Los ataques a infraestructuras energéticas del Golfo Pérsico y el cierre intermitente del estrecho de Ormuz han disparado el precio del crudo y el gas natural, con efectos directos sobre la luz, los alimentos, el transporte y las hipotecas en España. Los expertos descartan una recesión, pero cifran el coste del conflicto en 6.800 millones de euros y advierten de que 600.000 puestos de trabajo están en riesgo.
La guerra en Oriente Medio ha dejado de ser un conflicto geográficamente distante para convertirse en una variable determinante de la economía cotidiana española. Los ataques iraníes a oleoductos, pozos y refinerías de países del Golfo, combinados con las tensiones en las rutas marítimas del estrecho de Ormuz, han desencadenado una cadena de efectos que recorre de principio a fin el sistema productivo: desde las plantas energéticas que alimentan las fábricas hasta los supermercados donde las familias hacen la compra. España, con una dependencia estructural de los hidrocarburos importados, es uno de los países europeos más expuestos a esa cadena de transmisión.
Los análisis elaborados por CaixaBank Research, el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y Funcas coinciden en que la economía española resistirá sin entrar en recesión, pero advierten de que el impacto no será menor. Por cada diez euros de subida combinada del barril de crudo y del gas en el mercado, se ponen en riesgo unos 150.000 empleos y unos 1.600 millones de euros equivalentes al 1% del Producto Interior Bruto (PIB). En el peor de los escenarios contemplados, la inflación podría alcanzar un máximo del 5%, una cota que no se habría registrado desde 2022, cuando la economía de la eurozona aún logró evitar la recesión.
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La energía, primer vector de contagio
El mecanismo de transmisión arranca en los mercados internacionales de materias primas. Cuando los ataques reducen la oferta disponible de petróleo y gas —combustibles indispensables para la generación de electricidad, el transporte y la actividad industrial—, las compañías energéticas se ven obligadas a adquirirlos a precios más elevados y trasladan ese coste adicional a las tarifas que aplican a hogares y empresas. El barril de brent ronda los 82 dólares y el gas se sitúa en torno a los 45 euros por megavatio hora, niveles que presionan al alza la factura eléctrica con carácter inmediato.
A ese primer efecto se suma la vulnerabilidad estructural del sistema energético español. Las compañías que operan en España —algunas extraen hidrocarburos de sus propios yacimientos, otras los importan— necesitan el crudo y el gas para abastecer plantas térmicas, instalaciones de cogeneración y ciclos combinados que en 2025 generaron cerca de una cuarta parte de la electricidad del país, según Red Eléctrica de España (REE). Que el precio de ese combustible suba implica directamente que suba el coste de producir electricidad y, con él, el precio que pagan todos los consumidores conectados a la red.
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Fábricas y empresas bajo presión
Las empresas industriales son el segundo eslabón de la cadena de impacto. Fabricar productos químicos, fertilizantes, cemento, vidrio, cerveza, componentes metálicos, fármacos, plásticos, coches, papel o textiles requiere energía intensiva; cuando esa energía se encarece, el coste de producción sube y los márgenes se estrechan. Las compañías tienen entonces tres opciones: repercutir el alza en el precio final, reducir producción para ajustar el gasto, o renegociar con proveedores y clientes en un entorno en el que todos están sometidos a la misma presión.
El efecto se extiende también a los fletes y al transporte de mercancías. El encarecimiento del gasóleo eleva el coste de los camiones, los barcos de carga y los buques pesqueros, lo que acaba repercutiendo en el precio de los bienes que transportan. En un escenario de alta volatilidad, además, surgen intermediarios que aprovechan la incertidumbre para especular con los precios de las materias primas, lo que amplifica las oscilaciones y dificulta la planificación de las empresas. Desde Oxford Economics advierten de que «las respuestas nacionales serán menos contundentes que los paquetes adoptados en 2022».
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El golpe al bolsillo de las familias
Los hogares absorben el impacto por varias vías simultáneas. La más visible es la factura de la luz, cuya subida es inmediata y proporcional al encarecimiento del gas. A ella se añade el encarecimiento de los alimentos: las verduras y las hortalizas, por ejemplo, suben de precio en los supermercados porque los fertilizantes necesarios para su cultivo son más caros, lo mismo que la carne de pollo o la ternera, cuyos piensos requieren grandes cantidades de energía para su elaboración. El transporte particular y la cesta de la compra se encarecen en paralelo.
La crisis de vivienda agrava el cuadro. En un mercado inmobiliario ya tensionado, el encarecimiento de los materiales de construcción —cemento, acero, aluminio, PVC o vidrio— presiona al alza el precio de los nuevos proyectos y de las reformas. Al mismo tiempo, si la inflación no cede, el Banco Central Europeo (BCE) se ve obligado a endurecer las condiciones de los préstamos para contener la espiral de precios, lo que encarece las hipotecas. Las familias con créditos variables son las más expuestas: el euríbor sube en paralelo a los tipos de interés y erosiona directamente su capacidad de gasto mensual.
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Seiscientos mil empleos en el alambre
El mercado laboral es el termómetro más sensible del impacto económico. Según el análisis de la patronal eólica española, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), y los datos del Banco de España, INE, Funcas y CaixaBank Research, por cada diez euros de subida combinada del crudo y el gas se ponen en riesgo unos 150.000 puestos de trabajo. Tomando como referencia la evolución del precio en el mercado desde el inicio del conflicto, la cifra acumulada asciende a unos 600.000 empleos amenazados, sin contabilizar los efectos indirectos de una posible contracción de la demanda interna.
Los sectores más vulnerables son aquellos con mayor intensidad energética y menor capacidad para trasladar costes al consumidor final: cerámica, metalurgia, fertilizantes, transporte de mercancías y determinados subsectores de la industria química y farmacéutica. A ellos se suman las pequeñas y medianas empresas sin acceso a contratos de suministro a largo plazo, que quedan expuestas a los precios de mercado sin la cobertura de la que disponen las grandes corporaciones. La diversificación del suministro energético, el desbloqueo de parques eólicos paralizados y la aceleración de la autonomía renovable aparecen en todos los informes como las respuestas estructurales más urgentes.
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Sin recesión, pero con un coste de 6.800 millones
Los analistas coinciden en descartar un escenario recesivo para España, aunque reconocen que la guerra reducirá el crecimiento de manera apreciable. CaixaBank Research estima que el PIB crecerá cuatro décimas menos en 2026 de lo que habría crecido sin el conflicto, situándose en torno al 2% frente al 2,4% proyectado antes del estallido. En términos monetarios, esa pérdida de dinamismo se traduce en unos 6.800 millones de euros, una cifra equivalente aproximadamente al 1% del PIB español.
La inflación será inferior a la que provocó la invasión rusa de Ucrania, en parte porque la dependencia española de los hidrocarburos rusos es menor que entonces. Desde Oxford Economics calculan que el alza de precios alcanzaría como máximo el 5%, «muy por debajo del 10% de 2022, cuando la economía de la eurozona aún evitó la recesión». Las medidas de choque que el Gobierno prevé presentar —entre ellas posibles ajustes del IVA y la activación de mecanismos de protección a consumidores vulnerables— determinarán en buena medida la magnitud final del impacto sobre los hogares con menor capacidad de absorción.
