La Audiencia Nacional juzga a diez acusados por el dispositivo parapolicial desplegado desde el Ministerio del Interior para impedir que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas colaborara con la justicia. El proceso, previsto hasta el 30 de junio, ventilará si la cúpula policial del Gobierno de Mariano Rajoy actuó al margen de la ley para salvaguardar los intereses del partido.
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes la vista oral del caso Kitchen, el proceso más relevante abierto contra altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy. El tribunal juzga a diez acusados por haber articulado, presuntamente, un dispositivo del Estado al servicio de los intereses de un partido político. La vista se prolongará hasta el 30 de junio con una treintena de sesiones programadas. Entre los testigos citados figuran el propio ex presidente Rajoy, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con declaraciones previstas a partir del 23 de abril.
El caso Kitchen no es un episodio de corrupción ordinario. El sumario lo inscribe en un fenómeno más amplio que el juez instructor Manuel García-Castellón denominó policía patriótica: el uso del aparato policial del Estado para actuar contra adversarios políticos del PP durante sus años de gobierno. La Kitchen es la operación más documentada de ese conjunto de prácticas, pero no la única que los investigadores han identificado en el sumario. Comprender su mecánica resulta imprescindible para seguir un proceso que condicionará la política española durante los próximos meses.
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Qué fue la operación Kitchen y por qué se activó
El punto de partida es 2013. El PP atravesaba la peor crisis de su historia reciente: el caso Gürtel —la red de financiación ilegal que había nutrido al partido durante más de una década a cambio de contratos públicos— estaba en plena instrucción ante la Audiencia Nacional, y Luis Bárcenas, el extesorero que durante años había guardado la contabilidad paralela del partido, comenzaba a dar señales de que podría colaborar con el magistrado Pablo Ruz. La publicación de los denominados papeles de Bárcenas por El País había acelerado la crisis y situado al PP ante el riesgo de una condena histórica de consecuencias impredecibles.
El juez instructor García-Castellón concluyó sus pesquisas en 2021 y determinó que existen indicios de que altos mandos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional se conchabaron para sobrepasar sus funciones y activar un operativo ilícito: sustraer la documentación comprometedora en poder de Bárcenas para boicotear la investigación del caso Gürtel y blindar los intereses del PP. Para ejecutar esa misión, según la instrucción, se movilizó la cúpula de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, que dispuso de agentes, fondos reservados y medios técnicos al margen de cualquier control judicial.
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La policía patriótica: el aparato del Estado como instrumento político
El concepto de policía patriótica designa, en el argot del sumario, el conjunto de prácticas policiales irregulares desplegadas durante los gobiernos del PP con fines políticos ajenos a cualquier misión de seguridad pública. La instrucción identificó operativos dirigidos contra Podemos y contra el independentismo catalán, además de la propia Kitchen. Los investigadores ubican esta operación como el episodio más documentado de un fenómeno estructural de instrumentalización de las fuerzas de seguridad, que el sumario sitúa entre los años 2012 y 2015, en el período de mayor presión judicial sobre el partido conservador por el caso Gürtel.
Las agendas del comisario José Manuel Villarejo, confiscadas tras su detención en noviembre de 2017, ofrecen la crónica más detallada de ese patrón. Villarejo llevaba décadas grabando conversaciones sin el consentimiento de sus interlocutores, y sus archivos cartografiaron con minuciosa precisión los hitos del proceso Kitchen. En audios intervenidos durante la instrucción aparece jactándose de que le «encargaron maldades para salvar» a Mariano Rajoy, una afirmación que el comisario jubilado mantuvo ante el juez instructor y que la Fiscalía Anticorrupción ha incorporado a su escrito de acusación con plena relevancia probatoria.
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Cómo funcionó el dispositivo: el chófer, los agentes y los fondos reservados
La operación se desarrolló en tres fases documentadas en el sumario. La primera fue la captación de Sergio Ríos, el chófer de la familia Bárcenas, como confidente. Ríos comenzó a trabajar para la trama en febrero de 2013 a propuesta de una conocida con vínculos en el PP. La mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, sospechó de él desde el primer momento, pero el chófer logró ganarse la confianza del entorno y acceder a los móviles y dispositivos del extesorero. En octubre de ese año robó dos teléfonos y un pendrive, cuyo contenido fue copiado íntegramente por los agentes en una reunión en un establecimiento del barrio de Salamanca de Madrid.
La segunda fase fue la vigilancia sistemática del entorno de Bárcenas: 52 agentes, ocho inspectores y ocho oficiales, y 57.943 euros de fondos reservados. La tercera fue el espionaje en prisión, donde los agentes intentaron interceptar el acceso del extesorero a archivos comprometedores almacenados en la nube. El papel coordinador del antiguo director adjunto operativo Enrique García Castaño queda ilustrado en una conversación con el entonces secretario de Estado Francisco Martínez, incorporada al sumario: «¿Si saco el pendrive de Bárcenas, qué pasa?», le preguntó, revelando el alcance de lo que el operativo pretendía obtener.
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La pregunta central: quién dio la orden
La cuestión más relevante del juicio es la que el propio García-Castellón planteó al cerrar la instrucción: quién ordenó activar la Kitchen. El magistrado circunscribió la responsabilidad al departamento y situó a Jorge Fernández Díaz en la cúspide de la cadena de mando. La Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de cárcel para el ex ministro del Interior por delitos de encubrimiento, malversación y vulneración de la intimidad. Fernández Díaz ha negado de forma sistemática haber recibido órdenes de Rajoy o de Cospedal y ha insistido en que nunca supo nada de la captación de Ríos como confidente.
La Fiscalía Anticorrupción ha señalado siempre que la guerra sucia contra el caso Gürtel podría no haberse gestionado exclusivamente desde Interior. En su escrito de acusación, el ministerio público advierte de que no puede «descartarse la intervención de otras personas», una fórmula que apunta a que el proceso judicial podría no agotar la cadena de responsabilidades reales. Ni Rajoy ni Cospedal figuran entre los acusados, aunque ambos prestarán declaración como testigos. La Fiscalía siempre dudó, además, de que la operación se gestionara exclusivamente dentro del Ministerio del Interior, sin participación de otras instancias del partido.
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Las penas pedidas y el calendario del juicio
La tabla de penas solicitadas convierte el caso Kitchen en el proceso más exigente abierto contra altos cargos del PP en términos de responsabilidad penal individual. La Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de reclusión para Villarejo; 15 años para Fernández Díaz, para Francisco Martínez, para Eugenio Pino y para Andrés Gómez Gordo; y casi 12 años para Sergio Ríos. Las acusaciones particulares y populares elevan esas cifras de manera notable: los tres miembros de la familia Bárcenas reclaman hasta 41 años de cárcel para los ex dirigentes de Interior, además de una indemnización de 400.000 euros por acusado.
La primera semana de la vista está reservada a cuestiones previas, en las que las defensas intentarán anular pruebas clave, entre ellas los audios que Villarejo grabó de manera sistemática durante décadas sin consentimiento de sus interlocutores. El ex director adjunto operativo Eugenio Pino, cuya defensa sostiene que actuó sin iniciativa propia, dejó constancia en una nota incorporada al sumario de haber quedado «involucrado exclusivamente por lealtad y obediencia», en referencia a la cadena de mando que, según su versión, le obligó a participar en el operativo. García Castaño, el comisario que coordinó el dispositivo sobre el terreno, no se sentará en el banquillo tras haber sufrido un ictus.
