La crisis interna de Vox alcanza este miércoles su momento de mayor intensidad desde la fundación del partido: el exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, acusa públicamente al líder de la formación, Santiago Abascal, de recibir un presunto sobresueldo a través de la cuenta de su esposa, mientras un grupo de exdirigentes encabezado por Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith exige la convocatoria de un congreso extraordinario abierto a la militancia.
Vox afronta la crisis interna más grave de su trayectoria. En el transcurso de pocas horas, dos frentes han convergido sobre el liderazgo de Santiago Abascal: uno de naturaleza económica, con acusaciones de irregularidades financieras formuladas por un exdirigente autonómico de primer nivel; otro de naturaleza orgánica, con un manifiesto respaldado por una quincena de exdirigentes que reclama un debate abierto sobre el rumbo, la organización y el liderazgo del partido. La simultaneidad de ambos movimientos, en un contexto de caída de dos puntos en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y de resultados por debajo de las expectativas en las elecciones de Castilla y León del pasado domingo, dibuja un cuadro de fragilidad interna que la dirección del partido ha respondido con descalificaciones y sin ofrecer explicaciones de fondo.
La jornada comenzó con las declaraciones del exvicepresidente autonómico Juan García-Gallardo en dos medios distintos —el diario El Mundo y el programa Espejo Público—, en las que acusó a Abascal de percibir lo que definió como «un tercer sueldo» a través de la cuenta corriente de su esposa, Lidia Bedman. Según las denuncias del exdirigente, que no han sido verificadas de forma independiente por ninguna instancia judicial hasta la fecha, los pagos ascenderían a 60.000 euros anuales desde 2019 y procederían de un proveedor del partido por supuestos servicios de consultoría en materia de redes sociales prestados a una sociedad mercantil que, según los registros del Registro Mercantil citados por García-Gallardo, se encuentra en situación de pérdidas y en causa de disolución.
Las acusaciones de García-Gallardo
El exvicepresidente amplió su denuncia más allá de los presuntos pagos a la esposa del líder del partido. En sus declaraciones a El Mundo, García-Gallardo apuntó a la existencia de lo que describió como una «galaxia de sociedades mercantiles» vinculadas a personas próximas a la dirección —a las que identificó con miembros de las familias Ariza y Méndez-Monasterio— que, a su juicio, estarían «alimentándose de unos muy cuantiosos recursos públicos» a los que accede Vox como partido con representación institucional. «Hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas», afirmó, describiendo ese entramado como «una especie de parapartido» que «parasita los recursos económicos de Vox».
García-Gallardo explicó que tuvo acceso a esa información durante una reunión de portavoces autonómicos celebrada en Barcelona, dos días antes de que, según relató, recibiera un «chantaje» interno: o expulsaba a dos compañeros de su grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León, o sería él quien fuera expulsado. El exdirigente, que dimitió de todos sus cargos en febrero de 2025 y había mantenido un perfil bajo desde entonces, eligió este miércoles romper ese silencio. «Los afiliados de Vox merecen saber si los servicios son reales o aparentes y si el precio de mercado de esos servicios es correcto», sostuvo, reclamando una explicación pública por parte de la dirección. Precisó no haber respaldado el manifiesto de Espinosa de los Monteros, aunque sí se mostró favorable a la convocatoria de un congreso extraordinario.
El manifiesto y la petición de congreso
En paralelo a las declaraciones de García-Gallardo, y publicado en la medianoche del martes al miércoles en una página web no oficial del partido, un manifiesto suscrito por una quincena de exdirigentes reclama la convocatoria de un congreso extraordinario «con plazos suficientes y reglas claras» que permita una «revisión completa de la arquitectura interna del partido». Entre los promotores figuran el exportavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros; el aún portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith —cuya expulsión definitiva ya ha sido comunicada por la dirección—; el primer presidente histórico de la formación, Ignacio Ansaldo, y el exvicepresidente primero, Víctor González Coello de Portugal.
El texto plantea la necesidad de un «debate abierto sobre liderazgo, organización, orientación política y estrategia de gobierno», y sus firmantes subrayan que no buscan «imponer una candidatura alternativa» ni actuar «contra Vox». «La lealtad política es a las ideas, no a las personas», sostiene el manifiesto. Los críticos denuncian la «concentración extrema del poder», la «eliminación de los controles internos» y el «apartamiento de mandos históricos» sin «explicaciones suficientes». Señalan también la existencia de un «entramado paralelo de entidades opacas, no sometidas a escrutinio suficiente y vinculadas a intereses e intercambios económicos que exigen transparencia», formulación que converge con las acusaciones de García-Gallardo sin citarlas explícitamente.
La respuesta de la dirección
La reacción de la cúpula de Vox fue inmediata y de tono áspero. El vicesecretario nacional de comunicación, Manuel Mariscal, calificó a García-Gallardo de «traidor, desgraciado y niñato consentido» a través de la red social X, añadiendo que se deja «utilizar por el Partido Popular (PP)» y que «este tipo de gente no debería tener cabida en Vox». La descalificación personal fue la única respuesta pública de la dirección a las acusaciones económicas; ningún portavoz oficial ofreció datos que contradigan o contextualicen las cifras y los vínculos societarios mencionados por García-Gallardo.
Ortega Smith, por su parte, llamó este miércoles a dar «el paso» y «no callarse ante la arbitrariedad», en alusión directa al proceso de expulsión al que ha sido sometido por la dirección. La destitución del hasta ahora portavoz en el Ayuntamiento de Madrid se produjo después de que la formación le abriera un expediente por «infracción muy grave» tras negarse a aceptar su relevo en la portavocía municipal, en lo que la dirección calificó de «desobediencia». En el espacio de críticos, la posición de Ortega Smith se ha convertido en uno de los detonantes del manifiesto, que denuncia precisamente el «apartamiento» de «perfiles con compromiso con el proyecto» como argumento central para reclamar una refundación interna que la dirección de Abascal no parece dispuesta a conceder.
