El Consejo de Ministros aprueba un real decreto que garantiza la asistencia sanitaria pública y gratuita a cualquier persona que resida en España, independientemente de su situación administrativa. La norma elimina el requisito de acreditar tres meses de empadronamiento que dejaba sin cobertura a miles de personas en situación irregular y amplía la protección sanitaria a los españoles residentes en el extranjero durante sus desplazamientos temporales a España.
Una de las primeras promesas de Pedro Sánchez al llegar al poder en 2018 fue restablecer la universalidad del acceso a la sanidad para todos los residentes en España. El Gobierno de Mariano Rajoy la había recortado en 2012, dejando un vacío administrativo que provocó que miles de personas sin documentación en regla quedaran excluidas de la asistencia pública. Más de siete años después de aquel compromiso, el Consejo de Ministros aprueba hoy el real decreto que pretende cerrar definitivamente esa brecha, una norma elaborada conjuntamente por los ministerios de Sanidad, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La norma, impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, está destinada a garantizar que cualquier persona que viva en España, aunque sea de forma irregular, tenga acceso a la sanidad pública gratuita. El texto resuelve el problema central con el que se topaban hasta ahora miles de inmigrantes: si no podían demostrar que llevaban tres meses residiendo en el país, no tenían derecho a atención gratuita. Eso excluía precisamente a quienes llevaban menos tiempo y a quienes no podían acreditar su residencia, los colectivos más vulnerables del sistema.
La declaración responsable como llave de acceso
El mecanismo que articula el nuevo acceso es la declaración responsable: un documento mediante el cual la persona solicitante manifiesta que no tiene cobertura sanitaria por ninguna otra vía, que no puede exportar ese derecho desde el país en el que reside y que no existe un tercero obligado al pago de su asistencia. A partir de ese momento, recibirá un documento provisional que le da acceso a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, válido en cualquier comunidad autónoma.
Para tramitar la solicitud, el empadronamiento sigue siendo preferente, pero no obligatorio. Podrán sustituirlo certificados de escolarización o matrícula en centros públicos, informes de servicios sociales, certificados de antigüedad de visitas, facturas de luz, gas, agua, telefonía o internet, cédulas de inscripción o documentos de inscripción consular. La Administración tiene la obligación de responder en un plazo máximo de tres meses, y si la respuesta es positiva, el solicitante recibirá una tarjeta sanitaria definitiva sin fecha de caducidad. Si es denegada, no se cobrarán los servicios sanitarios que hubiera recibido en el ínterin, en caso de silencio administrativo se considerará que la respuesta es positiva.
Colectivos especialmente protegidos
El real decreto va más allá de regularizar el acceso general y reconoce expresamente el derecho a la asistencia sanitaria de un conjunto de colectivos vulnerables, con independencia de su situación de residencia. Están incluidas las menores de 18 años, las mujeres embarazadas —con derecho a atención al embarazo, parto y posparto—, los solicitantes de protección internacional y del estatuto de apátrida, y las víctimas de violencia de género, así como sus hijos e hijas. También quedan protegidas las víctimas de trata y de violencias sexuales, las personas con enfermedades de declaración obligatoria y las mujeres que soliciten la interrupción voluntaria del embarazo.
El decreto amplía, además, la cobertura sanitaria a los españoles residentes en el extranjero durante sus desplazamientos temporales a España, un colectivo que hasta ahora solo tenía ese derecho reconocido para pensionistas o trabajadores. Con el nuevo texto, se extiende a todos los españoles de origen y a sus familias —cónyuges, parejas de hecho y descendientes a cargo—, siempre que no tengan cobertura prevista por convenios internacionales o la legislación de seguridad social, y cumplan los requisitos materiales establecidos. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente esta misma semana.
El copago ortoprotésico, la otra cara del decreto
La norma aprobada hoy por el Consejo de Ministros incluye también una modificación del sistema de copago de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud (SNS), que abarca productos como prótesis, sillas de ruedas y otros dispositivos de apoyo. El nuevo modelo se alinea con el que ya se aplica a los medicamentos, estableciendo una estructura de aportación que depende del nivel de renta del beneficiario.
Las personas con rentas iguales o superiores a 100.000 euros anuales deberán asumir el 60% del coste del producto. Para las aseguradas con rentas de entre 18.000 y 100.000 euros, la aportación será del 50%, mientras que quienes estén en tramos inferiores pagarán el 40%. En el caso de los pensionistas, el copago será del 10% del precio, salvo en el grupo de rentas más altas. Los productos incluidos en categorías de aportación reducida también tendrán un copago del 10%.
La norma prevé asimismo fijar un límite máximo a la cantidad que los usuarios deben pagar, que se establecerá mediante orden ministerial. Quedan exentas de aportación las personas que ya estaban exentas en el copago farmacéutico, como determinados colectivos vulnerables. Los funcionarios adscritos a mutualidades aportarán con carácter general el 30% del coste del producto.
El Ejecutivo lleva trabajando en este texto legal desde 2018, cuando el acceso universal a la sanidad se estableció como una de las primeras banderas del primer Gobierno de Sánchez. El proyecto de ley se encuentra en tramitación parlamentaria, pero los plazos alargados han llevado al Ejecutivo a optar por la vía del real decreto para anticipar su entrada en vigor, según fuentes gubernamentales. Con esta medida, el Gobierno cierra un ciclo político que arrancó con la promesa de revertir el recorte sanitario de 2012 y que ha tardado casi una legislatura completa en materializarse en una norma con rango suficiente para garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio nacional.
