La inteligencia artificial ya no es solo una revolución tecnológica: se ha convertido en una batalla política de primer nivel. Mientras gobiernos de Estados Unidos y Europa discuten cómo regular esta nueva industria, las grandes empresas del sector han intensificado sus campañas de influencia para moldear las reglas del juego a su favor.
A golpe de millones de dólares, compañías como OpenAI, Anthropic y la francesa Mistral han multiplicado sus propuestas de políticas públicas, sus contactos institucionales y sus estrategias de lobby en un momento decisivo para el futuro de la regulación de la IA.
OpenAI, la empresa que popularizó ChatGPT a finales de 2022, presentó recientemente un documento de trece páginas con propuestas para adaptar la sociedad estadounidense a la era de la inteligencia artificial. Entre ellas figuran el aumento de impuestos sobre las plusvalías empresariales, la creación de un fondo público de redistribución de beneficios y el refuerzo de la protección social.
Sin embargo, varios expertos consideran que estas iniciativas responden más a una estrategia de imagen que a una verdadera voluntad reformadora. Desde Bruselas, la investigadora Margarida Silva, del centro SOMO, calificó la maniobra como “un ejercicio de marketing”, mientras que el politólogo Charles Thibout considera que el objetivo principal es mejorar simbólicamente la reputación de estas empresas.
La presión no se limita a los discursos públicos. En Washington, una cuarta parte de los lobistas federales trabajaron en asuntos relacionados con la IA durante 2025, lo que representa unas 3.500 personas, según datos de Public Citizen. El crecimiento ha sido del 170 % en apenas tres años.
Además, con la vista puesta en las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, las grandes tecnológicas están invirtiendo millones en campañas destinadas a respaldar candidatos favorables a una regulación mínima. Donald Trump, partidario de una supervisión más flexible desde su regreso a la Casa Blanca, cuenta entre sus donantes con figuras clave de OpenAI como Greg Brockman y Sam Altman.
En Europa, donde aún se debaten las modalidades de aplicación de la nueva normativa sobre IA, el gasto en lobby tecnológico aumentó un 55 % desde 2021, alcanzando los 151 millones de euros en 2025, según Corporate Europe Observatory y Lobby Control.
La cuestión de fondo no es si las empresas deben participar en el debate regulatorio —algo normal en cualquier sector estratégico—, sino hasta qué punto esa influencia puede condicionar decisiones de interés público.
Los críticos advierten que estas prácticas recuerdan a las estrategias históricas de industrias como el tabaco o el petróleo: retrasar normas incómodas, debilitar controles y proteger beneficios privados frente al interés colectivo.
Pero también existe otra lectura: una regulación excesiva podría frenar la innovación y dejar a Europa o Estados Unidos en desventaja frente a otros competidores globales.
La verdadera pregunta no es si habrá regulación, sino quién escribirá sus reglas.
Y esa batalla ya ha comenzado.
