El número de extracomunitarios sin documentación que trabajan en la economía sumergida en España se ha duplicado en cuatro años y supera ya los 440.000, según un estudio de Fedea. El fenómeno revierte la tendencia de reducción del trabajo no declarado que siguió a la pandemia y afecta de forma desproporcionada a mujeres latinoamericanas empleadas en hostelería y servicio doméstico.
Vladimiro llegó a España a finales de 2024 con un título universitario en Administración de Empresas, dos mil euros de ahorro y el proyecto de montar una franquicia. Sin contrato previo, sin permiso de trabajo y tras cinco meses en situación de desempleo, la única salida que encontró fue aceptar un puesto en negro en una empresa de la construcción. Jornadas de diez horas, sueldo inferior a seis euros por hora —un 20% por debajo del convenio colectivo— y sin nómina desde diciembre hasta que perdió el trabajo en febrero. Su historia resume una realidad que los datos confirman: el empleo irregular entre los colectivos de inmigrantes sin papeles se ha disparado en España hasta niveles que preocupan a los economistas.
Según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) presentado el pasado mes de febrero, el número de trabajadores extranjeros sin papeles en situación de empleo no declarado se ha duplicado desde 2021, cuando la cifra rondaba las 220.000 personas, hasta superar las 440.000 a finales de 2024. La investigación, elaborada por el profesor Florentino Felgueroso, sitúa esta cifra en aproximadamente la diferencia entre los extranjeros afiliados a la Seguridad Social —tres millones y cien mil, según las últimas estadísticas disponibles— y los recogidos por la Encuesta de Población Activa (EPA), que asciende a cerca de tres millones y seiscientas mil personas. La brecha, casi medio millón, corresponde en su mayor parte a trabajadores extracomunitarios sin regularización.
Un fenómeno que crece con el auge de llegadas
El vínculo entre el volumen de llegadas y el empleo no declarado no es casual. Felgueroso explica que «el número de personas que trabajan en negro suele aumentar cuando la inmigración crece con fuerza», especialmente en los primeros meses tras la llegada, cuando la situación irregular impide el acceso al mercado laboral formal. Los datos del estudio apuntan de manera particular a los inmigrantes procedentes de América Latina, el colectivo extranjero que más ha crecido en España en los últimos años: por cada nuevo trabajador latinoamericano que llega al país, aumenta también el número de quienes terminan en la economía sumergida.
Este fenómeno coincide con una inflexión en la tendencia general del trabajo no declarado en España. Tras varios años de descenso de la economía sumergida —una tendencia que se acentuó en el período posterior a la pandemia—, el repunte registrado desde 2021 se explica casi por completo por los inmigrantes sin documentación de la Unión Europea (UE). Mientras la cifra de trabajadores españoles y otros ciudadanos europeos en situación irregular se ha mantenido estable, la de los extracomunitarios ha pasado de representar menos de la mitad del empleo no declarado a concentrar cerca del 80% de los casos, según Fedea.
Sectores con alta presencia femenina
El estudio señala que el empleo irregular entre inmigrantes extracomunitarios se concentra principalmente en dos sectores: la hostelería y el servicio doméstico. Ambos comparten características que los hacen especialmente vulnerables a la falta de control: alta rotación de personal, relaciones laborales individualizadas y escasa presencia sindical. Fedea calcula que seis de cada diez trabajadores extracomunitarios en empleo no declarado son mujeres, lo que explica el marcado sesgo de género del fenómeno e introduce una dimensión adicional de vulnerabilidad.
Daniela Proaño, ecuatoriana de 37 años residente en Madrid desde finales de 2021, ilustra este patrón. Licenciada en gastronomía, con una década de experiencia en gestión de restaurantes en su país, no encontró en España la equivalencia de sus titulaciones ni un contrato que la reconociera. «Tus títulos no sirven porque no están validados y tu currículum ni lo miran», relata. Sin contrato, sin posibilidad de regularizar su situación, acabó trabajando primero como camarera y después en el servicio doméstico. «Llegó un momento en que acabé creyendo que solo sirves para trabajar en negro», afirma. En 2025 logró regularizar su situación gracias a una reforma que redujo los requisitos mínimos para el arraigo.
Entre la regularización y la precariedad
El Gobierno ha citado el crecimiento del empleo no declarado entre inmigrantes extracomunitarios como uno de los argumentos para impulsar su proyecto de regularización previsto para abril. Según el Ejecutivo, la medida busca incorporar al mercado formal a una parte significativa de quienes hoy trabajan sin contrato, ampliar la base de cotizantes a la Seguridad Social y reducir la presión sobre los servicios públicos derivada de la economía sumergida. Sin embargo, la propuesta no ha concitado consenso político y permanece en fase de negociación.
Felgueroso advierte en su informe de que «persisten las trabas para regularizar la residencia», lo que convierte el proceso en un obstáculo real para muchos trabajadores que desearían salir de la informalidad. Vladimiro confía en lograrlo a través del proceso que entrará en vigor en abril: «Ya tengo preparada toda la documentación», señala. La precariedad laboral y el empleo en negro son, en palabras de Felgueroso, «dos caras de la misma moneda»: mientras uno no se resuelve, el otro se alimenta. El estudio de Fedea concluye que sin una vía ágil de regularización y un refuerzo de la inspección laboral, la tendencia al alza del empleo no declarado entre los colectivos sin papeles difícilmente se revertirá a corto plazo.
