El pleno del Congreso de los Diputados rechazó esta tarde la convalidación del decreto-ley de prórroga de alquileres aprobado por el Gobierno el 20 de marzo. El ‘no’ del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, sumado a la abstención del Partido Nacionalista Vasco, dejó sin mayoría suficiente a PSOE y Sumar. La derrota afecta a contratos de 2,7 millones de hogares y ahonda la tensión entre los dos socios de coalición, cuyas responsabilidades en el resultado se reparten de forma desigual.
El pleno del Congreso de los Diputados rechazó esta tarde la convalidación del decreto-ley que prorrogaba los contratos de alquiler en vigor, una medida que el Ejecutivo aprobó en sesión extraordinaria del Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo. Los grupos del Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya (JxCat) votaron en contra, tal y como sus portavoces habían anticipado durante la jornada, mientras el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se decantó por la abstención en las primeras horas del martes. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar respaldaron la norma, pero sus escaños combinados no alcanzaron la mayoría necesaria para mantenerla en vigor.
El decreto establecía una prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento para los inquilinos que la solicitaran, con el precio congelado en las condiciones del contrato anterior. El Gobierno y Sumar habían cifrado en 2,7 millones el número potencial de hogares beneficiarios. El ministro de Cultura y portavoz del Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, recordó en la rueda de prensa previa al pleno que la medida permitía a ciertas familias «ahorrar hasta 2.000 euros al año». Con el rechazo de la cámara, ese efecto quedó cancelado.
La alianza conservadora que tumbó el decreto
El PP descartó desde el principio sentarse a negociar. Fuentes de Sumar confirmaron que los conservadores no accedieron «en ningún momento» a abrir una mesa de diálogo sobre la norma, una posición coherente con la línea sistemática del partido de Alberto Núñez Feijóo de rechazo a la intervención pública en el mercado residencial. Vox cerró filas con los conservadores sin fisuras. La aritmética parlamentaria dejaba claro desde semanas antes que el bloque del ‘no’ tenía sobrada capacidad para derogar el decreto sin necesidad de ningún movimiento adicional por parte de los grupos de izquierda.
JxCat mantuvo el voto negativo hasta el final, aunque en las horas previas al pleno distribuyó un comunicado en el que listaba condiciones hipotéticas: que el Estado costee las políticas sociales de acceso a la vivienda, que se introduzcan desgravaciones en alquileres e hipotecas, la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los mayores de 65 años que vendan su domicilio habitual al trasladarse a una residencia de cuidados, y la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los autónomos con facturación inferior a 85.000 euros anuales. El texto concluía con un desafío directo al PSOE: «¿Continuará sin aceptar que no tiene mayoría?».
La abstención del PNV
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, anunció por la mañana la abstención de su grupo con argumentos que alcanzaban tanto a la forma del instrumento como a su contenido. Sobre la primera, cuestionó que el Ejecutivo recurra de manera reiterada a la figura del decreto-ley para abordar la crisis del mercado arrendatario, una vía que impide las enmiendas y bloquea el debate en la cámara. Sobre el fondo, reclamó «medidas a medio y largo plazo que den seguridad jurídica al propietario y a los inquilinos», frente a soluciones de urgencia que, a su juicio, no abordan la dimensión estructural del problema.
Vaquero reclamó asimismo una «inmediata aclaración» del Ejecutivo sobre la situación de los inquilinos que ya habían presentado su solicitud de prórroga antes de la votación. La derogación genera incertidumbre sobre si esas solicitudes mantienen o pierden validez, una cuestión de alcance práctico para los hogares que habían iniciado el trámite durante las cinco semanas de vigencia de la norma. El PNV, cuyo apoyo ha resultado determinante en otras citas parlamentarias clave de la legislatura, cerró en esta ocasión el respaldo al Gobierno de Pedro Sánchez.
Una fractura con historia
La derrota expone una tensión entre los dos socios del Ejecutivo que arranca del propio proceso de aprobación del decreto. El 20 de marzo, los ministros de Sumar retrasaron su incorporación al Consejo de Ministros extraordinario convocado para el paquete anticrisis hasta que el ala socialista aceptó incluir un decreto paralelo sobre los contratos de alquiler. El PSOE cedió, pero con reticencias que se mantuvieron visibles durante el mes de tramitación. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reconoció en una entrevista que el mayor escollo que ella había planteado desde el principio era que «no se daban los votos en el Congreso de los Diputados».
El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, salió al paso de las críticas del socio minoritario con un mensaje de doble filo: recordó que los socialistas no habían retirado el apoyo a la norma —«el Grupo Socialista va a poner sus 120 diputados»— y lanzó una advertencia hacia Sumar: «Sumar no debería equivocarse de adversario». En el espacio de Yolanda Díaz, la lectura era otra: la responsabilidad de mover a Junts correspondía a todo el Ejecutivo, incluido el PSOE, al que acusaban de no haber negociado con la misma intensidad con que sí lo había hecho el ala de Sumar.
La pérdida del decreto-ley no agota la política habitacional del Ejecutivo. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de abril el Plan de Vivienda 2026–2030, dotado con 7.000 millones de euros y condicionado a la incorporación permanente al parque público de las viviendas generadas con fondos estatales. Lo que queda por definir es si el Gobierno impulsará una nueva medida de urgencia sobre los arrendamientos o apostará por la vía legislativa ordinaria, más lenta pero también menos expuesta a la aritmética que ha sepultado la primera intervención directa del Ejecutivo en el mercado del alquiler de la presente legislatura.
