El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó el Día de Europa para celebrar un acto político en Ceuta centrado en la política migratoria del Gobierno. Feijóo prometió «desclasificar» los datos de la regularización extraordinaria aprobada en enero, una medida de carácter administrativo que no ha sido declarada secreta por ningún organismo ni bajo ningún procedimiento legal. El PP vigila también la aritmética del 17-M en las provincias más ajustadas de Andalucía.
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, escogió Ceuta y la efeméride del Día de Europa para protagonizar ayer un acto de oposición centrado en la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. En un discurso ante el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y los dos máximos representantes del PP europeo —la secretaria general Dolors Montserrat y el portavoz Esteban González Pons—, Feijóo prometió que, si llega a La Moncloa, abrirá los «cajones» del Gobierno sobre la regularización extraordinaria aprobada en enero. «Los españoles sabrán por qué y para qué se ha hecho todo esto», afirmó. La promesa tiene un problema de partida: las regularizaciones de extranjeros son procedimientos administrativos ordinarios, sometidos a la legislación de extranjería, y no han sido clasificadas como secreto de Estado bajo ningún instrumento legal.
La confusión que Feijóo alimenta deliberadamente arranca de su acusación de que Sánchez ha alegado secreto de Estado «para ocultar el alcance» de la regularización. El líder del PP calificó esa alegación de «tomadura de pelo» y se comprometió a desclasificar unos documentos que, en rigor, no están clasificados. Lo que el Gobierno no ha hecho público con detalle es el número exacto de beneficiarios y las condiciones concretas de acceso a la medida, una opacidad criticable en términos de transparencia administrativa, pero que no equivale en ningún caso a una clasificación de seguridad nacional. Utilizar el lenguaje de los servicios de inteligencia para describir una política de inmigración es un recurso retórico, no una descripción jurídica.
La regularización como eje del ataque
Más allá de la semántica, el fondo de la crítica del PP apunta a dos argumentos con contenido político real. El primero es el de la legalidad del procedimiento: Feijóo sostuvo que la regularización se tramitó «por la vía de la reforma reglamentaria sin tener que pasar por el Congreso», lo que, a su juicio, la convierte en una decisión adoptada «contra la voluntad de los españoles, contra lo votado en las Cortes y contra el criterio de Europa». El Gobierno defiende que la medida se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, aunque los grupos de la oposición han cuestionado que una regularización de esta escala pueda ejecutarse sin debate parlamentario.
El segundo argumento es el de sus efectos sobre los flujos migratorios. Feijóo acusó al Ejecutivo de generar con su política «inseguridad» y «descontrol» y sostuvo que el mensaje implícito de la regularización es que «echarse al mar o saltar una valla es una buena manera de entrar en España». La portavoz del PP europeo, Dolors Montserrat, completó el argumentario atacando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y reclamando que las agresiones a agentes en la frontera sean catalogadas como «eurodelitos» para reforzar la respuesta penal comunitaria.
Ceuta y Melilla, frontera y escenario político
El escenario elegido no fue casual. Ceuta concentra de forma visible las tensiones que el PP quiere explotar electoralmente: la presión migratoria en la frontera sur, la relación con Marruecos y el debate sobre la soberanía de los territorios españoles en el norte de África. Feijóo insistió en que «la defensa de Ceuta y Melilla no es negociable» y reclamó ante las instituciones europeas un reconocimiento expreso de ambas ciudades como territorios prioritarios de la Unión Europea, con un estatuto equiparable al de las regiones ultraperiféricas. Se comprometió también a aumentar la presencia del Estado en ambas ciudades autónomas si llega al Gobierno.
El líder de la oposición aprovechó además el acto para atacar al Ejecutivo central por el episodio de Barbate, en el que dos guardias civiles murieron durante una persecución de narcolanchas en febrero de 2024. «Es cruel e injusto que vuelva a pasar lo que pasó hace dos años», afirmó Feijóo, que también cargó contra Sánchez por la posición de España ante las instituciones europeas: «Me da vergüenza que el Consejo de Europa y la Unión Europea tengan que recordarnos que defender la democracia es incompatible con atacar la independencia del Poder Judicial».
La aritmética andaluza que preocupa al PP
El acto de Ceuta se enmarca en la semana final de la campaña andaluza del 17-M, en la que el PP busca reforzar su mensaje de orden y seguridad. Las últimas encuestas sitúan al partido en el umbral de la mayoría absoluta, pero fuentes de la dirección nacional advierten de que el resultado puede decidirse por apenas 15.000 votos. El foco está puesto en los restos de Málaga y Huelva, donde el avance de Vox respecto a 2022 complica la obtención del último escaño en el tiempo de descuento, y en la evolución de los sondeos en Jaén.
El equipo de Feijóo ha identificado en la ley d’Hondt una amenaza que conviene no subestimar. «Podemos subir en porcentaje de voto y perder escaños», advirtieron fuentes de la dirección del partido, en referencia al mecanismo de reparto que tiende a perjudicar al partido más votado cuando el tercero acumula una masa electoral significativa. En este caso, ese tercer partido es Vox, cuya contención en los sondeos ha generado alivio en las filas populares, aunque no ha disipado la incertidumbre sobre si Moreno Bonilla podrá gobernar sin depender de la ultraderecha.
