Un documento interno del Departamento de Defensa de Estados Unidos recogido por Reuters plantea distintas opciones para castigar a los aliados de la Alianza Atlántica que no respaldaron la guerra contra Irán, entre ellas la suspensión de España de la organización. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió desde la cumbre europea en Chipre descartando reaccionar a filtraciones y reafirmando el compromiso de Madrid con la Alianza dentro del marco de la legalidad internacional.
La agencia Reuters reveló este viernes que un correo electrónico interno del Pentágono recoge un abanico de posibles medidas contra los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que no respaldaron las operaciones militares de Estados Unidos en la guerra contra Irán. Entre las opciones contempladas figuran la suspensión de España de la Alianza, la revisión de la posición tradicional de Washington sobre la reclamación argentina de las Islas Malvinas y la exclusión de países considerados problemáticos de los puestos más relevantes en la estructura de mando de la organización, según trasladó a Reuters un funcionario estadounidense.
El documento refleja la frustración de Washington ante la negativa de varios aliados a conceder acceso a instalaciones militares, permisos de estacionamiento y derechos de sobrevuelo para la Operación Furia Épica, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero. En el caso español, el malestar se concentra en las bases de Rota, en Cádiz, y Morón de la Frontera, en Sevilla, así como en el cierre del espacio aéreo decretado por el Gobierno a los aviones militares vinculados al conflicto. El presidente Donald Trump llegó a plantear públicamente la posibilidad de que su país abandonara la OTAN, aunque el correo filtrado no contempla esa medida.
Un documento sin rango oficial pero con carga política
El portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, confirmó el espíritu del correo sin referirse a su contenido específico. «Ellos no estuvieron ahí para nosotros», declaró en referencia a los aliados que, a juicio de Washington, no ofrecieron apoyo suficiente durante el conflicto, y añadió que su departamento garantizará que el presidente disponga de «opciones creíbles» para que sus socios cumplan con sus compromisos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue en la misma dirección al señalar que la guerra iraní había puesto al descubierto dudas y obstáculos en el seno de la Alianza, cuestionando su cohesión ante una crisis de esta envergadura.
La tensión bilateral trasciende el debate sobre bases y espacio aéreo. La Administración Trump ha presionado a sus aliados para que eleven el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB), objetivo que la mayoría ha asumido pero que España ha rechazado, situándose en torno al 2%. Esta discrepancia añade una dimensión estructural al pulso entre Madrid y Washington y convierte al Gobierno de Sánchez en uno de los más distanciados de la organización respecto a las prioridades militares de la actual administración estadounidense, tanto en términos de financiación como de implicación operativa en el conflicto iraní.
La respuesta de Sánchez desde Chipre
El presidente respondió a la filtración desde Nicosia, donde participaba en la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea convocada para abordar la crisis energética derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz. «No trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales», afirmó Sánchez al ser preguntado por los medios, con una respuesta que buscaba rebajar el rango diplomático del incidente y evitar que una comunicación interna del Pentágono se convirtiera en crisis formal antes de que Washington emitiera una posición oficial. El presidente descartó así cualquier reacción inmediata al contenido del correo.
Sánchez insistió en que la postura española no equivale a un distanciamiento de la Alianza. «Absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional», resumió, al tiempo que describió la situación en Europa como consecuencia de una «crisis derivada de una guerra ilegal». El Ejecutivo mantiene que su negativa a facilitar el uso de bases y espacio aéreo responde a ese mismo principio, y señaló que la posición fue comunicada a Washington desde el inicio del conflicto, hace ya casi dos meses, invocando el convenio bilateral de defensa suscrito en 1988.
Los límites del tratado y la fractura interna de la Alianza
La viabilidad jurídica de las medidas contempladas en el correo es, cuando menos, incierta. El Tratado del Atlántico Norte, suscrito en 1949, no recoge ningún mecanismo de suspensión ni de expulsión de un Estado miembro. Su artículo 13 únicamente prevé que, transcurridos 20 años desde la entrada en vigor del acuerdo, cualquier país firmante pueda abandonar voluntariamente la organización con un preaviso de un año. Una eventual sanción a España tendría, por tanto, un valor simbólico considerable pero carecería de sustento en el texto fundacional, lo que limita su alcance práctico al terreno de la presión política dentro de la Alianza.
La fractura en el seno de la OTAN no afecta a todos los miembros por igual. Reino Unido y Francia han señalado que participar en el bloqueo naval equivaldría a entrar directamente en el conflicto, aunque se han mostrado receptivos a colaborar en la seguridad marítima una vez se alcance un alto el fuego. España, en cambio, ha adoptado la postura más restrictiva de toda la organización y ha acumulado la mayor fricción bilateral con la administración Trump. El correo del Pentágono y la respuesta de Sánchez en Chipre ofrecen una imagen de un eje transatlántico en el que las grietas abiertas por la guerra de Irán ya no admiten disimulo.
