Bruselas. Europa vuelve a debatir cómo defender su industria en un mundo cada vez más dominado por cadenas de suministro geopolíticas, subsidios masivos y competencia estratégica. En ese contexto, España ha respaldado este jueves la idea de favorecer la producción “made in Europe” en la concesión de fondos públicos, una posición que refleja el nuevo giro industrial de la Unión Europea, aunque con una advertencia clara: evitar el dogmatismo y el proteccionismo cerrado.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defendió en Bruselas que Europa necesita recuperar valor añadido y relocalizar producción para reforzar su autonomía económica, pero insistió en que cualquier preferencia europea debe aplicarse con equilibrio y sin levantar nuevas barreras comerciales innecesarias. La declaración llega en plena discusión sobre la futura Ley de Aceleración Industrial, el instrumento legislativo con el que la Comisión Europea busca reforzar la competitividad del bloque frente a China y Estados Unidos.
El retorno de la política industrial europea
La propuesta que debate Bruselas introduce un principio sencillo pero políticamente explosivo: cuando se utilice dinero público europeo, los productos fabricados en Europa deberían tener prioridad. La idea, conocida como “preferencia europea”, pretende estimular la demanda interna y frenar la deslocalización industrial que durante décadas trasladó fábricas y valor tecnológico fuera del continente.
No se trata de una medida aislada. La UE responde así a una nueva realidad internacional marcada por el Buy American Act en Estados Unidos, el poderoso apoyo estatal a la industria china y la creciente guerra global por las tecnologías verdes y estratégicas. El objetivo europeo es doble: reducir dependencias externas y asegurar empleo industrial en sectores clave como el automóvil eléctrico, las baterías, las energías renovables o el hidrógeno.
Un debate que divide Europa
Sin embargo, la propuesta está lejos de generar consenso. Francia impulsa un enfoque más firme, defendiendo reglas estrictas que favorezcan claramente la producción europea. En cambio, países del norte y del este —como Suecia o República Checa— temen que la medida encarezca costes, ahuyente inversiones y termine debilitando la competitividad europea.
A esta tensión interna se suma la presión externa. El Reino Unido, por ejemplo, reclama ser considerado socio estratégico dentro del concepto “made in Europe”, argumentando la profunda integración industrial entre ambos mercados, especialmente en sectores como el automóvil.
La discusión ha sido tan intensa que la Comisión Europea ha retrasado varias veces la presentación formal del texto, inicialmente prevista para finales de 2025 y ahora anunciada para principios de marzo de 2026.
España: reindustrialización sin cerrazón
La posición española intenta situarse en un punto intermedio. Madrid respalda la relocalización industrial y la construcción de cadenas de valor europeas, pero rechaza un giro proteccionista radical. Para Hereu, la clave está en convertir la política industrial en una herramienta para atraer inversión y transferencia tecnológica.
España, explicó el ministro, ya aplica esa lógica en programas como el plan Auto Plus, que incentiva la demanda de vehículos eléctricos premiando el contenido europeo y reforzando la transformación del sector automovilístico hacia la electromovilidad. El mensaje es claro: autonomía estratégica sí, pero abierta.
Esta postura encaja con el momento industrial español. El Gobierno busca consolidar al país como polo de producción en automoción eléctrica, energías renovables y nuevas tecnologías, aprovechando fondos europeos y el atractivo geográfico frente a cadenas de suministro globales cada vez más inestables.
El riesgo del nuevo proteccionismo
La pregunta que sobrevuela el debate europeo es hasta qué punto una preferencia industrial puede reforzar la soberanía económica sin dañar la apertura comercial que ha definido históricamente al mercado único.
Un borrador filtrado del texto plantea, por ejemplo, objetivos de contenido local de hasta el 70 % para ciertos productos industriales, como vehículos eléctricos subvencionados, una medida que podría alterar profundamente las cadenas globales de suministro.
Sectores industriales como el acero presionan para ser incluidos en la lista de prioridades, mientras otros actores advierten del riesgo de encarecimiento y pérdida de competitividad si Europa se encierra demasiado en sí misma.
Autonomía estratégica o nuevo equilibrio europeo
Más allá de la discusión técnica, el debate revela un cambio profundo en la visión económica europea. Durante décadas, Bruselas defendió la apertura y la globalización como motores principales del crecimiento. Hoy, la pandemia, la guerra en Ucrania y la competencia tecnológica global han desplazado el foco hacia la resiliencia industrial y la seguridad económica.
España, al apoyar el “made in Europe” sin abrazar el proteccionismo, intenta perfilarse como un puente entre dos sensibilidades europeas: la necesidad de proteger la industria y la obligación de mantener un mercado competitivo y abierto.
El verdadero desafío, sin embargo, será definir qué significa exactamente “Europa”: si el concepto incluirá solo a los Estados miembros o también a socios estratégicos como el Reino Unido o países del entorno económico europeo. Esa decisión —aún abierta— marcará no solo el futuro del mercado único, sino el equilibrio geopolítico industrial del continente en la próxima década.
