La decisión del Gobierno de rechazar los ataques de EEUU e Israel contra Irán ha dividido a la clase política española. El Partido Popular exige que Sánchez comparezca ante el Congreso para explicar el «aislamiento» de España, mientras el presidente construye una narrativa que evoca el movimiento pacifista de 2003 y apunta directamente al electorado de izquierda. La crisis abre una disputa sobre política exterior con evidentes implicaciones electorales para todos los partidos.
La declaración institucional de Pedro Sánchez el 4 de marzo desde el Palacio de la Moncloa tuvo dos destinatarios simultáneos: Donald Trump, a quien no nombró en ningún momento, y la opinión pública española, a quien apeló con el lema que en 2003 movilizó a millones de ciudadanos contra la guerra de Iraq. «La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra», afirmó el presidente en una intervención de apenas diez minutos, sin preguntas de periodistas, seguida en directo por todos los medios nacionales y retransmitida a nivel internacional.
La elección del lema es difícilmente casual. El «no a la guerra» fue la consigna que en 2003 enfrentó a la ciudadanía española con el Gobierno de José María Aznar, que respaldó la invasión de Iraq junto a EEUU pese a la oposición masiva de su propia población. Sánchez revivió ese episodio para trazar un paralelismo con el presente, presentándose como el heredero de aquella mayoría social que rechazó la guerra, y diferenciándose de los que entonces, en sus palabras, «practicaron un seguidismo ciego y servil» a Washington. La referencia implícita al PP —partido de Aznar— no podía ser más directa.
Feijóo pide rendir cuentas en el Congreso
La respuesta del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue inmediata. Desde el Fórum Europa en Bilbao, donde se encontraba ante más de un centenar de empresarios y representantes vascos, Feijóo registró una petición formal de comparecencia urgente de Sánchez ante el pleno del Congreso de los Diputados. El PP exige que el presidente explique las «decisiones adoptadas en política exterior, europea y de defensa», el «impacto» de su postura en los intereses generales de España, y el estado de las relaciones bilaterales con Washington, que el partido califica de gravemente deterioradas.
La petición del PP choca con los tiempos parlamentarios. Ni esta ni la próxima semana hay sesión en el pleno del Congreso, por lo que la Junta de Portavoces no tratará la solicitud hasta después del 16 de marzo. Para entonces, el debate podría estar superado por los propios acontecimientos militares y diplomáticos. Feijóo calificó de insuficiente que el presidente «ventile» una crisis de tal envergadura con «una comparecencia sin preguntas en el Palacio de la Moncloa» y exigió que el Parlamento sea el foro donde España rinda cuentas de su posición ante un conflicto de estas dimensiones.
La ambigüedad del PP ante la guerra
La posición del PP ante el conflicto en Irán no carece de ambigüedades propias. Feijóo evitó respaldar explícitamente la operación militar de EEUU e Israel, pero sí justificó su lógica: «Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen», argumentó desde Bilbao. El presidente popular acusó a Sánchez de «contemporizar con el régimen iraní» —comparándolo con la actitud del Gobierno ante Venezuela— y de anteponer «intereses partidistas» a los nacionales, pero no llegó a pedir que España cediera las bases de Rota y Morón, consciente de la complejidad jurídica y del coste político de esa demanda.
La ambigüedad estratégica de Génova tiene explicación en la historia reciente del partido. El PP arrastra la herida de la guerra de Iraq de 2003, que convirtió a Aznar en el símbolo de una decisión rechazada por la mayoría de los españoles y que pasó factura electoral. Feijóo prefirió atacar a Sánchez por el método y las consecuencias diplomáticas de su postura —el «aislamiento» de España— antes que exponer con claridad cuál habría sido su propia decisión respecto a las bases. La analista de Infobae sintetizó la situación: el PP aún no ha encontrado «el encaje de su partido en los conflictos de Oriente Medio cuando estos involucran a EEUU e Israel».
El cálculo electoral de Moncloa
La estrategia de Sánchez tiene un componente electoral que sus críticos identifican con nitidez. El presidente gobierna en minoría parlamentaria y depende de una constelación de apoyos que incluye fuerzas de izquierda radical y partidos independentistas. Plantar cara a Trump en defensa de la paz le proporciona una narrativa de consenso con ese espacio político y refuerza su posición ante los votantes de izquierda que podrían sentirse atraídos por otras opciones. Desde Génova, el PP denuncia que Sánchez actúa movido por «un puñado de votos» en lugar del interés nacional, mientras el presidente responde que lo «ingenuo» no es su postura, sino «pensar que la solución es la violencia».
Sánchez asume, sin embargo, riesgos reales. Un conflicto comercial prolongado con EEUU tendría impacto económico medible, y el electorado moderado podría percibir la confrontación con Washington como imprudente. La sobreexposición internacional también puede alimentar la imagen de «aislamiento» que el PP intenta construir. Dentro del propio PSOE, el presidente castellanomanchego Emiliano García-Page ya barruntaba posibles consecuencias territoriales si la crisis se agravaba. No obstante, los respaldos de la Comisión Europea, Costa y Macron han proporcionado a Sánchez el argumento que necesitaba para presentar su postura como una posición compartida con Europa, no como un capricho unilateral.
Vox y los socios de Gobierno, en los extremos
En los flancos del espectro político, las posiciones fueron más nítidas. El líder de Vox, Santiago Abascal, acusó a Sánchez de «disfrazarse de pacifista» y de utilizar «la propaganda de la guerra» para «ocultar sus crímenes y sus corrupciones». La Fundación FAES del expresidente Aznar vio hipocresía en la invocación del derecho internacional por parte de un presidente que, según la entidad, lo habría ignorado en otras circunstancias. En el otro extremo, Sumar y los socios parlamentarios de la izquierda aplaudieron sin matices la postura del Gobierno, identificándose plenamente con el «no a la guerra» que Sánchez ha hecho suyo como eje de su narrativa política ante el conflicto.
La crisis ha revelado, una vez más, la fractura que atraviesa la política española cuando la agenda internacional obliga a definir posiciones sobre conflictos armados en los que EEUU es parte. La referencia al Iraq de 2003 no es solo un recurso retórico: es la línea de falla que divide a la derecha —que entonces apoyó la guerra— de una izquierda que construyó parte de su identidad en la oposición a ella. Sánchez ha colocado ese mismo eje en el centro del debate de 2026, con el evidente propósito de reproducir aquella geometría electoral, esta vez desde el poder y con Europa, al menos en parte, a su lado.
