La jornada organizada por la formación conservadora en el Congreso, con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, convirtió el primer aniversario del gran apagón en un acto de presión sobre la política energética del Gobierno. Los expertos convocados por la formación argumentaron que cuatro reactores nucleares cerrados aquella mañana agravaron la fragilidad del sistema. Red Eléctrica respondió con un vídeo institucional reivindicando haber actuado con transparencia.
El grupo parlamentario del Partido Popular (PP) organizó en la Sala Constitucional del Congreso una jornada técnica con motivo del primer aniversario del gran apagón. Alberto Núñez Feijóo la inauguró y el vicesecretario de Economía del partido, Alberto Nadal, la clausuró. Los seis expertos invitados —físicos, ingenieros y analistas de mercados energéticos— presentaron una lista de siete fallos que, a su juicio, precedieron al cero eléctrico del 28 de abril de 2025 y que, con una planificación adecuada, habrían podido evitarse. La tesis central del acto era que la ausencia de suficiente energía nuclear fue determinante.
Los expertos convocados señalaron como primer fallo la escasez de energía síncrona en el sistema aquel día: de los siete reactores disponibles en España, solo tres estaban en operación. La diferencia, argumentaron, no fue accidental, sino el resultado de una planificación de cierres asumida por el operador de red. Javier Revuelta, analista principal en la consultora AFRI y experto en mercados energéticos, advirtió que la complejidad técnica del sistema eléctrico no admite sustituciones inmediatas: «No nos vale cambiar las renovables con un botón el año que viene». La premisa de fondo era que la transición energética sin respaldo nuclear entraña riesgos sistémicos de difícil gestión a corto plazo.
Los siete fallos que el PP pone sobre la mesa
Además de la escasa capacidad síncrona, los panelistas identificaron otras seis vulnerabilidades previas al cero eléctrico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó el 26 de febrero de 2025 un informe en el que advertía de que la integración de renovables generaba dificultades en el sistema, con posibles efectos sobre su fiabilidad. En 2020, Red Eléctrica de España (REE) solicitó al regulador que actualizara los procedimientos de control dinámico de tensión en niveles elevados, una petición que no fue atendida. España, apuntaron los expertos, aplica ese control de forma más limitada que países vecinos como Portugal.
Alfredo García, operador de reactor y supervisor en la central nuclear de Ascó, fue una de las voces más críticas con la actuación del operador de red. Señaló que los audios difundidos ante la Comisión de Investigación del Senado —en los que técnicos de REE reconocían que, sin reactores activos, el sistema podría colapsar— no eran material marginal ni conversaciones informales, y añadió: «hablamos de problemas que no deberían producirse con tanta frecuencia». Sostuvo, además, que diversas empresas eléctricas intentaron alertar a REE sobre la gravedad de las oscilaciones previas al apagón, pero que el operador respondió que no existía tal problema.
La reivindicación nuclear como eje del aniversario
La jornada del Congreso se completó con otro acto del PP en torno a la efeméride: según la prensa especializada, Núñez Feijóo se desplazó también a la central nuclear de Ascó para reclamar la continuidad de ese tipo de instalaciones. Los expertos del evento parlamentario coincidieron en que cerrar la central de Almaraz —cuyo cierre está previsto en la hoja de ruta de la transición energética— equivaldría a un «suicidio energético»: sin ella, el precio del megavatio/hora en el mercado mayorista podría escalar de 65 a 121 euros, con un sobrecoste global de 18.300 millones de euros y diez millones de toneladas adicionales de CO₂.
El argumento tiene un fundamento técnico parcial reconocible. La energía nuclear aporta inercia al sistema a través de sus turbinas rotatorias, un servicio de estabilización que las fuentes renovables no prestan de forma inherente con la tecnología predominante. Sin embargo, el informe de la Organización Europea de Operadores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E), publicado en marzo de 2026, no identifica la composición del mix energético como causa determinante del apagón. Su presidente, Damián Cortinas, fue explícito: «Esto no es sobre renovables, sino sobre el control de tensión». La solución que los análisis internacionales señalan como prioritaria pasa por mejorar los mecanismos de regulación de la tensión y desarrollar el almacenamiento, no por extender la vida de las centrales nucleares.
La respuesta institucional
El mismo 27 de abril, coincidiendo con el acto del PP, Red Eléctrica difundió un vídeo institucional en el que defendía haber actuado con transparencia durante el apagón y atribuía sus causas a factores multisectoriales. La posición del operador —que enfrenta un expediente de la CNMC calificado como «muy grave»— es que siguió en todo momento los procedimientos normativos vigentes. La CNMC ha abierto en total una treintena de expedientes sancionadores: uno contra REE y varios dirigidos a las principales eléctricas del país, entre ellas Iberdrola, Endesa y Naturgy. La resolución de esos procedimientos determinará si las responsabilidades técnicas identificadas por los informes se traducen en consecuencias regulatorias y económicas concretas.
Las organizaciones empresariales han añadido sus voces a la demanda de explicaciones. Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), advirtió de que «no tiene ningún sentido dar la espalda a la nuclear». Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM (Confederación Empresarial de Madrid), fue más directo en su reproche al Ejecutivo: a su juicio, el Gobierno, un año después del incidente, no ha ofrecido «explicaciones técnicas claras ni completas». La Comisión de Investigación del Senado tampoco ha emitido aún su dictamen definitivo sobre las causas del mayor corte eléctrico peninsular en dos décadas.
El gran apagón cumple un año sin que ninguna institución haya asumido formalmente la responsabilidad del incidente. Los expedientes de la CNMC siguen en tramitación; el debate sobre la política energética ha adquirido, en el marco de este aniversario, una dimensión abiertamente política. El PP utiliza la efeméride para presionar en favor de la extensión nuclear; el Gobierno defiende la transición renovable como garantía de soberanía y resiliencia. En medio de ese choque de relatos, el fallo concreto que el 28 de abril de 2025 dejó sin luz a millones de personas espera todavía su traducción jurídica en los expedientes sancionadores y en la regulación del sistema eléctrico.
