La Audiencia Nacional rechazó en bloque las peticiones de nulidad de las defensas al término de la primera sesión de cuestiones previas del juicio por la operación Kitchen, la trama parapolicial que espiaba al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. El tribunal se declaró competente, avaló los audios del excomisario José Manuel Villarejo como prueba válida y descartó ampliar la causa a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, como reclamaba el PSOE. El proceso, con más de cien testigos previstos, se extenderá hasta finales de junio.
La primera sesión del juicio por la operación Kitchen arrancó el lunes en la sede de la Audiencia Nacional (AN) en San Fernando de Henares, a las afueras de Madrid, con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su antiguo número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, sentados en el banquillo como principales acusados. Ambos afrontan penas de 15 años de prisión y 33 de inhabilitación. Junto a ellos se sientan el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, el excomisario José Manuel Villarejo —que ejerce su propia defensa— y el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, quien según la Fiscalía habría cobrado 54.000 euros por labores de espionaje.
La causa investiga una presunta operación clandestina parapolicial impulsada en 2013 desde la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de hacerse con documentación e información que pudiera comprometer al Partido Popular (PP) en el marco del caso Gürtel. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la operación buscaba arrebatar los archivos en poder de Bárcenas, que había ejercido como tesorero del partido y se encontraba investigado en esa causa. La sentencia del caso Gürtel sería la que desencadenó años después la moción de censura que apartó al Gobierno de Rajoy de La Moncloa.
La estrategia de la defensa
Las defensas de los principales acusados coordinaron sus intervenciones en torno a tres ejes de nulidad. El primero, planteado por el abogado de Fernández Díaz, Jesús Mandri, cuestionó la competencia de la AN para enjuiciar los hechos: la documentación hallada en el domicilio de Villarejo debía haberse tratado, a su juicio, como un «hallazgo casual» al margen del caso Tándem —la macrocausa sobre las presuntas actividades ilícitas del excomisario—, lo que habría obligado a remitir el asunto a la jurisdicción ordinaria. El segundo eje denunció un uso abusivo del secreto de sumario durante la instrucción: la causa permaneció reservada durante dos años y seis meses de los dos años y siete que duró la investigación. El tercer argumento, que Mandri añadió como motivo adicional, señaló que al levantarse el secreto se practicaron diligencias en una «subpieza» a espaldas de las defensas, de modo que cuando Fernández Díaz declaró como investigado, su letrado creía haber accedido a la totalidad de las actuaciones cuando no era así.
La defensa de Martínez sumó un frente específico: solicitó la exclusión de las diez grabaciones incautadas a Villarejo que dieron origen a la causa, por considerar que fueron obtenidas de forma ilícita y sin que se haya podido verificar su autenticidad. También pidió retirar tres audios en los que Martínez y Villarejo hablaban en 2014, aportados a la causa por el empresario Javier Pérez Dolset. El propio Villarejo calificó la investigación de «prospectiva» y denunció que no todos los archivos incautados han sido desencriptados ni puestos a disposición de las partes. Cuestiones de nulidad de alcance más limitado plantearon también las defensas de Pino, Ríos y Martín Blas.
El tribunal despeja el camino
Al término de la jornada, la magistrada Teresa Palacios, presidenta del tribunal, rechazó en su totalidad las peticiones de las defensas. El órgano se declaró competente para enjuiciar los hechos, descartó que se hubieran vulnerado derechos fundamentales de los acusados y avaló la validez de los audios de Villarejo como material probatorio. La Fiscalía Anticorrupción, representada por el fiscal César de Rivas, había respaldado esa posición: los audios son «una prueba plenamente válida» porque no fueron obtenidos «con vulneración de ningún derecho fundamental», argumentó. En cuanto al secreto de sumario, De Rivas sostuvo que «no se produce indefensión si las diligencias de investigación se han podido practicar una vez que se alza el secreto», y negó que los acusados hayan sufrido «ningún perjuicio real y efectivo» al derecho de defensa.
La resolución de Palacios despeja la vía para continuar con el proceso. Las cuatro primeras sesiones de cuestiones previas se han reservado para esta semana, tras las cuales comenzarán las declaraciones de más de cien testigos. Entre ellos figuran el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quienes comparecerán no como acusados sino como testigos, pese a haber estado imputados en 2021 bajo la instrucción del juez Manuel García Castellón, que terminó excluyéndoles de la causa. El juicio se estima que concluirá en torno al 30 de junio.
El frente político
El PSOE ejerció la acusación popular y planteó sus propias cuestiones previas, en sentido inverso al de las defensas: solicitó suspender el juicio para investigar la «conexión política» de la trama e incorporar como encausada a Cospedal, a quien la abogada socialista Gloria de Pascual situó en el centro de los hechos: «Tiene que haber aquí otras personas», argumentó, añadiendo que Cospedal «fue informada directamente» por el entonces presidente del Gobierno del éxito de la operación de destrucción de pruebas. Los socialistas también solicitaron que se llame al PP como partícipe a título lucrativo, al entender que el partido se benefició de la sustracción de documentación comprometedora. El tribunal rechazó ambas peticiones: sobre la incorporación de Cospedal, Palacios fue contundente —«sería como bordear la decisión del magistrado instructor»—, y descartó la condición de partícipe lucrativo al considerar que el supuesto beneficio del PP no tendría carácter patrimonial.
El PP, por su parte, mantuvo la distancia que ha marcado desde el arranque de la causa respecto a los acusados. El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, fijó la posición del partido con una fórmula que evita cualquier pronunciamiento sobre la culpabilidad de los procesados: «Que paguen los actos los que los hayan realizado». Bravo subrayó que el partido de Alberto Núñez Feijóo «no es Kitchen ni Gürtel» y que en su cúpula «no hay nadie implicado en causas de corrupción». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reforzó ese argumento de desvinculación temporal: el PP actual «no tiene nada que ver» con los hechos que se juzgan.
Pendiente queda la decisión del tribunal sobre la petición del PSOE de incorporar tres nuevos audios de Villarejo en los que, según la acusación popular, se registran conversaciones con Cospedal que demostrarían su implicación en la operación. Esa resolución, junto a las sesiones de cuestiones previas restantes de esta semana, determinará el marco definitivo en que comenzarán las declaraciones.
