Los presidentes autonómicos del Partido Popular han presentado de forma coordinada alegaciones contra el decreto del Gobierno para regularizar a más de medio millón de inmigrantes. La ofensiva combina argumentos jurídicos con un posicionamiento ideológico que difícilmente puede disociarse del contexto electoral: Vox roza el 19% en los sondeos, casi el doble que en las últimas generales.
El decreto del Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular aún no ha llegado al Consejo de Ministros. Se encuentra en fase de tramitación, pendiente del informe del Consejo de Estado, y su texto definitivo no está cerrado. Pese a ello, todos los presidentes autonómicos del Partido Popular (PP) han presentado exactamente las mismas alegaciones contra el decreto, un ejercicio de coordinación política que el propio Gobierno ha calificado de operación orquestada desde la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid.
El documento de alegaciones al que ha tenido acceso este medio incluye nueve puntos que sirven tanto de argumento jurídico como de posicionamiento político. La ofensiva de los barones populares se produce en un momento en que los sondeos reflejan un ascenso sostenido de Vox: según la media de encuestas de febrero de 2026, el partido de Santiago Abascal alcanza el 18,9% de intención de voto, casi el doble del 12,4% con el que concurrió a las últimas elecciones generales de 2023. El PP, que se estabiliza en torno al 30,7%, observa cómo su socio de gobierno potencial crece a su derecha en un electorado que tiene en la inmigración uno de sus principales factores de movilización.
Ofensiva coordinada de los barones del PP
El argumento central del documento de alegaciones es la «improcedencia de la tramitación urgente» del decreto. Según los populares, la regularización masiva «no se trata de una situación sobrevenida» y, por tanto, no existe justificación para recurrir a un real decreto-ley, que por definición está reservado para casos de necesidad extraordinaria y urgente. Esta objeción tiene un componente técnico-jurídico real —el Tribunal Supremo podría revisar su constitucionalidad— y también uno político: si prospera, el Gobierno se vería obligado a tramitar la regularización como proyecto de ley, un proceso mucho más largo y expuesto al debate parlamentario.
Los populares añaden que el decreto vulnera el principio constitucional de jerarquía normativa al pretender regular «materias reservadas a la ley», y que incumple el principio de lealtad institucional y la función de la Conferencia Sectorial de Inmigración, que debería haber sido consultada sobre el alcance, los criterios y la financiación de la medida. Este último punto conecta con otro de los argumentos del PP: la falta de información sobre cuántas personas se beneficiarán exactamente de la regularización y cómo se distribuirán por territorios. El Gobierno ha dejado entrever que se estima en medio millón de beneficiarios, pero algunas entidades elevan esa cifra a 840.000 personas.
Los argumentos jurídicos y sus debilidades
Más allá de los argumentos de procedimiento, el PP introduce en sus alegaciones una serie de objeciones de fondo que apuntan directamente al contenido de la medida. La primera es la que mayor controversia ha generado: el partido detecta «deficiencias» en el sistema de comprobación de antecedentes penales y policiales de los inmigrantes que aspiran a la regularización. Los populares argumentan que los cinco meses de permanencia continuada en España que exigiría el decreto son «manifiestamente insuficientes» para que consten antecedentes penales en el país de origen, dado que la justicia tarda en resolver y resulta complicado obtener documentos válidos para acreditar esa permanencia.
El PP también señala que el certificado de antecedentes penales del país de origen puede sustituirse por una declaración responsable del propio solicitante, lo que a su juicio «reduce las garantías de verificación efectiva». El Gobierno rechaza esta lectura y considera que la regularización incluye mecanismos de control suficientes, y que la medida no implica en ningún caso la exención de los requisitos de seguridad que establece la legislación vigente. Cabe recordar que las seis regularizaciones anteriores llevadas a cabo por gobiernos del PP y del PSOE se tramitaron también a través de real decreto.
El contexto electoral: Vox sube y el PP radicaliza su discurso
La coincidencia entre el endurecimiento del discurso del PP sobre inmigración y el ascenso de Vox en los sondeos no pasa desapercibida para los analistas políticos. La media de encuestas de febrero de 2026 sitúa a Vox en el 18,9% de intención de voto, con la suma de PP y Vox rozando el 49,6%, lo que convierte a la derecha en la opción con mayor respaldo electoral consolidado. En ese escenario, el PP necesita mantener a sus votantes más conservadores dentro del perímetro propio y evitar que la inmigración se convierta en el vector de transferencia de votos hacia Vox.
Vox obtiene en los sondeos actuales su mejor proyección desde las últimas generales, con estimaciones que lo sitúan entre 60 y 65 escaños, casi el doble de los 33 obtenidos en 2023. Este crecimiento sostenido coincide, según los demógrafos consultados, con el debate sobre la regularización migratoria y con el auge de la extrema derecha en otras democracias occidentales. El PP, que en la legislatura anterior gobernó en varias comunidades autónomas con el apoyo de Vox, tiene en la inmigración un terreno en el que la diferencia ideológica entre ambas formaciones es más difusa que en otros ámbitos, como los derechos civiles o la memoria histórica.
La pregunta que subyace a toda la operación de los barones del PP es si el endurecimiento del discurso migratorio les permite recuperar votantes que han migrado hacia Vox o si, por el contrario, solo sirve para legitimar el marco de debate que propone la extrema derecha. La experiencia de otros países europeos —Francia, Italia, Países Bajos— sugiere que los partidos de centro-derecha que compiten en el terreno de la ultraderecha rara vez consiguen debilitarla. Por ahora, el PP ha optado por la confrontación directa con el Gobierno en este terreno. Las encuestas dirán si la estrategia funciona.
