La negativa de España a apoyar ataques contra Irán divide a los partidos españoles

03 mars 2026 - 22:56

La crisis diplomática con Washington divide el panorama político español en dos bloques irreconciliables. El Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende su decisión de vetar las bases de Rota y Morón apelando al derecho internacional, mientras el Partido Popular y Vox acusan al presidente de poner en riesgo las relaciones con los aliados occidentales. Desde la izquierda, Sumar exige convocar al embajador estadounidense y recuerda que la intervención en Irán carece de amparo en el derecho internacional.

La negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota para la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desencadenado una de las crisis diplomáticas más agudas de la política exterior española en las últimas décadas y ha reavivado el debate interno sobre el papel de España en el escenario internacional. A lo largo del martes, los principales partidos del arco parlamentario expusieron posiciones radicalmente distintas, revelando las fracturas que recorren el sistema político español cuando se trata de conciliar las obligaciones atlánticas con los principios del derecho internacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trazó el domingo la línea argumental de su ejecutivo durante la inauguración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona —el mayor congreso mundial de tecnología móvil—. «Se puede estar contra un régimen odioso y, a la vez, contra una intervención militar injustificada y peligrosa», declaró. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasladó ese mismo mensaje desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, recordando que las bases son instalaciones «de soberanía española» y que su uso solo es posible dentro del convenio bilateral con Washington y de la Carta de las Naciones Unidas.

La posición del Ejecutivo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, añadió que Estados Unidos había tomado la decisión de reubicar sus aviones cisterna en otras bases después de que quedara claro que desde las instalaciones españolas no se podrían llevar a cabo operaciones de apoyo a los ataques contra Irán. Fuentes de Moncloa insistieron en que España no actúa en solitario y recordaron que el Gobierno ha condenado tanto al régimen iraní como la ausencia de un mandato multilateral para la ofensiva. La diplomacia española también subrayó que no había habido quejas formales por parte de ningún representante de la administración estadounidense antes de que estallara la crisis pública.

Desde la oposición, el Partido Popular (PP) —el principal partido de centro-derecha español y primera fuerza del Congreso de los Diputados— adoptó una postura diametralmente opuesta. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, evitó cuestionar abiertamente la estrategia militar de Washington, pero dejó clara su posición: España debe alinearse sin fisuras con la Unión Europea y la OTAN. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, calificó de «bochorno» que la embajada de Irán en Madrid hubiese aplaudido públicamente la decisión del Ejecutivo, afirmando que «algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden al Gobierno».

PP y Vox, a favor de los aliados occidentales

El PP articuló su crítica en torno a dos ejes: la presunta ambigüedad del Gobierno en materia de política exterior y el riesgo de que la posición española deteriore la credibilidad del país en los foros internacionales. Dirigentes del partido afirmaron que «el mundo está mejor sin los ayatolás» —máxima autoridad religiosa y política en la República Islámica de Irán— y acusaron a Sánchez de quedar «atrapado por sus socios» de gobierno. Desde la Comunitat Valenciana, el PP consideró que el Ejecutivo debería sumarse a los países de la UE que se alían contra los ataques iraníes, en lugar de mantener una posición singular dentro del bloque occidental.

El partido de extrema derecha Vox fue más contundente en sus advertencias. Sus dirigentes alertaron de que Sánchez estaba poniendo a España en peligro de represalias por parte de la administración Trump al negarse a ceder el uso de las bases de Morón y Rota. Para Vox, la actitud del Gobierno no solo debilita los vínculos con Washington, sino que sitúa a España en una posición de vulnerabilidad frente a un aliado del que depende en materia de seguridad y defensa. Las declaraciones del propio Trump durante el martes —calificando a España de «aliado terrible» y amenazando con cortar el comercio— parecieron, a ojos del partido, confirmar sus pronósticos más pesimistas.

Sumar exige convocar al embajador de EEUU

Desde el flanco izquierdo de la coalición de gobierno, la formación Sumar optó por respaldar la postura del Ejecutivo, pero añadiendo una demanda propia. La coordinadora general del partido, Lara Hernández, calificó la intervención militar contra Irán de «ilegal e imperialista» y subrayó que el futuro político de ese país corresponde exclusivamente a su ciudadanía. Más allá del apoyo a la negativa del Gobierno, Sumar instó al ministro Albares a convocar formalmente al embajador de Estados Unidos en Madrid —una señal diplomática de protesta formal— tal como se había hecho en su momento con el embajador iraní, en aras de la coherencia institucional.

Izquierda Unida (IU) —formación integrada en la coalición Sumar— fue más lejos y reclamó la salida de España de la OTAN y el cierre de las bases estadounidenses en suelo español, planteando un giro estructural en la política exterior del país. Esta posición tensiona el equilibrio interno del bloque progresista y obliga al Ejecutivo a sostener una línea que evite tanto la ruptura con sus socios parlamentarios como el aislamiento en el escenario internacional. La situación se complicó adicionalmente cuando la embajada de Irán en España publicó un comunicado en el que aseguró «reconocer y respetar» la decisión española, un gesto que la oposición utilizó como argumento para reforzar sus críticas al Gobierno.

Las consecuencias de la crisis no se limitaron al plano declarativo. El Ejército del Aire y del Espacio español canceló su participación en las maniobras aéreas Red Flag —uno de los ejercicios de combate aéreo más avanzados del mundo, celebrado en la base de Nellis, en el estado estadounidense de Nevada—. La decisión se produjo después de que las autoridades militares españolas recibieran comunicación de que las fuerzas aéreas de Estados Unidos y Grecia no participarían en la edición de este mes de marzo, si bien la coincidencia temporal con la crisis diplomática no pasó inadvertida para ningún actor político.

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