Pedro Sánchez descartó este miércoles una convocatoria anticipada de elecciones generales en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y fijó 2027 como fecha constitucional inamovible para los próximos comicios. El hemiciclo concentró también la réplica del PP sobre el juicio al exministro José Luis Ábalos y la tensión abierta con el PNV, cuyo portavoz parlamentario canceló una reunión en La Moncloa tras un tuit del PSOE vasco que su grupo calificó de falta de respeto.
El presidente del Gobierno respondió este miércoles en el Congreso de los Diputados a una pregunta del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Alberto Catalán, que exigía a Sánchez «reflexionar» y convocar elecciones anticipadas ante el deterioro de la mayoría parlamentaria. La respuesta fue rotunda: los comicios se celebrarán «como dice la Constitución, en tiempo y forma, en 2027». Sánchez aprovechó el turno para proyectar un mensaje de estabilidad y continuidad que contrasta con la creciente presión de sus socios parlamentarios y con la especulación política sobre una posible disolución anticipada de las Cortes.
El presidente añadió que «reflexiona y reflexiona» sobre la situación política y que de ese ejercicio extrae una conclusión favorable a la continuidad de su proyecto. Describió los años de Gobierno como un periodo de avances en transición energética y digital, creación de empleo y reducción de la desigualdad, logros que atribuyó al «compromiso del Gobierno con la clase media» española. Reconoció el «grave problema» de la vivienda, cuya solución exige, a su juicio, más tiempo y más política pública, no un cambio de Gobierno. Lo que España necesita, concluyó, son «ocho años más de Gobierno progresista».
El argumento del Ejecutivo ante 2027
La apuesta de Sánchez por agotar la legislatura responde a una lectura estratégica del momento político. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mantiene una ventaja significativa en las encuestas respecto al Partido Popular (PP), según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de abril, que otorga al partido gubernamental una estimación de voto cercana a los 36 puntos, con un margen de casi 13 puntos sobre el principal partido de la oposición. En ese contexto, el adelanto electoral no aparece como una necesidad urgente para el Ejecutivo, que prefiere completar el ciclo legislativo con los instrumentos disponibles.
La posición de Sánchez no evita, sin embargo, las dificultades reales de la mayoría. El rechazo al decreto de alquileres con los votos de PP, Vox y Junts per Catalunya evidenció la fragilidad del bloque de investidura, y la relación con varios socios atraviesa momentos de tensión declarada. El presidente mantiene que esas fricciones son compatibles con la gobernabilidad y que el horizonte de 2027 sigue siendo el marco de referencia de su acción política. La cita andaluza del 17 de mayo actuará, en todo caso, como primer termómetro real del ciclo antes de que ese horizonte se concrete.
Feijóo y el juicio a Ábalos
La sesión de control no se agotó en el debate sobre el adelanto electoral. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizó su intervención para vincular el juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos con la responsabilidad del Ejecutivo. «El juicio a Ábalos es al Gobierno de Sánchez», afirmó el dirigente conservador, en una formulación que el PP repite desde que arrancó el proceso judicial por el llamado caso de las mascarillas. La posición popular sostiene que la conducta investigada de Ábalos no es un caso aislado sino un reflejo de la cultura política del Ejecutivo, argumento que Sánchez rechaza y que el PSOE califica de instrumentalización judicial.
El cruce entre Sánchez y Feijóo en la sesión evidenció la distancia insalvable entre las lecturas del Gobierno y la oposición sobre el estado de la legislatura. Mientras el presidente reivindica la gestión y proyecta continuidad, el líder del PP insiste en que la suma de escándalos judiciales y la ruptura con los socios hacen insostenible el Ejecutivo. La mayoría parlamentaria, en todo caso, sigue siendo del bloque progresista en los votos determinantes, y Feijóo no dispone de aritmética suficiente para forzar una moción de censura con garantías de éxito.
La crisis con el PNV
El episodio más inmediato de tensión con los socios parlamentarios lo protagonizó este miércoles el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, canceló una reunión previamente prevista en La Moncloa después de que el PSOE vasco publicara en redes sociales un mensaje que el grupo jeltzale interpretó como una mofa hacia su posición política. El PNV exigió a Sánchez «respeto» como condición para mantener una relación de cooperación parlamentaria, en un aviso que llega en un momento delicado para el Ejecutivo.
La ruptura de tono con el PNV añade presión a un Gobierno que necesita los votos jeltzales en votaciones clave. El partido vasco ha apoyado en distintas ocasiones los presupuestos y otras iniciativas del Ejecutivo central, y su distanciamiento, aunque sea temporal y de naturaleza más gestual que estructural, recuerda la vulnerabilidad de una mayoría construida sobre equilibrios frágiles. Sánchez respondió a la exigencia de respeto del PNV sin entrar en el contenido del tuit, pero sus colaboradores admitieron en privado que el incidente no debió producirse. La sesión de este miércoles dejó así un retrato de un Ejecutivo que mira a 2027 con convicción declarada pero que gestiona el día a día en un terreno sembrado de obstáculos.
