España negocia con 22 países la repatriación de los 133 pasajeros del MV Hondius, el crucero de lujo en el que han muerto tres personas por hantavirus y que está previsto que fondee este domingo frente a Granadilla de Abona, en Tenerife. Los trabajadores del recinto portuario denuncian falta de información y protocolos claros, y amenazan con bloquear las instalaciones. El Gobierno asegura que la situación está bajo control.
El Gobierno español afronta una operación logística y sanitaria sin precedentes en torno al crucero MV Hondius, cuya llegada a las aguas exteriores del puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, está prevista para este domingo al mediodía. A bordo viajan 133 pasajeros de 22 nacionalidades y una tripulación cuya composición incluye un número significativo de filipinos, cuya repatriación resulta especialmente compleja por la dimensión de ese colectivo. El Ministerio de Exteriores, el de Transportes, el de Interior y el de Sanidad trabajan en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades europeas para establecer los protocolos de desembarco, cuarentena y desinfección del navío. Los 14 pasajeros españoles serán trasladados en avión militar a Madrid para realizar cuarentena en el Hospital Gómez-Ulla.
La principal incógnita no es sanitaria sino diplomática. Para los pasajeros cuyos países de origen ya tienen preparados los transportes de repatriación, el proceso será más rápido. España negocia en paralelo con los demás en una «fase final de negociación para los traslados», según explicó Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias. Los países de la Unión Europea (UE) y los adheridos al mecanismo europeo de protección civil suman 41 personas. Entre los Estados con los que la negociación es más compleja figuran Estados Unidos, con 17 pasajeros, y Gran Bretaña, con 19 pasajeros y cuatro tripulantes, que ya han mostrado disposición a enviar aviones propios.
La repatriación, país a país
El protocolo prevé que los pasajeros sean recogidos en lanchas que los trasladarán de persona a persona en grupos de cinco. El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, reconoció que este sistema de traslado supone una dificultad logística añadida, aunque sin alterar el riesgo en términos de salud pública. «Serán rondas más lentas, pero tampoco iban a bajar las 140 personas a la vez», señaló Gullón. En tierra, los vehículos serán puestos a disposición por la naviera, pero estarán «supervisados y custodiados por el Gobierno», según Barcones, que precisó que el personal que los traslade tomará todas las medidas de seguridad para no infectarse. Los pasajeros serán trasladados desde el muelle al aeropuerto del sur de Tenerife en un trayecto de aproximadamente diez minutos.
Una cuestión crítica que el Ministerio de Sanidad estudia todavía es cuánto tiempo deberán permanecer los pasajeros sin contacto con otras personas antes de poder volar a sus países. El hantavirus de los Andes, la variante detectada en el crucero, puede estar incubándose hasta 45 días, aunque el período de contagio del virus durante esa fase es muy improbable si la persona no tiene síntomas. «Tenemos que valorarlo según el período de incubación, cuando es más probable que se produzcan síntomas, para no alargar el tiempo que desde el punto de vista de la salud pública pueda ser necesario», explicó Gullón.
El conflicto en el puerto
Mientras el Gobierno coordina la operación de repatriación, los trabajadores de los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Granadilla han elevado el tono de sus protestas. El sindicato de Trabajadores por los Puertos de Tenerife convocó una concentración para este viernes ante el Parlamento de Canarias. La organización, que representa a unos 400 trabajadores de ambos recintos, denuncia desde hace días lo que describe como «desinformación» por parte del Gobierno y de todos los actores implicados. Su portavoz, Elena Ruiz, describió la situación como «una creciente tensión entre las plantillas» y aseguró que el teléfono del sindicato «está bloqueado» por las llamadas de trabajadores que expresan su preocupación.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, el sindicato mayoritario en los puertos de posible afectación, lanzó un comunicado en el que aseguraba que «no apoya ni incentiva ningún tipo de movilización, paralización de la actividad portuaria, ni concentración». No todos los trabajadores piensan igual: Ruiz sostiene que la preocupación es generalizada y que «estamos todos con mucho miedo». La organización entregó hace dos días un comunicado formal a la Autoridad Portuaria solicitando medidas y un protocolo claro, pero no ha recibido respuesta. «¿Clavijo se queja de que Pedro Sánchez no le contesta? A nosotros no nos contesta Pedro Suárez», el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, denunció Ruiz.
El protocolo sanitario pendiente
El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife confirmó que recibieron a mediados de la mañana del martes «una solicitud de un consignatario» para el atraque del barco. «El procedimiento nos dice que hay que hacer un informe preceptivo junto a capitanía marítima para que demos esta autorización», señaló. Añadió que no tomará ninguna decisión sin un informe previo de Sanidad Exterior y Capitanía Marítima, y descartó presiones externas: «Podré recibir presiones de cualquier tipo, pero, desde luego, la última decisión la tomo yo», cerró.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Fernando Clavijo, recalcó en un acto celebrado dos días antes del fondeo previsto que los migrantes iban a «necesitar la ayuda profesional, experta y especializada» de los letrados, en una declaración que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones rechazó. El Gobierno insiste en que la situación está controlada y que los protocolos se ajustan tanto a los estándares de la OMS como a los del Ministerio de Sanidad. Lo que la llegada del MV Hondius pone a prueba, sin embargo, no es solo la capacidad sanitaria del sistema, sino la coordinación entre administraciones en una crisis que combina presión diplomática, alarma laboral y gestión de una enfermedad cuya variante andina tiene una tasa de mortalidad del 38%.
