Un estudio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia analiza qué ocurriría si España experimentara una reducción del 30% en sus flujos migratorios durante las próximas cinco décadas. Las proyecciones revelan consecuencias de gran magnitud en términos de población, riqueza nacional, servicios públicos y cohesión territorial, en un país que depende de la inmigración para crecer demográficamente.
Desde hace más de una década, España solo crece demográficamente gracias a la llegada de personas del exterior. En ese contexto, la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE), órgano dependiente de la Presidencia del Gobierno, publicó el 25 de marzo de 2026 el primer borrador del informe España ante el reto migratorio: dos escenarios posibles. Sus autores advierten que su objetivo no es hacer predicciones, sino «entender las consecuencias de distintas decisiones» de política migratoria en el largo plazo.
La metodología parte de un ejercicio de prospectiva que contrasta un escenario de continuidad —flujos migratorios similares a los actuales— con otro en el que esas llegadas se reducen un 30% de forma sostenida durante cinco décadas. En la elaboración del estudio han participado investigadores de universidades nacionales e internacionales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), CaixaBank Research y el Centro de Estudios Demográficos (CED), entre otras instituciones.
-
Qué es el informe y qué metodología utiliza
La ONPE fue creada en enero de 2020 como dirección general de la Presidencia del Gobierno con el mandato de analizar, de forma multidisciplinar y empírica, los retos que afrontará España en las próximas décadas. Su trabajo más conocido hasta la fecha era España 2050, publicado en 2021. El nuevo estudio sobre migración sigue la misma lógica: construir modelos que permitan anticipar el impacto de distintas decisiones de política pública antes de que sus efectos sean difíciles de revertir.
Para trazar los dos escenarios, los autores combinaron datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), proyecciones de población y variables como empleo, productividad y gasto público. La reducción del 30% no es una cifra arbitraria: el informe la define como «un supuesto de variación realista y empíricamente fundamentado», dado que los flujos migratorios responden con rapidez a cambios en las políticas de admisión, restricciones administrativas o transformaciones en el clima político de los países receptores, como ha demostrado la experiencia de otros Estados europeos.
-
El impacto demográfico: quince millones de habitantes menos
El primero y más inmediato efecto de una contracción sostenida de la inmigración sería demográfico. Según el informe, en el escenario de menor llegada de personas, la población española podría situarse en torno a los 40 millones de habitantes en 2075, frente a los 55 millones proyectados si los flujos se mantienen al ritmo actual. Eso equivale a 15 millones de personas menos, una contracción de aproximadamente el 25% respecto a las tendencias vigentes a lo largo de las próximas cinco décadas.
La reducción de la población en edad de trabajar sería especialmente pronunciada. Con menor inmigración, España contaría con solo 24 millones de personas activas, nueve millones menos que en el escenario de continuidad. El documento recuerda que este proceso no es nuevo: el país lleva más de una década sin crecer demográficamente por nacimientos, en un contexto de baja natalidad y envejecimiento acelerado que convierte la inmigración en el único mecanismo de aumento neto de la población residente.
-
La economía bajo presión: PIB, empleo y sectores productivos
La pérdida de nueve millones de trabajadores tendría consecuencias directas sobre la producción nacional. El Producto Interior Bruto (PIB) de España sería un 22% menor en el escenario de baja inmigración, una magnitud que el propio informe equipara a cuatro veces los ingresos anuales del sector turístico español. La contracción afectaría con especial intensidad a los sectores donde la presencia de trabajadores migrantes es más elevada: agricultura, hostelería y servicios de cuidados a personas dependientes.
El impacto sectorial que cuantifica el estudio tiene una escala que trasciende lo estadístico. Podrían cerrar hasta 90.000 bares y restaurantes, cerca de la mitad de los existentes en España. Unas 220.000 explotaciones agrícolas dejarían de producir frutas y verduras por falta de mano de obra, lo que equivale a casi un tercio del total actual. El informe concluye que la migración «constituye un elemento central en la configuración del futuro de España», con efectos que van más allá de los puramente demográficos.
-
Los servicios públicos en jaque: sanidad, educación y pensiones
La contracción de la base laboral presionaría simultáneamente sobre los tres grandes pilares del Estado del bienestar. En materia sanitaria, el escenario de menor inmigración implicaría la pérdida de unos 63.000 médicos especialistas, con el consiguiente aumento de la carga por facultativo y el alargamiento de las listas de espera. El sistema educativo también acusaría el impacto: cerrarían 32.000 aulas de educación primaria y otras 18.000 de enseñanza secundaria, reflejo directo de una pirámide demográfica con una base progresivamente más estrecha.
El sistema de pensiones concentraría la presión más intensa. Con menos cotizantes para sostener un número creciente de jubilados, mantener las prestaciones actuales exigiría que cada trabajador aportara en torno a 2.000 euros adicionales al año en 2075. Para compensar esa pérdida de ingresos, el Estado debería recaudar un 14% más en el impuesto de sociedades o cerca de un 6% más en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), según las proyecciones del informe, que apunta a la población migrante como pieza clave de la sostenibilidad fiscal.
-
El territorio en riesgo: despoblación y el futuro de los pueblos
El impacto de una menor inmigración agravaría dinámicas de despoblación que ya están en curso en amplias zonas de la España interior. El informe estima que unos 2.300 municipios podrían desaparecer en el horizonte 2075 bajo el escenario de contracción migratoria. Provincias ya amenazadas como Huesca, Soria y Teruel verían agudizado su proceso de vaciamiento y podrían perder hasta el 28% de su población actual a lo largo de las próximas cinco décadas, según las proyecciones del estudio.
El sector de los cuidados ilustra con claridad la doble presión que enfrentaría el conjunto del país. Con menos inmigración, el número de trabajadores en este ámbito podría caer aproximadamente un 28%, mientras el número de personas mayores dependientes aumentaría en torno al 60%, dado el avance del envejecimiento y la mayor longevidad. El documento alerta sobre el riesgo de dejar a «millones de personas mayores solas y sin cuidados», una situación con consecuencias humanas y económicas que se proyectarían durante décadas.
