El líder del Partido Popular calificó este jueves de «auténtica temeridad» y «doble irresponsabilidad» que el Gobierno de Pedro Sánchez mantenga su proyecto de regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular en un contexto de alerta antiterrorista creciente derivada de la guerra en Oriente Medio. Las declaraciones, realizadas en Bruselas tras la cumbre del Partido Popular Europeo previa al Consejo Europeo, añaden un nuevo vector —la seguridad— al debate migratorio que enfrenta al Ejecutivo con la oposición desde hace semanas.
Alberto Núñez Feijóo compareció este jueves ante los medios en Bruselas tras participar en la reunión de líderes del Partido Popular Europeo (PPE), el grupo político que agrupa a los partidos democristianos y conservadores del continente. En su intervención, el presidente del Partido Popular (PP) español cargó con especial dureza contra el plan de regularización extraordinaria impulsado por el Ejecutivo de coalición, que afectaría a cerca de medio millón de personas en situación irregular que residen y trabajan en España. Feijóo situó la medida en el contexto del conflicto en Oriente Medio y advirtió de que, en el escenario actual, el llamado «efecto llamada» —la atracción de flujos migratorios que los críticos atribuyen a las regularizaciones— supone «una auténtica temeridad».
La ofensiva del líder popular no es nueva, pero adquiere esta semana una dimensión adicional. El miércoles, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular para exigir la suspensión inmediata del proceso de regularización. La iniciativa salió adelante con los votos del PP, Vox, Junts per Catalunya y Unión del Pueblo Navarro (UPN), lo que supone una mayoría parlamentaria contraria a la medida estrella del Gobierno en materia migratoria. Feijóo interpretó el resultado como una señal de legitimidad democrática: «Si el Gobierno tuviera algún compromiso democrático, debería aceptar su derrota y parar inmediatamente la regularización masiva de inmigrantes irregulares», afirmó.
La votación del Congreso como respaldo político
El texto de la moción aprobada sostiene que la regularización extraordinaria carece de los requisitos exigibles y contradice los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, el marco comunitario que establece los principios para la gestión de los flujos migratorios en los países de la Unión Europea (UE). El PP argumenta que la medida se ha diseñado «sin datos objetivos, sin planificación real, sin recursos suficientes y sin respeto alguno a las comunidades autónomas», y la califica de «operación política» sin base técnica. El Gobierno, por su parte, defiende que se trata de un real decreto que no requiere aprobación parlamentaria y que responde a una necesidad económica y social: regularizar situaciones laborales ya existentes para que quienes trabajan en la informalidad puedan cotizar y acceder a derechos.
El PPE, por su parte, aprobó este jueves en Bruselas una declaración en la que reconoce que el conflicto en Oriente Medio puede provocar «un desplazamiento significativo de personas, ya sea dentro de la región o hacia Europa», y llama a reforzar la «seguridad común» y a garantizar una «gestión ordenada y rigurosa de los flujos migratorios». Feijóo hizo suyo ese marco para atacar la posición del Ejecutivo español, al que acusa de actuar en sentido contrario al consenso europeo. «Europa tiene que decir quién entra y en qué condiciones», subrayó el líder del PP, alineándose con la posición del canciller alemán Friedrich Merz, cuya formación, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), es el partido hermano del PP en el PPE.
El argumento de la seguridad y el terrorismo
El elemento más polémico de la intervención de Feijóo fue la vinculación explícita entre la regularización de migrantes y el riesgo de atentados terroristas en Europa. El presidente del PP alertó de que «probablemente en los próximos meses se incrementará la alerta antiterrorista» como consecuencia directa de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, y que en ese contexto el efecto llamada de una regularización masiva representa «una doble irresponsabilidad». Añadió que, según fuentes policiales, ya existirían «redes organizadas en otros países que están preparando determinadas documentaciones ante este efecto llamada», aunque no precisó la procedencia ni el alcance de esa información.
La afirmación enlaza dos debates que hasta ahora habían discurrido en paralelo en el escenario político español: la gestión migratoria y la respuesta al conflicto en Oriente Medio. Para el PP, la guerra en Irán refuerza el argumento de que una apertura extraordinaria en el acceso a la residencia legal en España entraña riesgos de seguridad que el Gobierno no estaría evaluando con suficiente rigor. Los críticos de esta posición señalan que la regularización afecta exclusivamente a personas que ya residen en territorio español desde hace al menos cinco meses, por lo que no modifica los flujos de entrada al país.
La posición del Gobierno y el debate europeo
El Ejecutivo no ha alterado su calendario. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó a finales de enero un documento de preguntas y respuestas sobre la regularización extraordinaria en el que rechaza expresamente que la medida vaya a generar un efecto llamada, al señalar que «los estudios disponibles concluyen que este proceso no generó» ese fenómeno en regularizaciones anteriores. El texto recuerda que España ha llevado a cabo este tipo de procesos en siete ocasiones, tanto bajo gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como del PP, incluyendo la regularización impulsada por el Ejecutivo de José María Aznar en los años 2000 y 2001, que otorgó documentación a más de medio millón de personas.
El debate se traslada ahora al plano europeo. Feijóo abandonó Bruselas después de su comparecencia; Sánchez permaneció en la capital belga para participar en el Consejo Europeo, donde la gestión migratoria figura como uno de los puntos del orden del día junto a la respuesta comunitaria a la guerra en Irán. La postura española en ambos asuntos —contraria a la intervención militar y favorable a la regularización— la sitúa en un terreno de fricción con varios socios del bloque, aunque el Gobierno considera que actúa dentro del marco legal europeo y de las competencias que corresponden a cada Estado miembro en materia de extranjería.
