La ministra de Defensa, Margarita Robles, intervino en los Foros de Vanguardia para reivindicar el aumento del gasto militar español como expresión de soberanía europea, no de militarismo. Rechazó el 5% del PIB que exige Washington y apostó por una Europa capaz de protegerse sin depender de la tutela estadounidense. La OTAN advierte, sin embargo, que el 2% alcanzado por España no basta para cubrir sus objetivos reales de capacidades operativas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió este miércoles el aumento del gasto militar como una herramienta para preservar la estabilidad en un entorno marcado por la guerra de Irán, la presión rusa sobre el flanco oriental de Europa y el retroceso del compromiso de Washington con la seguridad del continente. Durante su intervención en los Foros de Vanguardia, la titular de Defensa situó a España como un «polo de seguridad» comprometido con el sistema multilateral basado en normas y rechazó que el incremento de la inversión responda a ninguna lógica belicista.
España alcanzó en 2025 el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) comprometido con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con un presupuesto de defensa que supera ya los 34.000 millones de euros —frente a los cerca de 8.000 millones de partida al comienzo del ciclo político—. Ese crecimiento acumulado desde 2014 sitúa al país por primera vez en el grupo de los diez aliados de la Alianza que más han aumentado su inversión. Robles contrapuso esa trayectoria a la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de elevar el gasto hasta el 5% del PIB, cifra que el Gobierno rechaza por sus consecuencias sobre el Estado de bienestar. «Invertir en defensa es invertir en paz, en seguridad y en puestos de trabajo», afirmó la ministra.
La doctrina de la autonomía estratégica
El núcleo del argumento de Robles fue la necesidad de que Europa abandone la dependencia histórica de la tutela militar de Estados Unidos. La ministra recordó que «durante mucho tiempo se ha pensado que papá Estados Unidos velaba por Europa», una lógica que el giro estratégico de la administración Trump ha dejado sin sustento. En su lugar, apostó por una Unión Europea (UE) capaz de autoprotegerse sin renunciar al vínculo transatlántico, reforzando su tecnología, su industria y su capacidad de actuación sin complejos. El repliegue de tropas estadounidenses de Alemania, mencionado por Robles, ilustra el alcance práctico de ese giro hacia el Indo-Pacífico.
La posición de la ministra se enmarca en la línea de conducta mantenida desde el inicio de la guerra de Irán. España cerró su espacio aéreo a los aviones militares de Estados Unidos vinculados a la Operación Furia Épica y bloqueó el uso de las bases de Rota y Morón de la Frontera para operaciones ofensivas, invocando el convenio bilateral de 1988. Para Robles, esa decisión es la expresión práctica de una política que rechaza las guerras de agresión sin respaldo del Derecho Internacional, y la respuesta española al conflicto ha reforzado entre sectores del espacio progresista europeo la imagen de Madrid como referencia de una defensa soberana y no subordinada.
La amenaza rusa como eje del argumento
La amenaza de Rusia ocupó buena parte de la intervención. Robles describió el conflicto en Ucrania como un «empate infinito» tras más de cuatro años de guerra y advirtió de que el presidente Vladimir Putin representa un riesgo para el conjunto de la UE, no solo para Kiev. Mencionó de forma explícita la presión que ejercen las fronteras rusas sobre Estonia, Letonia, Lituania y Moldavia, y subrayó que la resistencia de Ucrania constituye la primera línea de defensa de los valores democráticos europeos. Defender a Kiev, en ese marco, implica para Robles reconocer la vulnerabilidad propia del continente.
El escenario descrito por la ministra no está exento de tensión dentro de la propia Alianza. Javier Colomina, responsable de Seguridad de la OTAN, admitió en el Foro Industria de Defensa celebrado en Madrid en marzo que «lo esencial es que las capacidades, los objetivos de capacidades, se hayan cumplido», pero advirtió que los nuevos estándares de la Alianza no serán alcanzables sin un gasto en el entorno del 3,5% del PIB. España, que acaba de alcanzar el 2%, cumple formalmente el mínimo exigido pero permanece por debajo del umbral que la OTAN considera necesario para sus compromisos operativos reales.
El rearme y su impacto industrial
El aumento del gasto tiene una derivada económica que Robles también subrayó. El sector emplea en España más de 200.000 personas entre puestos directos e indirectos: alrededor de 100.000 vinculados a la industria y más de 120.000 militares en activo. Empresas como Navantia, Indra, Airbus y Santa Bárbara Sistemas integran un ecosistema que combina innovación aeronáutica, ciberseguridad y telecomunicaciones. Buena parte de las tecnologías desarrolladas para uso militar encuentran además aplicación civil, lo que amplifica el impacto del rearme más allá del propio sector.
La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, confirmó ante el Congreso de los Diputados en marzo que el Gobierno mantendrá en 2026 el compromiso del 2% del PIB, con un crecimiento «muy importante» en términos absolutos ligado a la expansión de la economía española. «Cuando los países disponen de medios suficientes para garantizar su seguridad, disminuye la probabilidad de confrontación», afirmó Valcarce. El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado en abril de 2025, prevé una inversión adicional de más de 10.000 millones de euros y orienta el gasto hacia modernización, tecnología y renovación de material.
La intervención de Robles condensa la postura del Gobierno en un momento en que la política de defensa ha pasado al centro del debate político español. Madrid reivindica su condición de aliado serio y fiable en la OTAN, pero su negativa a elevar el gasto hasta el 5% exigido por Washington y su distanciamiento de la Operación Furia Épica la sitúan en una posición singular en el seno de la Alianza. El Partido Popular comparte en líneas generales el objetivo del 2% del PIB, pero ha cuestionado la gestión de la relación con Washington durante la crisis de Irán como factor que erosiona la posición española ante sus aliados.
