La coalición de Yolanda Díaz combina presión parlamentaria y movilización social para evitar que el Congreso tumbe el decreto que congela los alquileres durante dos años con una subida máxima del 2%. El plazo de convalidación vence el 6 de mayo. Junts per Catalunya es el voto decisivo, y Sumar confía en su predisposición al acuerdo pese al escepticismo del PSOE y al rechazo anticipado del secretario general de la formación, Jordi Turull.
La coalición Sumar ha diseñado una estrategia de doble palanca para salvar el decreto de vivienda ante el Congreso de los Diputados: presión política directa sobre los grupos parlamentarios y movilización en la calle de sindicatos, plataformas de inquilinos y entidades sociales. La norma, aprobada en Consejo de Ministros extraordinario y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de marzo, congela los contratos de arrendamiento durante dos años con una subida máxima del 2% para los que venzan antes de finales de 2027. El plazo para la convalidación en el Congreso expira el 6 de mayo, treinta días hábiles después de su publicación.
El decreto afecta a 2,5 millones de arrendatarios y ha generado desde el primer día una disputa sobre su alcance real. La portavoz adjunta de Sumar y miembro de los Comunes, Aina Vidal, cargó en el Congreso contra el relato que vincula la norma con la afectación a los pequeños propietarios: «Se ha creado un falso debate social». Para Vidal, el decreto no perjudica a los pequeños arrendadores sino a los grandes tenedores, grupos como Caixabank o Blackstone que solo entre ellos concentran 40.000 viviendas en alquiler en todo el territorio nacional.
La clave está en Junts
La aritmética parlamentaria sitúa a Junts per Catalunya (JxCat) como la pieza decisiva. La formación independentista votó la semana anterior a favor del decreto anticrisis vinculado a la guerra de Irán, lo que ha generado en Sumar cierta confianza en su predisposición al entendimiento. Vidal se dirigió a los diputados de Puigdemont en catalán y con tono deliberadamente próximo para instárles: «No le falléis a Cataluña». El secretario general de la formación, Jordi Turull, sin embargo, ya ha anticipado que el Congreso tumbará la norma y acusó al Gobierno de «criminalizar a los pequeños propietarios».
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) tampoco se ha mostrado favorable al decreto, aunque en Sumar valoran que sus representantes exhiben habitualmente mayor predisposición al acuerdo que sus homólogos catalanes, sobre todo si en este punto se lograra avanzar primero con JxCat. En la parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la postura es de escepticismo no declarado: el partido no percibe que los independentistas vayan a revertir su rechazo, y el propio Turull ya ha adelantado públicamente la caída de la norma, lo que Sumar interpreta como movimiento de presión negociadora antes que como una posición irrevocable.
La ofensiva institucional
Mientras Sumar gestiona los contactos parlamentarios, el Gobierno ha desplegado una ofensiva institucional para crear un clima favorable en la opinión pública. El ministerio de Pablo Bustinduy, de Derechos Sociales y Consumo, ha enviado cartas a 13 grandes grupos inmobiliarios que gestionan en total 100.000 viviendas para recordarles la obligación de aplicar el decreto. Consumo ha distribuido además formularios para que los inquilinos puedan reclamar a sus caseros la prórroga contractual prevista en la norma. Los sindicatos de inquilinos han difundido el mismo formulario: solo en la primera jornada registraron 230.000 visitas en su página web.
El ministro Bustinduy elevó el tono en una intervención televisiva: «Estoy absolutamente convencido de que esta votación la vamos a ganar». En la misma intervención, advirtió a los grupos de la oposición de que no podrían votar en contra del decreto «sin pagar un altísimo precio». La coalición de Díaz defiende además que la prórroga es inamovible incluso si el Congreso tumbase la norma, dado que sus efectos ya están vigentes para los contratos que alcancen su término durante el período de aplicación, independientemente del resultado de la votación.
El Primero de Mayo como presión
La vivienda será el eje central de las manifestaciones del Primero de Mayo, que Sumar considera una oportunidad para proyectar el decreto fuera del Congreso y construir presión social en las semanas previas a la votación decisiva. El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, ha anticipado movilizaciones en la calle, a las que también ha convocado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, expresó tras el Consejo de Ministros del martes la posición oficial ante los grupos: «Apelo a la responsabilidad de las fuerzas políticas».
La estrategia de Sumar asume que llevará el peso de la negociación con escaso respaldo explícito del ala socialista del Ejecutivo, que ve la convalidación como una causa propia de la coalición de Díaz en un momento en que sus energías apuntan a las elecciones de Andalucía del 17 de mayo. Pese a ello, varias comunidades gobernadas por el socialismo han sumado iniciativas paralelas: el Gobierno foral de Navarra ha enviado 10.000 cartas a inquilinos a través de la coalición de izquierdas Contigo-Zurekin. El 6 de mayo determinará si la operación de Sumar alcanzó la mayoría que el Ejecutivo no puede construir por sí solo.
