El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acusó al Ejecutivo central de actuar con «falta de lealtad y transparencia» en la gestión del traslado del crucero MV Hondius a las islas, mientras el Gobierno lo tildó de «irresponsable» e «insolidario». El Partido Popular exigió que Pedro Sánchez asuma personalmente el mando de la crisis. La tensión entre ambos ejecutivos recrudeció una emergencia sanitaria que ya suma tres muertos y ocho infectados.
La llegada del crucero antártico MV Hondius a Canarias, donde se ha registrado el brote de hantavirus con tres muertes y ocho contagios confirmados, desató un enfrentamiento político entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico antes de que el barco pusiera proa a las islas. El presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, inició la tensión desde Bruselas, donde se encontraba con actividad oficial, en una ronda de declaraciones en medios en las que acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «falta de lealtad y transparencia» en la gestión del operativo.
Clavijo especuló públicamente con la posibilidad de que el virus sea una variante muy contagiosa, algo que el Gobierno consideró una irresponsabilidad. El Ejecutivo central estima que el presidente canario está siendo «un irresponsable al generar miedo» cuando toda la operación está siendo dirigida por la OMS, organismo que solicitó a España poner a disposición un puerto. Clavijo reclamó además una reunión urgente con Sánchez. El presidente del Gobierno cruzó mensajes con él pero evitó, según fuentes del Ejecutivo, entrar en el enfrentamiento directo con el mandatario canario.
Clavijo abre el frente desde Bruselas
El Ejecutivo central respondió con dureza a la postura canaria. El Gobierno ve la posición de Clavijo como un intento de impedir el atraque del barco en las islas, una actitud que tilda de «populista» e «insolidaria» en una crisis en la que hay 14 ciudadanos españoles a bordo. Sánchez convocó una reunión en La Moncloa con los ministerios de Sanidad, Interior, Política Territorial y Transportes, tras la cual se tomaron las decisiones sobre el traslado del Hondius y la distribución de todos los pasajeros y tripulantes a Madrid o a sus países de origen.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, invocó en esa reunión las razones humanitarias, las obligaciones legales del Reglamento Sanitario Internacional —en concreto su artículo 44— y los convenios de la Organización Marítima Internacional para defender la decisión. El ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, fue más directo: «Tenemos el deber moral de ayudarles. Pero, además, la legalidad internacional y española nos obliga a ello», afirmó. Torres también subrayó la superioridad de las instalaciones canarias frente a las de Cabo Verde.
El Gobierno defiende la gestión
El Ejecutivo insistió en que acoger el barco en Canarias es una obligación, no una opción. Fuentes gubernamentales recordaron que España recibió un mandato de la OMS y una petición de la Unión Europea (UE), y que además hay 14 ciudadanos españoles a bordo. El plan garantiza que ninguno de ellos permanecerá en las islas: todos serán enviados a Madrid y cumplirán cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla. Los extranjeros asintomáticos serán repatriados directamente desde Canarias a sus respectivos países.
La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió que España aceptó la operación porque la OMS determinó que Canarias era el puerto seguro más cercano en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. «Canarias y España reúnen las condiciones de desembarco en condiciones de seguridad y también de protección de la salud», afirmó García, que subrayó que el Gobierno canario ha estado informado en todo momento. Clavijo rechazó esa afirmación y reiteró que no había recibido información detallada sobre cómo se iba a ejecutar el operativo.
El PP suma presión desde la oposición
La crisis sanitaria se convirtió también en munición para el Partido Popular (PP), que gobierna en Canarias en coalición con Clavijo. El vicesecretario general del PP, Elías Bendodo, afirmó en un acto público que la formación «no confía en la capacidad de gestión de la ministra de Sanidad» y exigió al presidente del Gobierno que se ponga «al frente» de la emergencia. Bendodo calificó la gestión de «un desastre» e incidió en que «este es un tema grave donde no se puede fallar». El PP también criticó lo que describió como «confusión constante» del Ejecutivo en su comunicación sobre el hantavirus.
La batalla tiene además una lectura territorial. Clavijo se quejó de que el Gobierno central está tomando decisiones sobre las infraestructuras y el territorio canario sin contar con el Ejecutivo autonómico. El Gobierno, en cambio, sostiene que la decisión de dirigir el barco a Canarias fue tomada por la OMS y que se trata de una obligación que no puede desobedecerse. Fuentes del Ejecutivo subrayaron que la OMS concluyó que Cabo Verde no dispone de instalaciones ni de preparación adecuada, lo que convierte a las islas en la única opción viable en el entorno geográfico.
El Ejecutivo anunció que el operativo contará con el apoyo del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y el mecanismo europeo de protección civil, ya activado. Sánchez dejó la respuesta pública a Clavijo en manos de sus ministros. El episodio reedita un patrón recurrente en la relación entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos ante emergencias: la distribución de competencias y el control de la comunicación pública se convierten con frecuencia en campo de disputa antes de que la crisis haya concluido.
