El pleno de las Cortes de Aragón otorgó este miércoles su confianza a Jorge Azcón para presidir la comunidad autónoma por segunda vez, con los votos del Partido Popular y de Vox. El pacto que sostiene la coalición incluye la denominada prioridad nacional, que establece preferencia de los ciudadanos españoles sobre los inmigrantes en el acceso a los servicios públicos, y el compromiso de aprobar cuatro presupuestos consecutivos hasta 2030.
Las Cortes de Aragón invistieron este miércoles a Jorge Azcón como presidente del Gobierno autonómico para la XII legislatura, en una votación que ratificó el pacto suscrito semanas atrás entre el Partido Popular (PP) y Vox. Los 40 votos favorables, 26 del grupo popular y 14 de la formación de extrema derecha, superaron la mayoría absoluta requerida sobre los 67 escaños de la Cámara. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Chunta Aragonesista (CHA), Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida (IU) votaron en contra. La presidenta de las Cortes, María Navarro, proclamó la investidura entre los aplausos de los dos partidos de la futura coalición.
Azcón compareció ante las Cortes con un discurso sensiblemente distinto al de su primer mandato. Donde tres años atrás había construido su exposición sobre el diálogo, el reformismo y el tendido de puentes con la oposición, en 2026 centró su programa en los agravios acumulados por Aragón en materia de financiación, infraestructuras e inmigración. Al término de la votación, el presidente reelegido declaró ante los medios que «ahora empieza la carrera» y agradeció a los votantes «la confianza de los aragoneses».
El acuerdo que lo hace posible
El respaldo de Vox no llegó sin condiciones. El acuerdo firmado a mediados de abril entre el PP y la formación ultraderechista liderada por Alejandro Nolasco en Aragón incluye dos compromisos centrales: la aplicación de la denominada prioridad nacional y la aprobación de cuatro presupuestos consecutivos entre 2027 y 2030. El segundo punto garantiza la estabilidad parlamentaria que la legislatura precedente no pudo sostener; entonces, Vox retiró su respaldo al proyecto presupuestario y forzó la convocatoria de elecciones anticipadas en diciembre, cuando Azcón gobernaba ya en solitario con el PP tras un primer año de coalición con esa misma formación.
Durante la sesión plenaria, Nolasco garantizó que su formación se mantendrá «firme y exigente» en el cumplimiento de los compromisos adoptados. El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón describió el inicio del mandato como el comienzo de un recorrido más largo. «Esto es el punto de partida», señaló, en un mensaje dirigido tanto a su base electoral como al socio de coalición. La coalición reserva a Vox la vicepresidencia del Ejecutivo aragonés y tres consejerías, cuyos titulares tomarán posesión junto al resto del Consejo de Gobierno el próximo lunes 4 de mayo en el Edificio Pignatelli de Zaragoza.
La prioridad nacional, en el centro del debate
La prioridad nacional es el punto más controvertido del convenio. Surgida en Extremadura como condición de Vox para investir a la popular María Guardiola, la fórmula establece un criterio de prelación por el que los ciudadanos de nacionalidad española tendrán acceso preferente sobre los inmigrantes en los servicios públicos y las ayudas sociales, incluida la sanidad. Nolasco subrayó ante el pleno que Vox no pedirá «perdón» por la medida y rechazó la contestación recibida con una declaración de carácter político: «No es odio, es justicia», afirmó ante los diputados aragoneses.
La iniciativa se enmarca en una tendencia que el PP ha ido consolidando en las comunidades autónomas donde necesita el voto de la ultraderecha para gobernar. Aragón es la segunda comunidad en adoptar de manera explícita la prioridad nacional, tras Extremadura, y su desarrollo normativo se producirá en las semanas posteriores a la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. La compatibilidad del mecanismo con el ordenamiento comunitario ha sido cuestionada por el Gobierno central, que trasladó la cuestión a la Unión Europea (UE) para que valorara su encaje legal.
La oposición y la lectura del PSOE
La principal voz opositora en el debate fue Pilar Alegría, candidata socialista a la presidencia del Gobierno aragonés y antigua ministra de Educación en el Gobierno central, que se estrenaba en las Cortes autonómicas bajo ese encargo. Alegría centró su argumentación en el coste político que supone para el PP la sujeción a Vox y denunció que, durante los 80 días transcurridos entre las elecciones del 8 de febrero y la firma del convenio, Azcón «no ha intentado en ningún momento abrir un diálogo con el PSOE».
La dirigente socialista rechazó el pacto con la ultraderecha, al que calificó de «un peaje político que se paga con derechos, convivencia y autogobierno». Alegría añadió que, aunque Azcón ganó las elecciones del 8 de febrero, «con este acuerdo ha perdido la presidencia política de Aragón», en alusión a la subordinación del Ejecutivo autonómico a los planteamientos de Vox. La portavoz subrayó también que la parálisis institucional vivida durante la legislatura anterior, que dejó a Aragón sin gobierno efectivo durante varios meses, no ha sido resuelta por la estrategia de adelanto electoral del candidato popular.La investidura de Azcón se produce mientras las elecciones andaluzas del 17 de mayo se consolidan como el principal termómetro político del ciclo nacional. El patrón que describe la alianza PP-Vox en Aragón, ya replicado en Extremadura, Castilla y León y otras comunidades autónomas, añade argumentos al debate sobre el precio que el conservadurismo español paga cuando necesita a la ultraderecha para sostenerse en el poder. El nuevo Consejo de Gobierno tomará posesión el lunes 4 de mayo, cuando los nueve consejeros del bipartito asuman sus carteras en el Edificio Pignatelli de Zaragoza.
