El Gobierno publicó el 15 de abril en el Boletín Oficial del Estado el decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes que otorgará residencia legal a cerca de medio millón de personas. Las comunidades de Madrid, Valencia, Galicia y Baleares, gobernadas por el Partido Popular, anunciaron recursos ante el Tribunal Supremo. Vox presentará también impugnación. El comisario europeo de Interior y Migración advirtió de que medidas como esta pueden comprometer los controles en las fronteras interiores del espacio Schengen.
El Gobierno de Pedro Sánchez publicó el 15 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida que abrirá la vía legal para que cerca de medio millón de personas obtengan residencia en España. Podrán acogerse quienes acrediten presencia en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y un mínimo de cinco meses de permanencia ininterrumpida. El proceso se inicia el lunes 20 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, con trámites presenciales y telemáticos disponibles en función del tamaño del municipio en que resida el solicitante.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones habilitó 436 puntos de atención, entre los que figuran 60 oficinas propias y 371 sucursales de Correos. En capitales de provincia y ciudades con más de 50.000 habitantes, la solicitud podrá presentarse en persona; en localidades más pequeñas, el trámite se realizará de forma exclusivamente telemática. Las sucursales postales abrirán en horario de tarde, de 16 a 19 horas, de lunes a viernes. Mil profesionales de la entidad han recibido formación específica para gestionar la documentación necesaria.
La reacción política fue inmediata. Los ejecutivos de Madrid, Valencia, Galicia y Baleares anunciaron que recurrirán el decreto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La dirección nacional del Partido Popular (PP) no concretó aún sus acciones específicas, aunque su presidente, Alberto Núñez Feijóo, había avisado el lunes de que emplearía «todos los instrumentos políticos, parlamentarios, jurídicos» a su alcance para frenar la iniciativa. La plataforma Hazte Oír solicitó también al alto tribunal la suspensión cautelar del texto desde el mismo día de su entrada en vigor.
Los recursos del PP en cuatro comunidades
Las cuatro administraciones autonómicas del PP actuarán de forma paralela e independiente, sin coordinación formal desde la dirección del partido. El argumento jurídico de las impugnaciones apunta a la competencia del Estado para llevar a cabo una regularización masiva sin consulta previa a las comunidades receptoras y al impacto sobre los servicios de titularidad autonómica: sanidad, educación y vivienda social. La formación señaló además que utilizaría la vía parlamentaria para exigir al Gobierno acreditación de que cada solicitante cumple estrictamente los requisitos antes de tramitar ninguna resolución favorable.
El Gobierno respondió a las críticas precisando que el decreto excluye expresamente a quienes tengan antecedentes penales. Feijóo había sostenido que el texto regularizaría a personas que «han incumplido varias veces la legislación española», argumento que la Moncloa rechazó señalando que la concesión de residencia quedará vetada para quienes cuenten con condenas firmes. El Consejo de Estado, en su informe previo, había recomendado reforzar ese filtro, y el Ejecutivo asumió la sugerencia antes de que la norma entrase en vigor. La presidenta de Baleares, Marga Prohens, anticipó igualmente que «el resultado será peores servicios públicos para los ciudadanos de Baleares».
La ofensiva de Vox y el discurso de la vivienda
Vox anunció también la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo y desplegó en paralelo una campaña de agitación que vincula la regularización con la escasez de vivienda. El partido de Santiago Abascal, formación de extrema derecha, centró su ofensiva en los compradores extranjeros de propiedades y apostó por gravar esas transacciones con un tributo específico. La portavoz de Vox, Pepa Millán, resumió el mensaje en una frase dirigida al Gobierno —«ustedes eligen al multimillonario»— en referencia a los adquirentes foráneos frente a las parejas jóvenes españolas.
La estrategia combina así la cuestión migratoria con el mercado inmobiliario en un relato orientado a ampliar el electorado de la formación más allá de su base tradicional. En el arco parlamentario, ni el PP ni Vox respaldan la medida; tampoco Junts per Catalunya, que la apoyó en su tramitación en el Congreso pero advirtió que no repetiría ese voto si el texto se sometiese de nuevo a deliberación. Los posconvergentes rechazaron que la regularización constituya por sí sola una respuesta estructural al fenómeno migratorio.
Alerta de Bruselas sobre las fronteras interiores
La dimensión europea del conflicto fue subrayada por Magnus Brunner, comisario de la Unión Europea (UE) para Asuntos de Interior y Migración, en un acto celebrado en Madrid coincidente con la publicación del decreto. Brunner advirtió de que la norma española podría tener «impacto o efecto sobre otros países dentro de la zona Schengen» y de que una gestión deficiente de las llegadas irregulares expone a todos los Estados miembros al riesgo de que restauren controles en sus fronteras internas, poniendo en cuestión la libre circulación de personas.
En el Congreso, las reacciones pusieron de relieve la complejidad del mapa de apoyos. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) expresó su malestar con el procedimiento y reclamó al Gobierno herramientas propias para gestionar el proceso en Euskadi, con el euskera como posible mérito de integración. Coalición Canaria criticó que el texto excluye a los apátridas, un colectivo formado en su mayoría por ciudadanos saharauis. El Gobierno afronta ahora un frente judicial en cuatro comunidades autónomas y una presión europea que sitúan esta regularización entre los asuntos más controvertidos de la presente legislatura.
