Los sindicatos mayoritarios presentaron este 1 de mayo un programa de seis exigencias que condensan las transformaciones pendientes en el mercado laboral español. Desde la reducción de la jornada hasta el Estatuto del Becario, cada punto expone los límites de los avances ya conseguidos y los obstáculos parlamentarios que frenan los pasos siguientes.
El 1 de mayo de 2026 llega con más de 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, la mejor cifra desde 2007, y con un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha crecido un 66% desde 2018 hasta los 1.221 euros mensuales. Los datos del mercado laboral son los mejores en dos décadas, y la reforma laboral de 2022 redujo la temporalidad en el sector privado hasta niveles no registrados desde los años noventa. Los sindicatos, sin embargo, consideran que los avances no han llegado con igual intensidad a los trabajadores más vulnerables, y presentaron este viernes en toda España una agenda de reformas pendientes que el actual mapa de mayorías parlamentarias dificulta completar antes de 2027.
Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), los dos grandes sindicatos del país, eligieron Málaga como sede del acto central de la jornada. Unai Sordo, secretario general de CCOO, sintetizó las prioridades de la movilización: «Hay derechos que conquistar, salarios que subir, servicios públicos que reforzar». El programa sindical se articula en seis grandes ejes, todos con proyectos legislativos en curso o en debate, y todos con obstáculos que la aritmética del Congreso convierte en difíciles de superar en lo que resta de legislatura.
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La jornada laboral: 43 años con el mismo límite
La semana laboral de 40 horas máximas lleva vigente en España desde 1983, cuando el Estatuto de los Trabajadores aprobado tres años antes entró en vigor. En las últimas décadas, países como Francia y Australia han reducido ese techo sin que la evidencia apunte a efectos negativos significativos sobre el empleo o la productividad. El actual Gobierno de coalición intentó situarlo en 37 horas y media, pero el proyecto fue tumbado en el Congreso con los votos del Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya (JxCat), dejando a más de 12 millones de trabajadores sin la mejora anunciada.
La aspiración sindical va más lejos de las 37,5 horas propuestas: CCOO y UGT fijan su objetivo en 35, y la Confederación General del Trabajo (CGT) plantea incluso 30. Desde el PSOE, el secretario de Trabajo, Alejandro Soler, rechaza que la posibilidad esté descartada: «Vamos a seguir trabajando para que salga adelante». La perspectiva que ofrecen las encuestas para la próxima legislatura, sin embargo, no favorece esa hipótesis si el bloque parlamentario de la derecha mantiene su actual capacidad de bloqueo, y los plazos para abrir un nuevo ciclo de negociación son ajustados.
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La reforma del despido: indemnizaciones bajo presión europea
La indemnización por despido improcedente en España es de 33 días por año trabajado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido sentencias en las que califica esa cuantía de «insuficiente» respecto a los estándares del derecho comunitario. Los sindicatos reclaman tres cambios simultáneos: aumentar las indemnizaciones hasta que actúen como desincentivo real ante los despidos arbitrarios, recuperar los salarios de tramitación (el sueldo que el empleado deja de percibir mientras dura el litigio) y reconocer el derecho a la readmisión cuando el trabajador así lo solicite.
La inestabilidad que genera el despido fácil se combina con una precariedad salarial que tampoco ha encontrado solución en la presente legislatura. Oskar Matute, portavoz de EH Bildu en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, describe la situación de amplios sectores de la clase trabajadora como la de quienes viven permanentemente «atenazados» por la incertidumbre sobre su futuro laboral. La reforma del despido no figura en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar y carece de mayoría parlamentaria suficiente para avanzar antes del final de la legislatura.
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Los salarios y la inflación: avances que la crisis puede revertir
El SMI ha crecido un 66% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Pese a ese avance, los trabajadores del primer decil de ingresos (el 10% con rentas más bajas) solo mejoraron su renta disponible real un 7,9% entre 2017 y 2023, según el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dado que la inflación absorbió casi toda la ganancia nominal. En los deciles intermedios, el efecto erosionador de los precios fue menor en términos relativos, pero el poder adquisitivo ha vuelto a deteriorarse desde el inicio de la guerra de Irán, que disparó la inflación de marzo hasta el 3,3%.
«Ahora lo que hay que hacer es subir los salarios», ha advertido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que no renuncia a negociar una nueva subida del SMI a mediados de año si la evolución del conflicto bélico y su traslación a los precios lo justifican. La posición sindical apunta a que los incrementos pactados en convenio colectivo no basten para compensar el encarecimiento acumulado del coste de vida, especialmente en los segmentos de renta más baja, donde la vivienda y la energía representan la mayor parte del gasto familiar.
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La vivienda: de derecho constitucional a emergencia social
El manifiesto conjunto de CCOO y UGT para el 1 de mayo de 2026 define la vivienda como «una emergencia social». El artículo 47 de la Constitución española reconoce el derecho a una vivienda digna desde 1978, pero su aplicación efectiva sigue siendo deficitaria. La Ley de Vivienda de 2023 no ha logrado contener los precios en las zonas tensionadas, y la prórroga del escudo de alquileres fue rechazada en el Congreso con los votos del PP, Vox y JxCat, dejando sin protección a más de dos millones y medio de inquilinos.
Los datos revelan hasta qué punto el problema ha desbordado el ámbito de la reivindicación laboral para convertirse en una cuestión de bienestar básico. Solo alrededor del 15% de los jóvenes de entre 16 y 29 años está emancipado en España, según el Consejo de Juventud de España. Los sindicatos exigen la aplicación efectiva de la ley de vivienda, la ampliación del parque público de alojamiento y el abandono de la lógica especulativa en el mercado inmobiliario. Para la portavoz de Trabajo del grupo Sumar en el Congreso, Aina Vidal, el acceso a una vivienda asequible ha pasado a ser condición del empleo digno, no una cuestión separada.
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La precariedad estructural: los datos macro no lo cuentan todo
Los buenos indicadores macroeconómicos coexisten con bolsas de vulnerabilidad que las cifras agregadas no capturan. La Confederación General del Trabajo (CGT) estima que más de ocho millones de trabajadores, casi un tercio de la población activa, perciben ingresos anuales del trabajo por debajo del SMI. La tasa de temporalidad en el sector privado se redujo hasta el 12% tras la reforma laboral de 2022, pero en el sector público supera el 27%, una asimetría que la Unión Europea (UE) ha señalado en varios informes y que el Tribunal de Justicia comunitario ha vinculado a la necesidad de sanciones más disuasorias para las administraciones incumplidoras.
Los profesores de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, Mikel Barba y Jon Bernat Zubiri, señalan en un trabajo en preparación que la precariedad persistente afecta con especial intensidad a quienes trabajan a jornada parcial, a los subcontratados y a quienes prestan servicios a través de plataformas digitales. La huelga convocada en abril por los repartidores de Glovo a escala estatal ilustra que la ley de riders no ha resuelto los problemas estructurales del sector. Para el portavoz de Trabajo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Jordi Salvador, el diagnóstico no admite eufemismos: «Si hay niños pobres es que hay padres pobres».
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El Estatuto del Becario: una regulación pendiente de mayoría
Las prácticas en empresas son uno de los primeros puntos de contacto de los jóvenes con el mercado laboral y también uno de los más desregulados. El Gobierno presentó en marzo de 2026 el Estatuto del Becario, un proyecto de ley que actualmente avanza por el Congreso sin acuerdo entre los grupos parlamentarios. El texto fija un límite de 480 horas para las prácticas extracurriculares, la mitad de las 960 permitidas hasta ahora, establece criterios más exigentes para los periodos de descanso, elimina las guardias nocturnas para becarios y prohíbe que estos superen el 20% de la plantilla de una empresa.
El objetivo central de la norma es impedir que las prácticas funcionen como empleo encubierto sin cotizaciones ni derechos. El proyecto incluye además protocolos obligatorios contra el acoso y exige que los becarios dispongan de programas de formación propios, diferenciados de las tareas de los empleados en plantilla. Su aprobación depende de los mismos equilibrios parlamentarios que han bloqueado otras reformas laborales de la legislatura: la posición de JxCat y la actitud del PP marcarán si la norma puede completar su tramitación antes de las elecciones generales previstas para 2027.
