El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha situado en el centro de su campaña la amenaza de paralización institucional. Si no cuenta con mayoría absoluta, advierte, quedarían bloqueadas las oposiciones públicas, las ayudas a agricultores y ganaderos y los incentivos fiscales a las empresas. La izquierda rechaza el argumento y lo califica de chantaje. El papel de Vox en la aritmética postelectoral sigue sin resolverse.
Juan Manuel Moreno lleva semanas construyendo su campaña sobre una sola premisa: que él es la única garantía de estabilidad para Andalucía y que cualquier otro escenario conduce al bloqueo. El candidato del Partido Popular (PP) a la reelección como presidente de la Junta ha enumerado en distintos foros las consecuencias concretas que, según él, tendría no obtener la abstención suficiente para ser investido: la parálisis de las oposiciones públicas que están previstas, la suspensión de las ayudas diarias que reciben sectores como el agrario, el ganadero y el pesquero, y la imposibilidad de poner en marcha los incentivos económicos para las empresas que se encuentran en preparación. El objetivo declarado de Moreno es alcanzar la mayoría absoluta —55 de los 109 escaños del Parlamento andaluz—, pero su equipo trabaja también con la hipótesis de que esa cifra no se alcance y de que sea necesario un acuerdo de abstención que le permita ser investido.
La estrategia tiene una lógica interna precisa. Moreno gobierna desde 2018 con un perfil de gestión moderada que le ha granjeado respaldo en sectores ajenos al centroderecha tradicional. Esa imagen de solidez institucional es el principal activo de su candidatura y el argumento central de su campaña, resumida en conceptos que su equipo repite con disciplina: «estabilidad», «seguridad», «certidumbre» y «crecimiento». El problema es que la táctica del «yo o el caos» tiene un coste inherente: convierte cada ejemplo de paralización potencial en un argumento que sus rivales pueden interpretar, y están interpretando, como presión sobre el electorado antes que como advertencia institucional legítima.
La amenaza de la abstención como argumento electoral
Moreno ha deslizado en un foro de Nueva Economía que no buscaría un pacto de coalición con Vox, sino una abstención que le permitiera ser investido. La formulación es relevante porque marca distancia respecto a los acuerdos que el PP ha suscrito con la formación de Santiago Abascal en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde sí se formalizaron gobiernos de coalición. En Andalucía, Moreno ha optado por presentar esa diferencia como una línea roja propia: «Hay propuestas irreales y otras, ellos creen que les funciona», señaló en referencia a la llamada «prioridad nacional» que Vox impulsa como condición para cualquier acuerdo de gobernabilidad.
La candidata socialista, María Jesús Montero, respondió en una entrevista en la cadena 7TV con una réplica que apunta directamente a la estrategia de Moreno. «Es un chantaje en toda regla: o ustedes me votan a mí o no saco adelante la convocatoria de plaza para que la gente estabilice su empleo», afirmó. «Parece tremendo. Y haberse convertido en un poder absoluto en Andalucía donde o manda él o aquí no ocurren las cosas», añadió Montero, que situó el argumento de la parálisis institucional como síntoma de una cultura democrática que, a su juicio, Moreno ha ido construyendo a lo largo de dos legislaturas.
La izquierda replica con la acusación de chantaje
Los partidos de izquierda coinciden en su lectura del mensaje de Moreno, aunque no han logrado articular entre ellos una competencia dialéctica de mayor intensidad. Antonio Maíllo, candidato de la coalición Por Andalucía, tachó al presidente andaluz de «insensible» por hacer de la seguridad vital de los ciudadanos un argumento electoral. «Las elecciones se ganan con propuestas, no con chantaje», declaró Maíllo, que advirtió de que Moreno estaba «atravesando una línea peligrosa en la cultura democrática andaluza». El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, utilizó un lenguaje más directo: «Decirle a la gente que o votan al PP o las oposiciones peligran, o las ayudas peligran, o las subvenciones peligran, eso es un chantaje y una absoluta falta de vergüenza», afirmó.
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) sumó su voz a las críticas, mientras que la campaña de las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero no ha generado ruido apreciable en Andalucía. Los reproches de la izquierda tienen, sin embargo, un problema estructural: si los distintos partidos del bloque progresista no logran concentrar el voto en torno a una candidatura con opciones reales, la dispersión puede acabar beneficiando exactamente el escenario que Moreno presenta como deseable para él. La fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE sigue siendo uno de los factores que más favorecen al candidato popular.
El problema sin resolver de Vox
El flanco más incómodo de la campaña de Moreno no proviene de la izquierda, sino de la aritmética interna del espacio conservador. El presidente andaluz sigue sin aclarar qué ocurrirá si los votos de Vox resultan imprescindibles para formar gobierno, y la formación de Abascal no ha abandonado sus exigencias. Desde Almuñécar, en Granada, Abascal apenas ha reaccionado a las críticas internas de Moreno sobre la «prioridad nacional», una consigna que el PP andaluz ha calificado de «eslogan hueco» pero que Vox sigue impulsando como condición para cualquier acuerdo.
Moreno ha intentado desactivar el debate apelando a una lectura propia de la política migratoria: ha defendido desplazar a los migrantes sin papeles en el acceso a los servicios públicos hacia quienes tienen ese derecho según la Constitución, los estatutos de autonomía y las leyes de desarrollo. «Está la ley de extranjería y todo lo que sea vulnerar esa ley no lo vamos a hacer nunca», afirmó, antes de reivindicar una inmigración que prime «el orden y la integración». La fórmula le permite marcar distancia retórica con Vox sin romper con el electorado conservador que comparte parte de ese diagnóstico. Si la mayoría absoluta no se materializa el 17 de mayo, esa distancia retórica será insuficiente para evitar la negociación que Moreno lleva meses intentando mantener fuera del debate.
