de canalizar los fondos a través del programa de conversión de deuda, y no a través de mecanismos que incluyan a los acreedores privados, ha generado un malestar considerable entre las empresas españolas con impagos pendientes del régimen cubano. La Plataforma de Afectados por los Impagos del Gobierno Cubano agrupa a unas 200 compañías que acumulan deudas sin cobrar por valor de 316 millones de euros. El 50% procede de Cataluña y otro 20% del País Vasco. Un portavoz de la plataforma señaló que la decepción por la exclusión del mecanismo se suma al rechazo de una moción presentada el 5 de mayo en el Senado por el Grupo Plural, que instaba al Gobierno a aplicar medidas para ayudar a esas empresas a liquidar los importes pendientes.
La moción fue respaldada por Junts, el Partido Popular (PP) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), pero el resto de grupos parlamentarios se abstuvo, lo que determinó su rechazo. El portavoz socialista Juan Lobato defendió el apoyo del Ejecutivo a las compañías perjudicadas por los impagos, aunque justificó el voto contrario a la iniciativa. La tensión entre el uso del mecanismo de conversión como instrumento de política exterior progresista y las demandas de los acreedores privados españoles resume la doble lectura de una medida que el Gobierno presenta como solidaridad internacional y sus críticos leen como una prioridad mal ordenada.
