El Tribunal Supremo juzga al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor Aldama en lo que el instructor considera la pieza principal de una trama de corrupción millonaria centrada en la adjudicación de contratos de material sanitario durante lo pero de la pandemia de Covid-19 de 2020.
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dio por concluida la instrucción del caso Koldo a principios de noviembre de 2025 e identificó en el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos la pieza principal de una trama de corrupción que hunde sus raíces en el verano de 2020, en plena pandemia de covid-19. Ábalos, que fue secretario de organización del PSOE y uno de los hombres más influyentes del socialismo español durante el primer mandato de Pedro Sánchez, se encuentra en prisión preventiva desde entonces y será conducido al tribunal en furgón desde el centro penitenciario.
El caso toma su nombre de Koldo García, ex chófer convertido en asesor de Ábalos y figura central en la red de comisiones que, según el instructor, permitió al exministro obtener beneficios personales a cambio de facilitar adjudicaciones millonarias. La trama incluye además al comisionista Víctor Aldama, considerado por la Guardia Civil como «anexo corruptor» entre el mundo empresarial y los cargos del Ministerio de Transportes. Aldama colabora con la justicia a cambio de una reducción de condena, lo que le ha convertido en la principal fuente de información contra sus antiguos socios.
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Qué es el caso Koldo y cómo salió a la luz
El origen del caso se sitúa en el verano de 2020, cuando la pandemia generó una demanda sin precedentes de equipos de protección individual. El Ministerio de Transportes intervino para facilitar que varias comunidades autónomas y organismos del Estado adquirieran mascarillas a empresas vinculadas al entorno de Aldama, cuya firma Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas obtuvo adjudicaciones en Baleares, Canarias y otras administraciones. Los contratos sumaron más de 16 millones de euros, y el instructor concluyó que la adjudicación se produjo de manera irregular y con sobreprecios respecto al mercado.
La trama salió a la luz en enero de 2023, cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil inició investigaciones que derivaron en una comisión rogatoria enviada al Tribunal Supremo. El nombre de Koldo García apareció en los primeros registros, y a partir de ahí fue destapándose una estructura de pagos y favores que alcanzó al propio ministerio. Ábalos había abandonado el Gobierno de Sánchez en julio de 2021, meses antes de que las pesquisas se formalizaran. El escándalo salió a la atención pública en 2018, cuando las investigaciones sobre el comisario Villarejo comenzaron a revelar ramificaciones en el entorno socialista, aunque la causa específica sobre las mascarillas es posterior.
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Los acusados: Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama
José Luis Ábalos es el acusado de mayor perfil político. Ex secretario general del PSOE valenciano, fue el estratega que coordinó la operación que llevó a Pedro Sánchez a la secretaría general del partido en 2017 y posteriormente ocupó el Ministerio de Transportes de 2018 a 2021. El instructor lo considera responsable de haber firmado órdenes que permitieron a Puertos del Estado y a ADIF acceder a contratos de mascarillas con la empresa de Aldama, a cambio de recibir una compensación económica indebida que el juez detalla en sus conclusiones con precisión notable.
Koldo García fue el intermediario que articuló el vínculo entre Ábalos y el entorno de Aldama. Su función era gestionar los encargos del ministro y canalizar los pagos: desde octubre de 2019, según las conclusiones del instructor, Aldama le entregaba diez mil euros mensuales en efectivo. Aldama, por su parte, es el articulador de toda la operación. La Guardia Civil lo define como «nexo» entre el poder político y el empresarial, y el propio Aldama ha subido vídeos en la red social TikTok en los que afirma disponer de material comprometedor para el Gobierno. El 8 de marzo pasado entregó al juez un sobre con documentación sobre la presunta financiación venezolana del PSOE.
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El mecanismo: mascarillas, contratos y el esquema de pagos
El mecanismo de la trama se articuló en dos planos simultáneos. En el primero, Ábalos intervino para que Puertos del Estado y ADIF adjudicaran contratos a la empresa de Aldama sin concurso público y a precios superiores a los del mercado. En el segundo, los beneficios obtenidos por Aldama revertían hacia el entorno del entonces ministro a través de Koldo García: diez mil euros mensuales en efectivo que el propio García recibía y que, según el instructor, servían para sostener una estructura de compensaciones que no dejaba rastro contable.
La red de adjudicaciones se extendió a varias comunidades autónomas. Las principales administraciones involucradas fueron las de Baleares, entonces gobernada por Francina Armengol, y Canarias, cuyo Gobierno presidía Ángel Víctor Torres. Ambos fueron presidentes de sus respectivas comunidades cuando se firmaron los contratos con la empresa de Aldama. El tribunal acordó citarlos como testigos, en atención a los contratos adjudicados bajo su mandato, aunque los dos han declarado desconocer el trasfondo irregular de las adjudicaciones. Su participación en el proceso se ha resuelto mediante declaración por escrito, fórmula reservada a cargos de alto rango institucional.
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Los beneficios personales y el papel de Armengol
Entre los beneficios que el instructor atribuye a Ábalos figura el arrendamiento con opción de compra de un chalet en La Alcaidesa, en Cádiz, y el alquiler de un apartamento en Madrid para Jésica Rodríguez, que era su pareja en ese período. También se le atribuye la obtención de contratos en dos empresas públicas para esa misma persona, aunque no trabajara en ellas de manera efectiva. La Fiscalía Anticorrupción concreta esos hechos en una acusación por cohecho, malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal y cuatro delitos de tráfico de influencias.
En la causa obran mensajes entre Koldo García y Armengol que revelan una relación de confianza. La actual presidenta del Congreso, en su condición de entonces presidenta de Baleares, respondió en uno de ellos: «me mantengo informada de todo». Koldo García le contestó en otra ocasión con un «vale cariño» al abordar cuestiones relacionadas con la gestión del material sanitario. El tribunal ha valorado esa correspondencia como elemento relevante para citar a Armengol como testigo, aunque la acusación no la señala como parte de la trama. Las posibles implicaciones de su testimonio constituyen uno de los focos de mayor atención política del juicio.
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Las penas pedidas y el alcance político del proceso
Las peticiones de condena son de las más elevadas formuladas contra un ex miembro del Gobierno en la historia reciente. La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de prisión para Ábalos. Para Aldama, en atención a su colaboración con la justicia, la petición de Anticorrupción se limita a siete años, aunque las acusaciones populares y particulares elevan esa cifra de manera considerable. La Guardia Civil también ha vinculado a Aldama con otras investigaciones en curso, entre ellas una referida a la presunta financiación ilegal del PSOE con recursos procedentes del petróleo venezolano.
El juicio llega en un momento especialmente delicado para el PSOE, con las elecciones autonómicas andaluzas del 17 de mayo en el horizonte inmediato. En el entorno de Alberto Núñez Feijóo se repite una frase que resume la lectura conservadora del proceso: «Si el matrimonio Sánchez-Gómez pudiera medirse en ejemplaridad con Feijóo, aquí les esperamos». El PSOE replica que el caso afecta a conductas individuales y que la organización como tal no está imputada. La coincidencia del juicio con la precampaña andaluza convierte, sin embargo, cada sesión en un argumento electoral de doble filo para los dos grandes partidos.
