El Parlamento Europeo aprobó el reglamento de retorno, la última pieza del Pacto de Migración y Asilo, con la norma más polémica de todo el paquete: la creación de centros de deportación en terceros países sin vínculo con el origen de los migrantes. La votación, resuelta con el apoyo del Partido Popular Europeo y los grupos de extrema derecha, culmina el giro restrictivo más pronunciado de la historia legislativa de la Unión.
La aprobación del reglamento de retorno por el Parlamento Europeo cierra un ciclo legislativo que comenzó a gestarse en 2015, cuando más de un millón de personas llegaron a las costas europeas huyendo de la guerra en Siria y otros conflictos. Desde entonces, el bloque ha ido endureciendo su marco normativo sobre migración hasta culminar en una norma que sus impulsores presentan como la respuesta inevitable a un sistema de deportaciones que ejecuta solo el 20% de las órdenes de expulsión dictadas.
Sus críticos la describen como la «ICEización» de Europa —en referencia a las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos— y advierten de que abre la puerta a vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales. La norma deberá superar aún la negociación en trílogo con el Consejo antes de convertirse en derecho aplicable en todos los Estados miembros.
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Qué aprobó el Parlamento Europeo
El reglamento de retorno sustituye a la directiva de 2008 e introduce cambios sustanciales en el marco de las deportaciones dentro de la Unión Europea (UE). La norma prolonga el periodo máximo de detención de personas en situación irregular hasta 24 meses, autoriza inspecciones en los lugares de trabajo, establece prohibiciones de entrada de por vida y abre la puerta a la cooperación con regímenes que las organizaciones no gubernamentales (ONG) califican de autoritarios. La votación se resolvió con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, gracias a la alianza entre el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de extrema derecha, que eliminaron el llamado «cordón sanitario» que hasta ahora limitaba la colaboración entre ambos bloques en materia migratoria.
El argumento central de los impulsores del texto es la brecha entre las órdenes de deportación dictadas y su ejecución efectiva: solo el 20% de las resoluciones de expulsión se materializan. Para el PPE, esa cifra evidencia el fracaso del marco anterior y justifica instrumentos más coercitivos. Los críticos, sin embargo, señalan que el problema no reside en la falta de herramientas legales sino en la ausencia de acuerdos de readmisión con los países de origen y en la resistencia de los propios migrantes a ser deportados a países en los que temen por su seguridad.
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La novedad más polémica: centros en terceros países
La clave de bóveda del reglamento es la autorización para crear centros de internamiento —denominados en la jerga comunitaria hubs de retorno— en países fuera de la UE. La norma no exige que esos países tengan ningún vínculo con la nacionalidad de los migrantes que reciban, lo que amplía considerablemente el espectro de destinos posibles. «Para la derecha europea, las acciones del ICE no son una advertencia: la ICEización de Europa es el objetivo claro», advirtió Davide Colombi, investigador del Centre for European Policy Studies (CEPS), en referencia a las deportaciones masivas practicadas por la Administración Trump.
La idea de externalizar el asilo lleva años circulando en Bruselas, pero fue descartada en 2018 cuando los países africanos rechazaron las propuestas y surgieron dudas sobre su legalidad. El antecedente más cercano es el acuerdo de Italia con Albania, que abrió centros de internamiento en ese país, aunque la justicia italiana paralizó las deportaciones al cuestionar la designación de Albania como país seguro. El Consejo de Europa y diversas ONG habían advertido antes de la votación de que el texto puede contradecir el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular en lo relativo al derecho de asilo y a la protección de las unidades familiares.
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La paradoja demográfica: Europa envejece y necesita trabajadores
El debate sobre el reglamento de retorno se produce en un contexto que los propios impulsores del texto prefieren no mencionar: Europa es estructuralmente dependiente de la inmigración. En 2024, la UE expidió 35 millones de permisos de residencia y trabajo a ciudadanos extracomunitarios, según Eurostat. La población europea caerá un 5% para el año 2070, y la cohorte de personas en edad de trabajar —entre 20 y 64 años— bajará de 265 millones a 219. El resultado aritmético es que, para 2070, habrá menos de dos europeos trabajando por cada jubilado, lo que amenaza la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.
«La responsabilidad compartida se ha convertido en responsabilidad desplazada: los Estados descargan la gestión en otros y la UE actúa como canal de intereses nacionalistas», criticó Francesco Pasetti, investigador del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), en referencia al mecanismo de reparto «flexible» del Pacto de Migración y Asilo, que permite a los países que rechazan acoger migrantes apoyar económicamente a los que sí lo hacen. La paradoja es que el mismo marco legislativo que reconoce la necesidad de mano de obra extranjera externaliza el control fronterizo y acelera las deportaciones.
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España: entre la regularización y el asilo más restrictivo de la UE
España ocupa una posición singular en este debate. El Gobierno de Pedro Sánchez se opuso al texto durante su tramitación en el Consejo, alineándose con las posiciones de los grupos progresistas en el Parlamento Europeo, y acaba de aprobar la regularización de medio millón de personas en situación irregular. Al mismo tiempo, mantiene uno de los sistemas de control fronterizo más activos del sur de Europa y una de las tasas de reconocimiento del estatuto de refugiado más bajas de toda la UE.
«La ausencia de contrapesos democráticos en los regímenes más autoritarios convierte a esos países en socios atractivos para garantizar un control migratorio efectivo», señaló Cecilia Estrada Villaseñor, doctora en Migraciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, en referencia a los acuerdos de cooperación que la UE mantiene con países como Túnez, Libia o Mauritania. España ha endurecido además su legislación frente a las ONG de rescate desde 2022, aumentando las penas a traficantes e imponiendo sanciones a quienes participen en traslados irregulares. La dualidad entre regularización masiva y control fronterizo intenso refleja la tensión interna de un Gobierno que gestiona simultáneamente dos presiones electorales opuestas.
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La securitización como tendencia y el legado de Juncker como advertencia
Dos de cada cinco países de la Unión Europea están hoy gobernados por la ultraderecha o con su apoyo parlamentario. En ese contexto, la migración irregular se ha convertido en herramienta electoral de primer orden, y el discurso ha pivotado de forma acelerada hacia la criminalización de la inmigración irregular. «Todos oímos hablar de las violencias redactadas del ICE en EE.UU., pero la UE lleva tiempo desplegando su propio arsenal represivo en materia de migración», denunció el eurodiputado socialista César Luena.
El contraste con el discurso de hace apenas una década es elocuente. El predecesor de Ursula von der Leyen en la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sostenía que «el imperativo de Bruselas es salvar vidas» y que «los valores deben ser la piedra angular de nuestra política migratoria». Hoy, la norma aprobada por el Parlamento al que Juncker rindió cuentas permite deportar a personas a países con los que no tienen ningún vínculo, con sus menores a cargo, con detenciones que pueden prolongarse dos años. «Es más seguridad, más control, menos derechos, menos solidaridad», resumió Pasetti. El eurodiputado del grupo de extrema derecha Charlie Weimers celebró, en cambio, que «la era de las deportaciones ha comenzado». Entre ambas frases cabe toda la distancia que ha recorrido Europa en una década.
