El ministro de Asuntos Exteriores respondió este jueves con firmeza a las últimas amenazas del presidente estadounidense, que volvió a advertir con cortar el comercio con España por su negativa a ceder las bases de Rota y Morón para los ataques contra Irán y no alcanzar el objetivo del 5% del PIB en gasto de defensa. Albares argumentó que una acción de ese tipo carece de fundamento legal, que el comercio exterior es competencia exclusiva de la UE y que el propio sistema judicial estadounidense ha limitado ya la capacidad arancelaria del presidente.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, salió este jueves al paso de las últimas declaraciones de Donald Trump contra España con un mensaje de calma y una argumentación de fondo: Washington no tiene capacidad real para ejecutar las represalias comerciales que lleva semanas anunciando. En una entrevista en La 1 de Televisión Española (TVE), el titular de Exteriores fue categórico al afirmar que no hay «nada» que pueda llevar a Estados Unidos a actuar contra España y que cualquier amenaza en ese sentido carece de «ningún sentido». El ministro puso de manifiesto el doble paraguas que protege la posición española: el marco jurídico de la UE y los propios límites que el sistema judicial estadounidense ha impuesto al poder arancelario del presidente republicano.
La víspera, Trump había vuelto a cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde los jardines de la Casa Blanca, al ser preguntado por su posición respecto a España. «Creo que no están cooperando en nada. España se está portando muy mal», declaró, aunque eludió responder directamente cuando un periodista le preguntó si tenía intención de cortar el comercio bilateral. No era la primera vez. En días anteriores, el presidente estadounidense había llegado a calificar a España de «aliado terrible» y «país perdedor», en referencia tanto a la negativa a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB como al veto al uso de las bases militares en operaciones contra Irán.
El doble escudo de Bruselas y los tribunales
Albares subrayó en su comparecencia que el principal escudo de España frente a posibles represalias comerciales no es político, sino institucional. «La política comercial de la UE es una política común», recordó el ministro, insistiendo en que corresponde a Bruselas y no a Madrid negociar o responder a cualquier medida arancelaria que Washington pudiera plantear. La Comisión Europea, que ostenta en exclusiva la competencia en materia de comercio exterior para los veintisiete países miembros, ha dejado ya claro que cualquier intento de presión o coerción comercial contra un Estado de la UE se considerará una acción contra la totalidad del mercado único europeo.
A ese paraguas institucional se suma un límite de naturaleza judicial. En febrero de 2026, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles impuestos por Trump el 2 de abril de 2025 —la jornada que el propio presidente bautizó como «Día de la Liberación»—, al considerar que el mandatario se había excedido al invocar una ley de emergencia nacional para justificar las medidas. Esa resolución ha reducido de forma significativa el margen ejecutivo de la administración Trump para utilizar los aranceles como instrumento de presión bilateral, aunque no cierra completamente esa vía en otros supuestos legales. El portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, ya había señalado que Bruselas espera que Washington cumpla los compromisos asumidos en la Declaración Conjunta suscrita el pasado verano entre Trump y la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.
Acumulación de fricciones con Washington
La tensión entre Madrid y Washington no surgió de la noche a la mañana. Sus raíces más inmediatas se remontan a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrada en La Haya en junio de 2025, donde España se convirtió en el único país aliado que rechazó el objetivo del 5% del PIB en gasto militar para 2035, impulsado por Estados Unidos. Sánchez defendió que el compromiso español debía limitarse al 2,1%, cifra que el Gobierno considera compatible con los objetivos de capacidades operativas de la Alianza. Esa decisión desató las primeras advertencias de represalias comerciales por parte de Trump, que desde entonces ha repetido sus críticas en múltiples escenarios públicos.
El segundo frente se abrió el 28 de febrero de 2026, cuando España negó a Washington el uso de las instalaciones militares de Rota, en Cádiz, y de Morón de la Frontera, en Sevilla, para las operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán. El Ejecutivo justificó esa decisión con el argumento de que no puede respaldar operaciones militares que no cuenten con cobertura legal en el derecho internacional ni en la Carta de las Naciones Unidas (ONU). La respuesta de Trump fue escalar las críticas, incluyendo en alguna ocasión la amenaza de un bloqueo comercial total. La Comisión Europea salió entonces en defensa de España, y el exjefe de la diplomacia europea Josep Borrell expresó su respaldo explícito a la postura del Gobierno español.
La posición española: firmeza y puerta abierta
Frente a esa acumulación de tensiones, Albares mantuvo este jueves un tono que combina la firmeza en los principios con la voluntad de preservar los vínculos bilaterales. Al ser preguntado por los motivos que podrían justificar algún tipo de acción de Washington contra Madrid, el ministro los refutó uno por uno: «¿Por ser un socio europeo solidario? ¿Por ser un aliado de la OTAN fiable que está defendiendo en estos momentos el espacio aéreo de los países bálticos? ¿Por ser un socio comercial de primer orden para Estados Unidos?». Y concluyó con rotundidad: «No tememos nada».
Al mismo tiempo, Albares informó de que Francia no ha solicitado a España participar en una posible operación de protección del estrecho de Ormuz —ruta clave para el comercio energético mundial amenazada por Irán—, y subrayó que «no se dan las mínimas condiciones» para que España se incorpore a ninguna iniciativa que pueda reforzar el conflicto. El ministro también tuvo un guiño hacia las críticas de Trump dirigidas no al país sino a sus gobernantes: ironizó con estar «totalmente de acuerdo» en que «la gente de España es fantástica», antes de reiterar que la posición del Gobierno es «coherente con los valores europeos» y con el derecho internacional. La relación con Washington, concluyó, es «mutuamente beneficiosa» y el Ejecutivo trabaja para que siga siéndolo.
