El exministro de Transportes José Luis Ábalos compareció este lunes ante el Tribunal Supremo como principal acusado en el juicio por la compra de mascarillas durante la pandemia. Ábalos sostuvo haber dado la «orden política» de adquirir 13 millones de unidades para crear una reserva estratégica, pero negó haber impuesto a Soluciones de Gestión, empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, como proveedora de la operación.
El exministro de Transportes José Luis Ábalos compareció este lunes ante el Tribunal Supremo como principal acusado en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia, conocido como caso Mascarillas. En su declaración, Ábalos justificó la adquisición de 13 millones de unidades por «la necesidad de generar una reserva estratégica» y defendió el fundamento de la decisión: la emergencia sanitaria de 2020 exigía actuar con la máxima urgencia, al margen de los procedimientos ordinarios de contratación pública que rigen en condiciones normales.
La defensa del exministro se articuló sobre una distinción central: él dio la «orden política» de asegurar el suministro, pero la ejecución —y en particular la elección del proveedor— correspondía a Puertos del Estado y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), los dos organismos dependientes de su ministerio a quienes se encomendó la operación. Puertos del Estado gestionó ocho millones de unidades y Adif los cinco millones restantes. Ábalos subrayó que ambos entes actuaban en plena capacidad como órganos de contratación y afirmó: «no he formado parte de ningún órgano de contratación».
La orden política y sus límites
El exministro fue explícito al deslindar sus atribuciones de las de los organismos contratantes: «Tienen el mandato de comprar, pero no el de contratar con nadie en concreto». Si Puertos del Estado y Adif no consideraban convincente la propuesta de Soluciones de Gestión, empresa de material sanitario vinculada a Aldama, «podían haber cogido otra», según Ábalos. En su relato, la decisión de contratar con esa compañía fue adoptada de forma autónoma por los propios organismos, que valoraron los riesgos financieros de adelantar fondos y la confianza relativa que les generaba cada oferta recibida.
Sobre su conocimiento del proceso de selección, el exministro aseguró no haber visto «ninguna» de las propuestas presentadas y solo tener noticia de que hubo varias, hasta «cuatro coetáneas» a la de Soluciones de Gestión, extremo del que fue informado por su asesor Koldo García, también acusado en el procedimiento. El exministro explicó que el subsecretario de su ministerio había sugerido recabar más ofertas para que «quedara bien» ante una eventual revisión, aunque la legislación de emergencia entonces vigente no exigía formalmente esa concurrencia.
Aldama, las ofertas y lo que Ábalos dice no saber
Sobre su relación con el empresario Aldama, el exministro negó haber mantenido conversaciones con él antes de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión, aunque admitió que era «probable» que supiera que el empresario estaba buscando material sanitario. Ábalos relativizó el peso de ese conocimiento: en el contexto de emergencia de 2020, la actividad de cualquier intermediario que facilitara suministros se interpretaba «casi como una ayuda». Precisó que Koldo García, y no él, era quien mantenía el contacto directo con Aldama durante aquel periodo de máxima presión sanitaria.
El exministro concretó el alcance de sus interlocuciones internas al señalar que «este tema solamente lo despaché con el subsecretario, con nadie más». En esa conversación, el subsecretario le informó de que, pese a que la ley no imponía concurrencia en situaciones de alarma, sería conveniente contar con más de una oferta. Ábalos dijo estar «convencido» de que al menos algunas propuestas alternativas existieron. Su posición ante el tribunal fue la de un político que tomó una decisión de urgencia y delegó íntegramente los aspectos técnicos y contractuales en los organismos competentes.
El contexto procesal
La declaración del exministro se produce en un juicio que la Fiscalía Anticorrupción ha sustentado en parte en las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los investigadores detectaron movimientos financieros que apuntan a vínculos entre el entorno de Ábalos y el empresario Aldama, y la acusación sostiene que la «orden política» del exministro no fue neutral sino orientada a beneficiar a una empresa concreta. Ese es el núcleo del delito de prevaricación por el que responde ante el Supremo, y en torno al cual se articula el choque entre la defensa y las acusaciones.
El marco excepcional de la pandemia es el terreno en el que la defensa busca su mayor ventaja. El estado de alarma declarado en marzo de 2020 y la legislación de emergencia vigente entonces permitían la contratación directa sin licitación, lo que dificulta demostrar que el procedimiento fue formalmente ilegal. La defensa insiste en que la preselección de proveedores «se podía hacer perfectamente y es legal» dentro de ese marco. La acusación, por su parte, deberá acreditar que, pese a la excepcionalidad, hubo intención de favorecer a un proveedor determinado por razones distintas al interés público.
El juicio continuará en las próximas semanas con nuevas declaraciones. Junto a Ábalos responden ante el Tribunal Supremo Koldo García y Víctor de Aldama, mientras otros investigados en el caso Koldo afrontan procedimientos paralelos. La declaración de este lunes es el primer examen público del exministro ante sus jueces, y el relato que ha ofrecido —el de un político que tomó una decisión de urgencia sin intervenir en la contratación— dibuja la línea de defensa que sostendrá durante el resto de un proceso cuya resolución definirá uno de los capítulos más delicados de la reciente historia política española.
