España vuelve a crecer por encima de la media europea. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé para 2026 un aumento del PIB del 2,3%, una cifra que sitúa al país aproximadamente un punto por encima de la eurozona. Sobre el papel, el dato confirma una tendencia que se ha consolidado en los últimos años: la economía española resiste mejor que sus vecinos, crea empleo y mantiene un dinamismo que contrasta con la atonía de otras grandes economías europeas. Pero la fotografía completa exige algo más que celebrar el dato. Porque ese crecimiento, real pero frágil, se asienta sobre un contexto cada vez más incierto.
El diferencial español tiene explicaciones conocidas. El turismo sigue actuando como motor, el consumo interno ha aguantado mejor de lo previsto y el mercado laboral ha mostrado una capacidad de absorción notable, hasta el punto de concentrar una parte significativa del empleo creado en la Unión Europea. A ello se suma el impacto de los fondos europeos y una recuperación más ágil tras la pandemia. España ha logrado, en términos comparativos, situarse en una posición favorable dentro de un entorno europeo marcado por el estancamiento.
Sin embargo, esa fortaleza relativa no debe confundirse con estabilidad estructural. El informe del FMI llega en un momento en que el principal factor de riesgo no está dentro, sino fuera. La escalada en Oriente Medio, con el foco en Irán, ha devuelto a la economía global a una lógica conocida: la dependencia energética como vulnerabilidad. Cada tensión en el Golfo se traduce en presión sobre el precio del petróleo y del gas, y España, como economía importadora, absorbe ese impacto de forma directa.
El mecanismo es inmediato. Energía más cara implica costes de producción más altos, transporte más caro, alimentos más caros. La inflación, que parecía contenida, vuelve a asomar como amenaza. Y con ella, la posibilidad de que el crecimiento se desacelere. El 2,3% previsto por el FMI no es una garantía, sino una estimación condicionada por un entorno que puede deteriorarse rápidamente.
A este factor externo se suma una debilidad interna que el dato de crecimiento no refleja: la fragilidad política. España sigue operando sin unos presupuestos plenamente actualizados y con un Gobierno en minoría que debe negociar cada medida. Esta situación no impide crecer en el corto plazo, pero sí limita la capacidad de respuesta ante shocks económicos. Y ese matiz es clave. No es lo mismo crecer en estabilidad que hacerlo en equilibrio precario.
El problema no es solo económico, sino de gobernanza. El crecimiento español se sostiene, en parte, por inercias positivas —empleo, turismo, inversión europea—, pero carece de un marco político sólido que garantice su continuidad a medio plazo. Las reformas estructurales avanzan lentamente, condicionadas por la aritmética parlamentaria, y cada decisión relevante se convierte en una negociación compleja. En tiempos de bonanza relativa, esto puede pasar desapercibido. En un contexto de incertidumbre global, se convierte en un riesgo.
El FMI, como suele ser habitual, valida el crecimiento, pero no disipa las dudas. España está mejor que otros, pero no está blindada. Su modelo económico sigue expuesto a factores externos y su sistema político introduce incertidumbre interna. Es una combinación que obliga a leer los datos con cautela.
Porque el verdadero desafío no es crecer un año más que la media europea. Es sostener ese crecimiento cuando el contexto deja de ser favorable. Y ahí es donde surgen las preguntas incómodas: ¿puede España mantener este ritmo si los precios energéticos siguen subiendo? ¿Tiene margen fiscal suficiente para responder? ¿Puede un Gobierno en minoría impulsar las reformas necesarias?
De momento, las cifras invitan al optimismo moderado. Pero el contexto exige prudencia. España crece más, sí. Pero lo hace sobre un terreno que empieza a moverse.
Y en economía, como en política, no siempre gana quien avanza más rápido, sino quien resiste mejor cuando cambian las condiciones.
