La oficina europea de Transparencia Internacional presentó el 24 de abril una denuncia formal ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude contra Philip Claeys, secretario general del grupo de extrema derecha Patriotas por Europa, por su presunta responsabilidad en el desvío de 4,3 millones de euros de fondos comunitarios durante su etapa al frente del grupo predecesor, Identidad y Democracia. La Fiscalía Europea ya investiga el caso en vía penal desde julio de 2025.
La oficina europea de Transparencia Internacional (TI) presentó el 24 de abril una denuncia formal ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) contra Philip Claeys, secretario general del grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo. La denuncia le atribuye la responsabilidad directa sobre el presunto desvío de 4,3 millones de euros de fondos comunitarios durante la etapa en que Claeys ejerció el mismo cargo en el grupo de extrema derecha Identidad y Democracia (ID), disuelto en 2024 y predecesor institucional de los Patriotas.
El importe exacto de los presuntos usos irregulares asciende a 4.333.635 euros, según establecieron los servicios financieros del Parlamento Europeo en una auditoría interna cuyos resultados revelaron los diarios Le Monde y Die Zeit. Los hechos abarcan el periodo 2019-2024. La Fiscalía Europea (EPPO) había abierto ya una investigación penal sobre el mismo caso el 8 de julio de 2025. La denuncia de TI ante la OLAF es un paso de naturaleza administrativa, complementario a esa vía criminal en curso.
Philip Claeys y el presupuesto de la ultraderecha
Philip Claeys fue secretario general de Identidad y Democracia durante los cinco años que el grupo operó con recursos del Parlamento Europeo, lo que le convertía en el responsable directo de la autorización y validación de todos sus gastos. Ese mismo cargo ocupa hoy en Patriotas por Europa, que integra partidos como la Agrupación Nacional (RN) francesa, La Liga italiana, el Fidesz de Viktor Orbán y el español Vox. Este último no era miembro de ID, sino que se incorporó exclusivamente al grupo Patriotas, donde Santiago Abascal ostenta la presidencia oficial.
Los fondos presuntamente malversados se habrían canalizado a través de tres vías principales, según la documentación que TI ha puesto en conocimiento de la OLAF: contratos de servicios ficticios, procedimientos de contratación irregulares y donaciones a agrupaciones externas vinculadas a dirigentes de la extrema derecha continental, entre ellas la propia Marine Le Pen. Esta última fue condenada en 2025 por la Justicia francesa a cuatro años de prisión por la malversación de más de cuatro millones de euros en fondos del Parlamento, en un procedimiento distinto al de Claeys pero con una lógica de uso partidista de recursos públicos comparable.
La reacción institucional y las demandas de TI
Nick Aiossa, director de la oficina de Transparencia Internacional en Bruselas, calificó de «inacción extraordinaria» la actitud del Parlamento Europeo ante los hallazgos de la auditoría interna. El organismo anticorrupción denuncia que Claeys no solo no ha recibido consecuencia disciplinaria alguna, sino que se le ha permitido mantener su autoridad sobre un presupuesto aún mayor al frente de Patriotas por Europa. Para TI, esa situación resulta «inexplicable» y equivale, en su propio diagnóstico, a negligencia institucional antes que a mera indulgencia de un empleador.
Las demandas del organismo son dobles. Por un lado, piden a la OLAF que abra una investigación complementaria a la ya iniciada por la Fiscalía Europea, con el argumento de que ambos organismos tienen competencias distintas y que la vía administrativa puede actuar con mayor celeridad que la penal. Por otro, exigen que la Eurocámara retire a Claeys cualquier potestad sobre la gestión presupuestaria del grupo mientras el caso no esté resuelto. La OLAF confirmó que estaba examinando la información recibida pero no ha abierto aún ninguna investigación formal.
La respuesta de los acusados y el marco institucional
Philip Claeys ha negado cualquier irregularidad en su gestión. En declaraciones al diario Le Monde, el secretario general de Patriotas por Europa aseguró que todos los pagos realizados en los últimos cinco años fueron «debidamente facturados, justificados y controlados». El grupo Patriotas calificó el dictamen que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento (CONT) emitió sobre el caso en septiembre de 2025 de «caza de brujas infundada». Ese dictamen sugería que Patriotas podía ser considerado responsable de las deudas de ID bajo la doctrina de la continuidad económica.
El margen de actuación del Parlamento Europeo tiene, no obstante, límites institucionales reales. La administración de la cámara no puede suspender ni despedir a Claeys, dado que su empleador es el propio grupo político, no la institución. La decisión sobre si exigir responsabilidades a Patriotas por las deudas contraídas por Identidad y Democracia recae en la Mesa del Parlamento, compuesta por la presidenta Roberta Metsola, 14 vicepresidentes y cinco cuestores. El argumento jurídico clave es si existe entre ambos grupos continuidad económica suficiente para trasladar esa deuda.
El caso ha reavivado el debate en Bruselas sobre los mecanismos de control del gasto de los grupos parlamentarios. La OLAF deberá decidir en los próximos días si abre o no una investigación formal sobre la denuncia de Transparencia Internacional. Entre tanto, la Mesa del Parlamento tiene sobre la mesa la decisión de aplicar la continuidad económica para recuperar los fondos malversados, un mecanismo sin precedentes en la historia reciente de la Eurocámara que podría sentar jurisprudencia sobre la responsabilidad financiera de los grupos políticos europeos.
