Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística confirman que 2,6 millones de niños y adolescentes se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social en España, una tasa del 33,2% que cuadruplica la media de los adultos mayores de 65 años y sitúa al país entre los peores de la Unión Europea. Las familias migrantes, las monoparentales y las que tienen tres hijos o más concentran los peores indicadores, y la leve mejora del conjunto no llega a los hogares más vulnerables.
Pastora Ndong tiene 39 años, procede de Guinea Ecuatorial y lleva más de dos décadas en España. Es madre de seis hijos, de entre seis y 23 años, y cada mes arrastra la misma angustia: saber que casi el 60% de su presupuesto familiar se va en pagar el alquiler de un cuarto piso sin ascensor en Alcalá de Henares. Con 700 euros mensuales, seis personas tienen que comer, pagar el transporte, la ropa y los gastos educativos, y cubrir las cuotas de la Seguridad Social. «Tengo mucho que comprar, mucho que pagar», resume. La situación de Pastora no es una excepción: es la norma para millones de familias en España, según los datos que la Plataforma de Infancia presentó esta semana a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
En 2025, el 33,2% de los menores de 18 años estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en España. La tasa es nueve puntos superior a la del conjunto de la población y supera en más de 20 puntos la que registran los mayores de 65 años, el grupo que mejor ha evolucionado en la última década gracias a la revalorización de las pensiones. Pese a que los indicadores globales han mejorado, el punto de partida era «muy malo», reconoce Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, y el avance no llega por igual a todos: «Cada vez la pobreza es más persistente y crónica, más estructural para algunos grupos», advierte.
Los perfiles más vulnerables: migrantes, numerosas y monoparentales
Los datos desagregados por tipo de hogar revelan dónde se concentra el problema con mayor intensidad. Para las familias con padre o madre de origen extranjero, la tasa de riesgo de pobreza infantil alcanza el 67,5%. En los hogares con tres hijos o más, el porcentaje sube hasta el 68,2%. Las familias monoparentales registran una tasa del 50,8%, frente al 27% de los hogares con dos adultos y uno o más hijos. En los tres grupos, el riesgo supera con amplitud la media nacional y refleja una combinación de bajos ingresos, precariedad laboral y ausencia de redes de apoyo institucional.
El testimonio de Pastora condensa varios de esos factores a la vez. En agosto de 2025, después de años de gestiones, perdió el empleo que tenía. Entre el desempleo, el ingreso mínimo vital y las ayudas por dependencia de uno de sus hijos, la familia ingresa 1.650 euros al mes; los gastos fijos suman 950. Dispone de una tarjeta monedero para el supermercado y de apoyos puntuales de Cruz Roja. «Y no llega», relata. Para Ricardo Ibarra, casos como el suyo ilustran por qué «tener hijos es casi una garantía de entrar en un estado de incertidumbre» en España.
Por qué mejoran los datos pero no la situación de los más pobres
La leve mejora del indicador general registrada en 2025 —una décima menos que en 2024— no debe interpretarse como una señal de corrección estructural, según el análisis de la Plataforma de Infancia. El INE confirma que la tasa general ha bajado, pero los datos son siempre peores para los hogares con menores, y la mejora del año pasado «no está llegando igual a todos y están dejando atrás precisamente a los más vulnerables», expone Ibarra. El 28,4% de los niños y adolescentes en riesgo de pobreza pertenece a hogares con ingresos inferiores al 60% de la mediana de renta del país, el umbral convencional de la pobreza severa.
Estar en riesgo de pobreza o exclusión social implica cumplir al menos uno de tres requisitos: baja intensidad de empleo en el hogar, carencia material severa o riesgo de pobreza estricto. Para una familia de dos adultos y dos hijos, ese umbral equivale a menos de 25.662 euros anuales. «En 2024 tuvimos la cifra más alta de la Unión Europea», señala Ibarra, «y probablemente siga siendo la más alta en 2025 cuando conozcamos todos los datos». El indicador incluye también a los menores que viven en hogares con privación material severa, una categoría que afecta de forma desproporcionada a las familias migrantes recién llegadas.
La distancia con Europa y el tiempo que falta para cerrarla
España registra una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europea, solo superada por países como Rumanía y Bulgaria. La media comunitaria se sitúa en torno al 19%, lo que deja a España con una brecha de más de 14 puntos que no se ha corregido de forma significativa en la última década pese a la mejora de los indicadores macroeconómicos. Al ritmo de descenso registrado en los últimos años, la Plataforma de Infancia calcula que España necesitaría alrededor de 12 años para alcanzar la media europea. Si el criterio se restringe a la pobreza severa, fijada en el 40% de la mediana de renta, la cifra es una de cada diez menores.
La organización reclama un abordaje que vaya más allá de las transferencias directas. Los datos confirman que medidas como el ingreso mínimo vital o las ayudas por dependencia amortiguan las situaciones más extremas, pero no resuelven la movilidad ascendente ni corrigen la brecha de partida. Para familias como la de Pastora, el problema no es solo la cuantía de las prestaciones, sino la acumulación de desventajas —precariedad laboral, coste de la vivienda, ausencia de servicios de proximidad— que ninguna transferencia puntual es capaz de desactivar por sí sola. Los datos del INE lo confirman: España crece, pero sus menores más pobres no avanzan al mismo ritmo.
